La Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile -en su denominación oficial, aunque popularmente es más conocida como «ley anti-fast fashion»– fue aprobada por la Asamblea Nacional francesa en marzo de 2024 y actualmente se encuentra en proceso de implementación.

Se trata de una regulación pionera que introduce una serie de medidas destinadas a frenar el impacto medioambiental y social de la ultra fast fashion, imponiendo sanciones y obligaciones a las grandes marcas de moda rápida.

Principales medidas de la nueva ley francesa contra la moda rápida

  • Impuesto ambiental progresivo: se aplicará una penalización económica a las marcas por cada prenda vendida. Esta penalización podría alcanzar hasta 10 euros por unidad en 2030, en función del impacto ambiental del producto y del volumen de ventas.
  • Prohibición de publicidad: las marcas consideradas de fast fashion (según criterios de volumen, rotación de producto y sostenibilidad) no podrán hacer campañas publicitarias en Francia.
  • Obligación de transparencia: las empresas deberán ofrecer información clara y verificable sobre el impacto ambiental de sus productos, desde la producción hasta el fin de vida.

¿A quién afecta esta ley?

La nueva ley francesa contra la moda rápida afecta principalmente a las grandes empresas de moda que venden más de 25.000 productos textiles al año en el mercado francés. Aunque la ley no menciona directamente a marcas concretas, se estima que afectará a gigantes como Shein (China) o Temu (Estados Unidos).

¿Qué objetivos busca Francia con esta medida?

Francia quiere enviar un mensaje claro: el modelo actual de consumo textil, basado en precios bajos, renovación constante y compras compulsivas, no es compatible con la sostenibilidad del planeta.

Por tanto, entre sus objetivos principales se encuentran:

  • Reducir el consumo excesivo de ropa.
  • Promover modelos circulares de producción donde se valore la reparación, el reciclaje y la reutilización.
  • Frenar la sobreproducción textil que daña el medio ambiente generando millones de toneladas de residuos al año y precariza el empleo.
  • Reforzar el derecho de los consumidores a una información veraz sobre lo que compran.
  • Proteger la industria textil local y artesanal, que no puede competir con los precios y volúmenes del fast fashion.

Esta nueva ley francesa contra la moda rápida se alinea con otras políticas francesas recientes, como la obligación de incluir un índice de reparabilidad en productos electrónicos o la ley anti-desperdicio de 2020.

¿Qué críticas está recibiendo esta nueva ley francesa contra la moda rápida?

Aunque esta ley es aplaudida por un gran número de consumidores concienciados y por expertos en sostenibilidad, lo cierto es que también han surgido voces críticas desde distintos frentes que ponen en duda su efectividad, aludiendo a los siguientes motivos:

  • Se trata de una ley de compleja aplicación: los críticos con esta ley se preguntan cómo se controlará realmente el volumen de productos vendidos por plataformas internacionales o cómo se verificará el cumplimiento del etiquetado ambiental.
  • Riesgo de greenwashing: algunos expertos alertan sobre que algunas marcas podrían adaptarse superficialmente a los requisitos sin cambiar realmente sus prácticas, ofreciendo una falsa imagen de sostenibilidad.
  • Impacto desigual: pequeñas marcas o empresas en países con menos recursos podrían quedar fuera del mercado francés si no pueden asumir los costes de adaptación.
  • Aumento de precios: algunos consumidores temen que los precios aumenten, sin que eso implique necesariamente una mejora en la calidad o sostenibilidad de la ropa.