Por Miguel A.V.
Cuando creemos que levantamos cabeza y vemos un atisbo de tranquilidad surge alguien que viene a tocar las narices, ya sea por incompetente, por insolidario, por carente de empatía, por falta de proximidad, porque le importamos poco o quizás nada.
Hoy parece que he vuelto al año en que el celuloide era en blanco y negro, cuando todo giraba alrededor de lo que dios decía y cuando nadie podía alzar la voz. Nos toman por idiotas, o tontos.
Pero, ya son muchos sucesos y una misma respuesta: balones fuera, como si el tema no fuera con los gestores autonómicos que tratan de crear una cortina de humo, responsabilizando a otros de su incompetencia o sus limitaciones.
Un repaso de los acontecimientos
Un breve repaso de los acontecimientos nos refuerza la idea de “déjà vu”.
Naufragio del Prestige, noviembre de 2002. El mayor desastre ecológico de la historia de España. 63.000 toneladas de fuel vertidas, algo más que “unos pequeños hilitos ” de plastilina, más de 200.000 aves marinas muertas. Enésimo desastre acaecido en Galicia.
Incendio de Guadalajara. Año 2005. Murieron 11 personas del equipo de extinción.
Accidente del Metro de Valencia. Año 2006. 150 personas muertas.
Incendio en Castilla-León, Sierra de la Culebra. Año 2022. Murieron 8 personas.
La dana de Valencia. Año 2025. Arrasó, además de lo importante, la vida de 228 personas, con la naturaleza y la agricultura que sustenta nuestras comunidades y mantiene vivos los pueblos.
La respuesta de las comunidades autónomas
Sin embargo, ante estos acontecimientos la respuesta de las comunidades autónomas ha sido decepcionante.
Desde 2015 Castilla y León mantiene plantillas dedicadas a la extinción de incendios incompletas, recortes en los meses de contrato, especialmente antes de los incendios de la Sierra de la Culebra. El presupuesto un −86%, de 10,27 millones de euros a 1,41 millones.
Castilla-La Mancha ha reducido de 122 días a 89 días el servicio. Mantiene bases cerradas y autobombas fuera de servicio en varias provincias.
La Comunidad de Madrid tiene vacantes sin cubrir y sueldos congelados desde 2010. El convenio colectivo no se renueva desde 2008. Los profesionales han convocado varias huelgas y ha habido déficit de brigadistas en incendios recientes.
En Andalucía las denuncias por falta de personal en el INFOCA son recurrentes. El déficit de retenes y las protestas en provincias como Huelva y Córdoba son frecuentes. La inversión en prevención se ha reducido en un 67%, a la par que se elevó el presupuesto dedicado a extinción en un 89%, hasta casi 140 millones de euros.
En la Comunidad Valenciana se han reducido los brigadistas y se ha extendido la temporalidad. Las denuncias sindicales sobre la precariedad laboral son constantes.
En Galicia los brigadistas denuncian los contratos de 6 meses. Las cifras oficiales sobre plantillas están infladas. Los trabajadores reclaman contratos de 12 meses.
Aragón mantiene una alta tasa de temporalidad de sus brigadas, aunque el nuevo convenio de 2025 fija 12 meses de contrato y reconoce la categoría de bombero forestal.
Extremadura: aunque se prevé un refuerzo parcial del INFOEX, las plantillas son justas y el aumento presupuestario del 17% fijado en la anterior administración es insuficiente según los sindicatos.
Asturias: se reduce la prevención y hay déficit de brigadistas permanentes lo que provoca quejas por las contrataciones temporales.
La extinción de una hectárea quemada cuesta alrededor de 19.000 a 30.000 euros, mientras que la prevención oscila entre el 1% y el 10% de la extensión. En España han ardido, hasta hoy, más de 400.000 hectáreas. En consecuencia, la extinción de esos incendios ha supuesto alrededor de 10.000 millones de euros. A ello hay que sumar los costes de restauración, otros 1.000 millones.
¿También en las soluciones de estas deficiencias habrá “mordidas”?
El problema no son las autonomías, sino la ideología y el presupuesto
Son muchos los que al hilo de los desastres cuestionan el estado autonómico y reclaman una reducción de sus competencias, sobre todo, aquello que vaya en perjuicio directo de las personas.
No obstante, creemos que este argumento es una fácil simplificación y, por otra parte, una simplificación de este estilo nos hace más fácil la comprensión del marco competencial.
Sin embargo, permítasenos poner negro sobre blanco en este debate maniqueo.
En primer lugar, es preciso llamar la atención sobre un hecho incuestionable: las autonomías son la administración que mejor puede gestionar las necesidades de su ámbito territorial porque son, junto con los ayuntamientos, la administración más implicada en el mismo.
En segundo lugar, el cuestionamiento del papel de las autonomías en la respuesta a los desastres es mucho más intenso porque es la respuesta ciudadana a un suceso inminente que genera pérdidas de vidas humanas y daños materiales de gran envergadura. Es decir, los ciudadanos podemos apreciar la gestión (buena o mala) ante un suceso. No es nada distinto de la buena o mala gestión de la sanidad o la educación que las autonomías desarrollan, solo que en este caso la gestión se acabará notando con el tiempo y en los desastres se evidencia en el instante.
Por último, y más importante. No habría ninguna diferencia en la respuesta de la administración central, si esta tuviese la misma ideología y guía presupuestaria que la administración autonómica que falló estrepitosamente en la gestión de los incendios o la dana. Si la administración central y autonómica piensan en términos de recortes de lo público, los servicios públicos sufrirán. ¿O es que ya no recuerdan como se gestionó la crisis de las hipotecas subprime por parte del gobierno? Además, sería injusto, no reconocer que ha habido autonomías que han gestionado razonablemente bien los incendios en su territorio.
Imagen creada por inteligencia artificial (IA)
