En los últimos años, hemos escuchado hablar mucho de la España vaciada, ese término que resume el drama silencioso de miles de pueblos que pierden habitantes, servicios y oportunidades. Pero, en este contexto, surge una pregunta fundamental: ¿tiene sentido mantener las farmacias rurales? ¿Son viables? ¿O estamos asistiendo, inevitablemente, a su desaparición?
España cuenta con más de 22.200 farmacias, de las cuales unas 2.100 se ubican en municipios de menos de 1.000 habitantes. En muchos de estos pueblos, la farmacia no es solo un lugar donde se dispensan medicamentos; es, literalmente, la única infraestructura sanitaria permanente. ¿Puede un país que presume de un sistema sanitario universal permitirse dejar sin cobertura farmacéutica a sus zonas rurales?
La respuesta parece clara, pero, para algunos, no es tan sencilla. En términos económicos, muchas farmacias rurales apenas sobreviven. Según datos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, unas 1.200 farmacias en España se consideran “de viabilidad económica comprometida”, lo que significa que, sin ayudas o medidas de apoyo, podrían cerrar en cualquier momento. Si eso ocurre, ¿qué alternativas les quedan a los habitantes de esos pueblos? ¿Conducir 30, 40 o incluso 50 kilómetros para recoger un medicamento? ¿Esperar a que un familiar se lo acerque? O, peor aún, ¿dejar de tratarse?
Además, ¿hemos valorado realmente el papel social de la farmacia rural? En muchos municipios, el farmacéutico o la farmacéutica detectan casos de soledad, advierten de problemas de salud mental, o incluso acompañan a los mayores en gestiones cotidianas. Qué profesional sanitario conoce mejor la realidad diaria de los pacientes que alguien que los ve cada semana, que sabe si han dejado de salir de casa o si han empeorado sus hábitos.
También deberíamos preguntarnos: ¿qué impacto tendría el cierre de estas farmacias? España es uno de los países más longevos del mundo, y las zonas rurales cuentan con una población de edad media elevada. ¿Queremos que esa población tenga menos acceso a medicamentos y a seguimiento sanitario por vivir en un entorno rural?
Mantener la farmacia rural no es solo una cuestión económica, es un compromiso social. ¿Queremos una España concentrada en grandes ciudades y desprovista de vida en sus entornos rurales? ¿O creemos, de verdad, que todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos sanitarios, vivan donde vivan?
Seguir apoyando e invirtiendo en las farmacias rurales no puede ser una opción ni un debate: la respuesta debe ser un rotundo sí. Y no se trata únicamente de garantizar su subsistencia con lo mínimo, sino de apostar por una inversión real, que permita a estos profesionales ofrecer un servicio de calidad, dotado de los mismos recursos en digitalización y tecnología que tienen las farmacias urbanas.
No basta con aplaudir el esfuerzo y la vocación de quienes sostienen estos servicios esenciales. Es necesario proveer a la farmacia rural de los medios que le permitan modernizarse, diversificar sus servicios y seguir siendo un pilar clave sociosanitario.
Porque seamos sinceros: ¿quién querría vivir en un lugar donde no hay un profesional sanitario a varios kilómetros a la redonda?
