El informe de la OCDE examina el papel clave que los gobiernos pueden desempeñar en la configuración de mercados de créditos de carbono más robustos, confiables e integrados dentro de las estrategias de descarbonización global.
Ante un contexto caracterizado por el crecimiento acelerado de los mercados voluntarios de carbono y la creciente presión por alcanzar emisiones netas cero, esta investigación plantea posibles acciones regulatorias para mejorar la integridad ambiental y la transparencia de estos mercados.
El documento reconoce la expansión reciente de los mercados voluntarios de carbono, que movilizan financiación privada hacia proyectos de reducción o remoción de emisiones, como la reforestación, la captura de carbono o la eficiencia energética. No obstante, también advierte críticas crecientes en torno a la calidad de algunos créditos, su adicionalidad, permanencia y trazabilidad, lo que pone en riesgo su credibilidad y eficacia climática.
A partir de una revisión de experiencias internacionales, el informe identifica algunas áreas prioritarias en las que los gobiernos pueden intervenir:
- Establecer marcos normativos nacionales que definan estándares mínimos de integridad y transparencia.
- Fomentar la divulgación corporativa del uso de créditos de carbono a través de marcos regulatorios nacionales y estándares voluntarios consistentes con las buenas prácticas internacionales.
- Incentivar metodologías robustas de contabilidad climática, evitando la doble contabilidad y mejorando el rastreo de créditos.
- Apoyar el desarrollo de mercados nacionales o regionales integrados que complementen los esfuerzos internacionales.
- Promover la alineación con las contribuciones determinadas a nivel nacional bajo el Acuerdo de París.
Además, el informe advierte sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de supervisión y acreditación de los estándares voluntarios existentes, para evitar la fragmentación del mercado y garantizar la coherencia con los objetivos climáticos. Se subraya también la importancia de fomentar la participación de los países en desarrollo, promoviendo la transferencia de capacidades técnicas y asegurando una distribución equitativa de los beneficios derivados de los proyectos de carbono.
Se destacan casos concretos como los de Singapur, Colombia y la Unión Europea, que han adoptado medidas pioneras para integrar los mercados voluntarios con sus marcos regulatorios climáticos. En particular, la Unión Europea está evaluando cómo los mercados voluntarios pueden coexistir con el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono y el Régimen de Comercio de Emisiones.
Finalmente, el documento concluye que un entorno normativo claro y ambicioso puede incentivar la participación responsable del sector privado, atraer inversión hacia proyectos climáticamente eficaces y evitar prácticas de greenwashing. La OCDE sugiere que los gobiernos actúen como arquitectos de mercados de carbono con integridad, no como simples observadores, asegurando que estos instrumentos complementen y no reemplacen las políticas de reducción directa de emisiones.
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