Plena inclusión España apoya al CERMI para pedir al Gobierno que ponga en marcha medidas y que destine dinero para que el derecho a la accesibilidad cognitiva sea una realidad en España.
Este reglamento se tenía que haber aprobado en el pasado mes de abril porque una Ley de 2022 obligaba a hacerlo.
Plena inclusión recuerda que el Ministerio de Derechos Sociales se comprometió a aprobarlo cuando se reconoció la accesibilidad cognitiva como un derecho.
Sin este reglamento muchas personas no van a poder ejercer sus derechos.
Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España, teme que la accesibilidad cognitiva se quede solo en palabras.
La accesibilidad cognitiva hace más fácil entender documentos, señales y páginas webs.
Ayuda a entender el mundo a muchas personas con discapacidad intelectual o a los que les cuesta entender textos difíciles como algunas personas mayores, con problemas de salud mental, autismo o dificultades para entender el español.
Plena inclusión pide al Gobierno que cumpla lo que prometió y que apruebe el reglamento cuanto antes.
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Plena inclusión España comparte con el CERMI, la organización que agrupa en España al movimiento asociativo de la discapacidad, la demanda sobre la aprobación de un reglamento que debía haberse aprobado antes del 1 de abril de este año. Así lo mandaba la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en 2022, que imponía al Ejecutivo 3 años para que lo pusiera en marcha.
Desde la confederación que agrupa a 950 asociaciones que lucha por los derechos y la calidad de vida de cerca de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral, entre otros) y de sus familias, se recuerda que la aprobación de este reglamento se convirtió en un compromiso asumido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Desde el momento en que el Parlamento español aprobó el reconocimiento de la accesibilidad cognitiva como derecho fundamental, el Gobierno asumió con compromiso dotar de instrumentos administrativos y de presupuestos a la ley para que fuera realmente efectiva.
Plena inclusión apoya el posicionamiento público del CERMI cuando denuncia que «el retraso supone el incumplimiento de un mandato legal y perjudica a las personas con discapacidad que necesitan esta regulación para ejercer plenamente sus derechos».
En este mismo sentido, Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España, declaraba recientemente su preocupación: «Nos inquieta que el derecho a la accesibilidad cognitiva quede como una mera declaración de intenciones si no se acompaña de compromisos claros y efectivos por parte de las administraciones públicas».
La accesibilidad cognitiva facilita la comprensión y comunicación en entornos, servicios y productos, mediante documentos en lectura fácil, señalización clara y diseño accesible de webs y aplicaciones. Beneficia cientos de miles de personas con discapacidad intelectual, más de medio millón con problemas de salud mental, 8,5 millones de mayores y otros con autismo o dificultades lingüísticas en España. Según la OMS, una de cada tres personas en el mundo puede aprovechar este derecho, que promueve el acceso a educación, información y sanidad.
ACTA EUROPEA DE ACCESIBILIDAD
La entrada en vigor, el pasado mes de julio, del Acta Europea de Accesibilidad refuerza el marco legal que reconoce este derecho fundamental. Por eso, desde Plena inclusión España demandamos al Gobierno que cumpla con su compromiso adquirido hace tres años y que apruebe el reglamento que acelerará la puesta en marcha de nuevas medidas contempladas para que el derecho a la accesibilidad cognitiva sea una realidad para toda la ciudadanía.
