El resultado del juicio en contra del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, sienta un importante precedente: la justicia prevalece sobre el poder político. La sentencia de la jueza Sandra Heredia condena a Uribe a una pena de doce años de prisión domiciliaria y a ocho años de prohibición de ejercicio de cargos públicos por soborno de testigos y fraude judicial.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) acoge la sentencia y aplaude el trabajo del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), organización miembro de la FIDH, y representante del senador y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda.
Con el objetivo de profundizar en la repercusión de esta sentencia en el escenario nacional e internacional, la FIDH entrevista a Reinaldo Villalba, vicepresidente de la FIDH y abogado del CAJAR. Su valioso testimonio permite reflexionar detenidamente en la importancia de la condena de Álvaro Uribe en la lucha contra la impunidad, así como los retos que afronta el sistema de justicia colombiano en un momento de enormes presiones partidarias.
Por primera vez en la historia de Colombia un expresidente ha sido condenado por la justicia. ¿Qué implica este fallo contra Álvaro Uribe para el Estado de derecho y la democracia en el país?
En Colombia, la impunidad con relación a máximos responsables de graves delitos y violaciones de Derechos Humanos ha sido histórica. Álvaro Uribe Vélez representa un ícono como líder de la derecha en Colombia, pero sus políticas como gobernador del departamento de Antioquia en su momento y como presidente de Colombia en dos oportunidades, han provocado graves violaciones de derechos humanos, dejando en el camino miles de víctimas
Así que esta sentencia condenatoria representa una luz de justicia en este camino caracterizado por una interminable noche de impunidad, que es la negación misma de un Estado social de derecho y de un Estado democrático. Esta sentencia debiera ser el punto de partida para que la justicia alcance a los, hasta ahora, intocables gozadores de la odiosa impunidad.
En un contexto regional donde el poder judicial enfrenta presiones crecientes, ¿cree que esta sentencia puede convertirse en un precedente para otros países de América Latina?
Creo firmemente que esta sentencia constituye un precedente para que mandatarios de cualquier país, del continente y del mundo respondan ante la justicia de sus países, especialmente cuando se les señale como responsables de graves violaciones de derechos humanos y de hechos de corrupción, crímenes que afectan de manera profunda el bienestar de la sociedad y minan la democracia. La lección es que nadie puede estar por encima de la justicia. La impunidad anima a la repetición sistemática de los crímenes del poder.
La jueza Sandra Heredia ha sido objeto de amenazas tanto antes como después del juicio. ¿Está hoy la justicia colombiana bajo ataque? ¿Qué riesgos supone esto para quienes defienden los derechos humanos desde el ámbito judicial?
La jueza Sandra Heredia, quien condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha sufrido un sistemático ataque por parte del propio expresidente y de sus copartidarios del llamado Centro Democrático, así como ha sido víctima de graves amenazas contra su vida, su integridad personal y la de su familia. Es importante que el mundo exprese su solidaridad con ella.
La justicia en Colombia está bajo ataque, no solo desde el territorio colombiano, sino también a través de campañas en el exterior. Por ejemplo, Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, manifestó que el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. Rubio señaló que la instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante.
Las graves declaraciones de Rubio y de varios congresistas republicanos de ese país contra la justicia colombiana constituyen una grosera e inaceptable intromisión que afecta la soberanía nacional y la administración de justicia, y que pone en mayor riesgo a fiscales y jueces que se juegan la vida para reivindicar el ejercicio de administrar justicia contra quienes históricamente han sido favorecidos por la sombra de la impunidad.
Desde el CAJAR han calificado este fallo como una victoria para los derechos humanos en Colombia.
Las organizaciones de derechos humanos y de víctimas debemos seguir empeñadas en la búsqueda de verdad y de justicia, pues nadie está por encima de la justicia ni de la ley, por poderoso que sea.
Resalto que la Corte Interamericana de Derechos Humanoscondenó en marzo de 2024 al Estado colombiano por la persecución contra el Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), así como contra sus integrantes y sus familias.
Este caso también representa una victoria personal y política para el senador Iván Cepeda, representado por el CAJAR, tras casi 13 años de proceso judicial. ¿Qué mensaje deja este resultado para otras víctimas que aún esperan justicia en el país?
El senador Iván Cepeda es un connotado defensor de derechos humanos, un humanista íntegro, quien ha sido el núcleo de esta larga batalla por la verdad y la justicia, en la que ha tenido que soportar toda clase de difamaciones, ataques y calumnias por parte del condenado Álvaro Uribe y de su séquito familiar y partidario. Por su indeclinable compromiso con la justicia, así como por su serenidad y altura como ser humano, ha logrado sobreponerse a todas las infamias, y hoy Uribe ha dejado de estar cobijado por la odiosa impunidad.
Por su parte, las familias de las víctimas —como, por ejemplo, las madres de los jóvenes asesinados por el Ejército y presentados falsamente como guerrilleros dados de baja en combate— han saludado positivamente esta sentencia y mantienen viva la esperanza de que, en sus casos, también va a brillar la justicia.
Más allá de esta sentencia, ¿Uribe tiene otros procesos judiciales pendientes que podrían activarse tras este fallo?
Sí, contra Álvaro Uribe Vélez se han adelantado casos. Por ejemplo, ante la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República —un escenario que históricamente ha sido un antro de impunidad y que debería ser eliminado de la legislación colombiana porque no ha dado resultados— está el caso de la sistemática persecución que, desde el Gobierno de Uribe, se desató a través del Departamento Administrativo de Seguridad, agencia de inteligencia presidencial hoy extinta. Fueron víctimas de persecución y vigilancia constante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, entre otros.
También, actualmente, Álvaro Uribe tiene una investigación preliminar en un despacho de la Fiscalía que alega ante la Corte Suprema de Justicia por delitos que fueron declarados crímenes de lesa humanidad por la propia CSJ. Se trata de los casos de las masacres de San Roque, El Aro, La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien precisamente venía denunciando estos crímenes.
Finalmente, con las elecciones nacionales en el horizonte, ¿cree que esta condena afectará políticamente al partido de Álvaro Uribe? ¿Podría debilitar su influencia o, por el contrario, reforzarla entre sus seguidores?
Al menos en relación con Álvaro Uribe Vélez, debiera afectarlo en su círculo político, dado que queda en evidencia que su líder ha cometido graves delitos contra la justicia con el fin de ocultar los delitos por los cuales ha sido condenado en primera instancia y que tiene —repito— investigaciones por delitos calificados por la Corte Suprema de Justicia como crímenes de lesa humanidad. Su líder no ha sido un benefactor de la democracia, sino que la ha afectado de manera grave. En todo caso, cuenta con séquitos incondicionales que lo seguirán apoyando dentro y fuera del país.
Lo importante es que millones de personas ya han comprendido lo que han significado sus conductas para el detrimento de la democracia, de la verdad y de la justicia, especialmente cuando se advierte que la justicia camina hacia él o hacia sus círculos más cercanos. Y que, de hecho, son decenas los condenados por graves violaciones de derechos humanos y actos escandalosos de corrupción. Es el gobierno con el mayor número de colaboradores cercanos condenados sin que, hasta ahora, lo hubieran alcanzado los brazos de la justicia.
