Tema
En el presente análisis se esbozan algunos de los principales ámbitos de cooperación entre la Unión Europea, por un lado, y Colombia y Chile, por el otro, en materia de cambio climático y transición energética justa. Se describen los distintos retos que deben superar estas asociaciones y se destacan algunas de las oportunidades de mejora de la cooperación entre la Unión y ambos países latinoamericanos para impulsar la acción por el clima y avanzar hacia una transición energética justa.
Resumen
En este artículo se examina en qué puntos y de qué modo podría reforzarse la cooperación en cuanto al cambio climático y la transición energética justa entre la Unión Europea (UE), por un lado, y Colombia y Chile respectivamente, por el otro. El potencial está ahí, puesto que cabría argumentar que la UE y la región de América Latina y el Caribe (ALC) son la alianza birregional más sólida en materia de cambio climático. A pesar de estos esfuerzos, sigue habiendo margen para ajustar y mejorar la cooperación. Los líderes de Europa y ALC deben prestar atención a puntos mejorables, como la aplicación del Pacto Verde Europeo y la falta de financiación climática, que hacen mella en la tarea de respaldar las iniciativas encaminadas a limitar el calentamiento global a 1,5°C. Los conflictos mundiales y la segunda presidencia de Trump acarrean riesgos e inestabilidades adicionales que podrían distraer a los países de Europa y ALC del cumplimiento de sus compromisos climáticos. Queda por ver si estos países logran sacar partido de sus relaciones para intentar solventar estas dificultades. En cualquier caso, lo cierto es que ambas regiones se necesitan mutuamente para afrontar la crisis climática y avanzar hacia una transición energética justa sin dejar de impulsar la competitividad y el crecimiento, algo que redunda en su interés mutuo. Para hacer frente a estas cuestiones y posibilitar que se lleve a cabo un debate mejor fundamentado a nivel nacional, se ofrece una descripción somera de las políticas climáticas y energéticas de Colombia y Chile y se destacan algunos de los puntos más importantes de la cooperación de la UE con ambos países. Estas naciones son socios fundamentales para la UE en las conversaciones sobre el cambio climático en las Naciones Unidas para hacer avanzar el Acuerdo de París y por su determinación de poner en marcha políticas nacionales ambiciosas en el ámbito del clima. La UE trabaja codo con codo con ambos países en el ámbito de la crisis climática y estas asociaciones son cruciales para la UE de cara a dejar patente la importancia de colaborar con terceros países para la consecución de objetivos comunes, lo que podría generar confianza a nivel mundial para intensificar la acción. A continuación, se describen algunos de los retos a los que se enfrentan estas alianzas y se mencionan algunas oportunidades de mejora de la cooperación, con especial hincapié en la transición energética justa.
Análisis
1. Introducción
En 2024, extensos territorios de Sudamérica fueron arrasados por los incendios forestales mientras las ciudades europeas sufrían el azote continuo de inundaciones mortales, lo que disparó las alarmas con más fuerza que nunca. Y, aun así, nada asegura que la comunidad internacional, que incluye a los países de la UE y de la región ALC, se muestre dispuesta a acelerar de verdad la acción climática y la transición energética justa.
En el presente análisis se examina en qué puntos y de qué modo podría reforzarse la cooperación en cuanto al cambio climático y la transición energética justa entre la UE y ALC, con especial atención a Colombia y Chile.[1] El potencial está ahí. En su conjunto, las dos regiones incluyen 60 países que representan un tercio de las 195 Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y son responsables de alrededor del 15% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI). Puede decirse que la UE y ALC representan la alianza birregional más sólida en cuanto al cambio climático, con una sorprendente cartera de trabajo en los ámbitos de la diplomacia, la cooperación al desarrollo, la inversión y el comercio.[2] En 2023, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el Equipo Europa había consignado más de 45.000 millones de euros hasta 2027 a través de la agenda de inversión de la Global Gateway a la región ALC para afrontar las profundas transformaciones geopolíticas en curso con vistas a promover una transición ecológica, digital y justa. La estrategia de Global Gateway de la UE, lanzada en 2022, contribuye a reducir la brecha mundial de inversión en torno a cinco temas principales: (a) clima y energía; (b) mundo digital; (c) educación e investigación; (d) salud; y (e) transporte sostenible. A pesar de esta iniciativa, existe un amplio margen de ajuste y de mejora de la cooperación, por ejemplo mediante la ampliación de inversiones en energía renovable y movilidad eléctrica, la reducción de la deforestación y la elaboración de marcos de transición justa, además de garantizando que no se deje atrás a trabajadores y comunidades.
Esta agenda puede ayudar a estrechar lazos entre la UE y ALC, y las relaciones de la UE con Chile y Colombia en particular, en un contexto de intensificación de las rivalidades geopolíticas, agravamiento de las repercusiones del cambio climático y aumento de la desigualdad, entre otros problemas de alcance mundial. El momento es propicio porque Colombia asumirá por primera vez la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2025, probablemente con la crisis climática y la transición energética justa entre sus máximas prioridades. Para asegurar los avances en la cuarta Cumbre UE-CELAC de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Colombia en 2025, así como en la relación UE-ALC en líneas más generales, los dirigentes regionales deberán abordar los grandes puntos débiles de estas agendas (por ejemplo, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono del Pacto Verde Europeo y la ley de la UE en materia de deforestación) y otras cuestiones (por ejemplo, Israel-Gaza, Ucrania y China) que amenazan con desvirtuar el potencial de las alianzas entre la UE y ALC para contribuir en la medida de lo posible a limitar el calentamiento global a 1,5°C y garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo.
Por ejemplo, el Pacto Verde Europeo (PVE) afectará profundamente a las relaciones de la UE con la región de ALC. La UE se ha mostrado más interesada en los recursos naturales de la región –tanto combustibles fósiles como materias primas críticas para las tecnologías de bajas emisiones de carbono–, pero esa atención renovada podría chocar con los propios intereses y los planes de reindustrialización de los países de ALC, así como con su deseo de desarrollar sectores de mayor valor añadido más allá de la exportación de materias primas. Los países de ALC buscan aumentar los niveles de inversión en sectores verdes, pero todo ello acompañado de los conocimientos y el bagaje tecnológico necesarios para impulsar la innovación y la creación de empleo de calidad. En comparación con China y Estados Unidos (EEUU), la UE cuenta con el potencial de ser el socio de preferencia en la región de ALC gracias a su planteamiento del Equipo Europa, en el que participan la UE y sus Estados miembros, los organismos de desarrollo, los bancos públicos de desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y, por último, el sector privado y la sociedad civil.
En ese sentido, una cuestión fundamental es saber si la UE logrará que la región de ALC camine en la misma dirección a medida que se esfuerce por aplicar el PVE, con el que Europa aspira a la neutralidad climática de aquí a 2050, junto con el compromiso industrial renovado que hizo público la presidenta de la Comisión Europea. La región de ALC puede haber sido descrita por un alto cargo de la UE como una prioridad geopolítica para llevar a buen puerto el PVE, pero, ahora que el plan se adentra en su siguiente fase con el establecimiento de otros objetivos, entre ellos un nuevo Pacto Industrial Limpio para la competitividad de la industria y la calidad del empleo, ¿podría redundar también en beneficio de la región de ALC? Y en su caso, ¿cómo puede ayudar la alianza UE-ALC a que ambas regiones establezcan economías de cero emisiones netas y resilientes al clima de un modo justo e inclusivo en el contexto del esfuerzo renovado de la UE por incrementar su competitividad a nivel mundial?
Salvo que se lleven a cabo iniciativas concertadas, la insuficiencia de la financiación climática para los países en desarrollo, el auge del proteccionismo ecológico y la desigualdad geográfica-industrial de la descarbonización podrían hacer que la transición mundial hacia una economía de bajas emisiones de carbono generase un aumento de la disparidad económica entre naciones y regiones. Además, cada vez son más las voces que piden a la UE que dé rienda suelta a su poder geoeconómico[3] para hacer frente a la guerra rusa en Ucrania y a la coerción económica de China, de donde surge la necesidad de asegurarse de que las alianzas de la UE con los países de ALC no sirvan únicamente para proteger los intereses de la Unión, sino que redunden en beneficio mutuo. Al mismo tiempo, los conflictos globales y el aumento de las tensiones geopolíticas generan riesgos adicionales, inestabilidad y una posible reducción del entusiasmo suscitado por la cooperación internacional, lo que podría distraer a Europa y a ALC del cumplimiento de sus compromisos climáticos. Por último, la segunda administración de Donald Trump y su intención de abandonar el Acuerdo de París socavarán las iniciativas nacionales estadounidenses de descarbonización y dispararán la producción de combustibles fósiles, lo que podría generar nuevas dificultades para las iniciativas impulsadas por la UE y ALC destinadas a crear un futuro más justo y sostenible.
Está por ver si los países de la UE y de ALC logran colaborar para evitar un incremento de las disparidades económicas entre las dos regiones, además de impulsar una intensificación de la acción por el clima e intentar gestionar las tensiones geopolíticas. No obstante, lo cierto es que ambas regiones se necesitan para conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo y salvaguardar el multilateralismo, así como para lograr que los esfuerzos por descarbonizar sus economías de un modo justo, adaptarse al agravamiento de las consecuencias climáticas y propulsar la competitividad redunden en beneficio mutuo.
Con el fin de intentar abordar estas cuestiones y sentar las bases de un debate mejor fundamentado a nivel nacional, el presente análisis se centra en las asociaciones de la UE con Colombia y Chile. Los dos países son socios fundamentales para la UE, puesto que a menudo han colaborado codo con codo en las conversaciones sobre el cambio climático en las Naciones Unidas para hacer avanzar el Acuerdo de París, y ambas naciones son atípicas por poner encima de la mesa políticas nacionales ambiciosas en el ámbito del clima.[4] La UE ha cooperado con ambos países en torno a cuestiones climáticas y se trata de actores fundamentales para que la UE deje patente la importancia de colaborar con terceros países, con el consiguiente potencial de generar confianza a nivel mundial para intensificar la acción por el clima. En este artículo, se esbozan algunos de los principales ámbitos de cooperación de la UE con Colombia y con Chile en materia de cambio climático y transición energética justa. Después, se examinan algunos de los retos a los que se enfrentan estas asociaciones y se mencionan algunas oportunidades de mejora de la cooperación, con especial hincapié en la transición energética justa.
2. Puntos destacados de la cooperación entre la UE y Colombia en materia de cambio climático y transición energética justa
2.1. Síntesis de las políticas de Colombia sobre clima y transición energética justa
Según el Banco Mundial, Colombia tiene por delante tres transiciones interconectadas y urgentes para crear una economía descarbonizada y resiliente al clima. Debido a su gran vulnerabilidad ante las consecuencias del cambio climático, debe llevar a cabo una transición hacia una economía más resiliente al clima. En segundo lugar, tendrá que transformarse en una economía con cero emisiones netas para 2050. En tercer lugar, a medida que la demanda mundial de petróleo y carbón, sus exportaciones principales, empiece a decaer y vaya subiendo la de productos ecológicos, deberá transformar también su economía.
La economía colombiana depende en gran medida de los combustibles fósiles. El sector energético y minero representa alrededor del 7% del PIB, una tercera parte de la inversión extranjera, cerca del 60% de las exportaciones totales y más de medio millón de puestos de trabajo formales. El país genera en torno al 0,57% de las emisiones de GEI a nivel mundial. Alrededor del 59% de las emisiones de GEI de Colombia procede de cambios en el uso del suelo y la silvicultura, seguidos del 30% del sector energético. El sector del transporte es el mayor consumidor de energía (44%) y genera un 12% de las emisiones totales de GEI del país. Colombia se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 2030 y a conseguir cero emisiones netas para 2050, con ambos objetivos recogidos en su Ley de Acción Climática.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 del gobierno de Petro describe las prioridades públicas, entre ellas reducir la deforestación y acelerar la penetración de las energías renovables y los vehículos de emisión cero o de bajas emisiones. Asimismo, el gobierno pretende crear 20.000 “comunidades energéticas” de aquí a 2026 para que los consumidores de servicios de energía generen, comercialicen o utilicen con eficiencia la electricidad generada a través de energías y combustibles renovables y sistemas distribuidos de energía. Se están desarrollando estas comunidades energéticas para democratizar los mercados de la electricidad, conseguir tarifas justas y reducir la pobreza energética.
En campaña, el presidente Petro se comprometió a impulsar una transición energética justa poniendo fin a la concesión de nuevas licencias para la exploración de gas y petróleo. A fecha de diciembre de 2024, no se han otorgado nuevas licencias para gas y petróleo. De hecho, se han destinado esfuerzos a la revisión de los contratos existentes para asegurarse de que generen los máximos resultados posibles. Asimismo, el gobierno de Petro ha decidido no seguir adelante ni con dos proyectos piloto de fracturación hidráulica ni con la prospección de yacimientos no convencionales. El compromiso de no conceder nuevas licencias podría ser revocado por el próximo gobierno, puesto que, en estos momentos, no se ha aprobado ninguna ley ni ninguna política que impida otorgarlas. Del mismo modo, es posible que el próximo gobierno reactive los proyectos piloto de fracturación hidráulica.
A lo largo de 2023 y 2024, el gobierno de Petro elaboró su Hoja de Ruta de Transición Energética Justa, compuesta por un paquete de seis documentos en los que se describen sus objetivos estratégicos, los distintos escenarios, los diálogos nacionales, las inversiones necesarias, las oportunidades y los retos asociados. La hoja de ruta pretende acelerar la transición, con lo que se contribuye a la economía y se promueve la industrialización para sustituir de manera gradual la dependencia nacional de los combustibles fósiles y crear nuevas fuentes de empleo. En 2023, el gobierno de Petro también se sumó a la iniciativa Powering Past Coal Alliance, a la Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), al grupo de países qu
