Ferreira llama a “estimular la oferta de vivienda” en Asturias: “es una necesidad y una responsabilidad política urgente” - Camara de Comercio de Oviedo

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04 de septiembre de 2025.-

  • El vicepresidente de la Cámara de Comercio advierte en los cursos de verano de UGT en Oviedo que “el principal desafío” en materia de vivienda es la “insuficiente oferta”
  • Ferreira pone sobre la mesa un decálogo para “el tratamiento de este problema social, que, de no atajarse, se convertirá en un drama social”
  • Entre otras cuestiones, aboga por reforzar la colaboración público-privada, simplificar y agilizar la burocracia, y avanzar hacia un marco fiscal que incentive tanto la construcción como la adquisición, especialmente de primera vivienda

El vicepresidente de la Cámara de Comercio José Manuel Ferreira ha llamado hoy a “estimular la oferta de vivienda” en Asturias: se trata de “una necesidad y una responsabilidad política urgente”, ha asegurado en el marco de los cursos de verano de UGT en Oviedo donde ha intervenido como ponente para reflexionar en torno a esta materia.

“El objetivo debe ser claro y ambicioso: aumentar la producción de vivienda asequible, en número suficiente a las necesidades reales sin generar una deuda estructural añadida”, ha dicho el vicepresidente de la Cámara de Oviedo.

José Manuel Ferreira ha advertido que “el principal desafío” en materia de vivienda es la “insuficiente oferta” y que, además, “tiende a empeorar”. En este sentido, estima que sería necesario construir en torno a 3.000 viviendas nuevas al año en Asturias.

Un objetivo que, a juicio del vicepresidente de la Cámara, se puede conseguir a través de una serie de medidas, que Ferreira ha explicado hoy en forma de “decálogo para el tratamiento de este problema social, que, de no atajarse, se convertirá en un drama social”:

  1. Disponer de suelo para la construcción de viviendas.
  2. Agilizar tramitaciones urbanísticas, simplificar y agilizar la burocracia. Ha explicado que el exceso burocrático es uno de los principales cuellos de botella en el desarrollo de nueva vivienda. Y que, por ello, es urgente abordar una simplificación administrativa real y efectiva, que permita reducir los tiempos de tramitación urbanística, mejorar la seguridad jurídica y acelerar la producción de suelo y vivienda.
  3. Cambios normativos estructurales. La seguridad jurídica, la agilidad administrativa y la disponibilidad de suelo urbanizable son tres pilares esenciales que hoy se ven seriamente comprometidos por la rigidez de los procedimientos, la superposición de normas y la excesiva duración de los trámites urbanísticos. En este sentido, se hace necesario reformar la Ley del Suelo. Solo mediante cambios normativos estructurales, como una reforma coherente de la Ley del Suelo, será posible crear un entorno que facilite la construcción de vivienda a los ritmos necesarios, ha augurado.
  4. Impulsar la industrialización de la construcción.
  5. Mejora del sector industrial de la construcción.
  6. Alta demanda de nuevas viviendas, alta necesidad de capital, colaboración público-privada y políticas públicas acordes con esos objetivos.
  7. Desarrollar un parque público de viviendas razonable y razonado.
  8. Incentivos adecuados para desarrollar vivienda accesible en cantidad necesaria.
  9. Aprovechar las ventajas de un tejido empresarial asturiano existente comprometido, eficiente y responsable, que, en el caso concreto de Asturias, ha presentado servicios muy valiosos a la comunidad por su implicación en la calidad, seguridad jurídica, sostenibilidad, eficiencia energética, confort y calidad arquitectónica.
  10. Implantar una fiscalidad favorable en materia de vivienda. En Asturias, la carga fiscal sobre la vivienda representa un obstáculo adicional al desarrollo del mercado residencial. Por lo que urge avanzar hacia un marco fiscal más favorable, racional y eficiente, que incentive tanto la construcción como la adquisición, especialmente de primera vivienda.

En su diagnóstico, Ferreira  ha situado entre los factores que han dado lugar a la actual escasez de oferta de vivienda: la reducción del número de viviendas de obra nueva desde la crisis económica del 2008, una perniciosa carga fiscal, la pérdida de tejido industrial y de fuerza laboral en el sector de la construcción, la obsolescencia del parque útil de vivienda, la espiral inflacionaria a raíz de la guerra de Ucrania y de lo que vendrá de la nueva geopolítica con los aranceles, así como la sobrerregulación que se da por ejemplo en la Ley de Vivienda con el control de los precios de los alquileres.

Una escasa oferta de vivienda que se combina, ha explicado, con una demanda creciente derivada de cambios sociales y demográficos; lo cual está provocando un fuerte encarecimiento del acceso a la vivienda, tanto en el mercado de compraventa como en el de alquiler. Con la consiguiente aparición de fondos de inversión y actores oportunistas, que identifican con rapidez las ineficiencias del sistema y encarecen artificialmente el valor de las viviendas.

Pragmatismo frente a ideología

“Enfrentar este gran desafío social, económico y político requiere de una respuesta decidida y eficaz y para afrontarlo adecuadamente es imprescindible la cooperación de todos los agentes implicados. Es necesario reforzar la colaboración tanto entre administraciones como con la iniciativa privada (pragmatismo frente a ideología), definiendo objetivos comunes y estableciendo nuevos canales de cooperación entre el sector público y el privado, basados en el respeto mutuo”, ha defendido José Manuel Ferreira.

“Solo a través de un esfuerzo conjunto, y anteponiendo siempre el interés general a cualquier otra motivación, será posible avanzar hacia soluciones sostenibles, eficientes y equitativas en materia de vivienda”, ha advertido.

José Manuel Ferreira enmarcó su intervención aclarando que el derecho a una vivienda digna y adecuada está recogido en el artículo 47 de la Constitución Española; aunque está considerado un principio rector de la política social y económica, lo que significa que su exigibilidad ante los tribunales está sujeta al desarrollo de leyes específicas y no goza de la misma protección directa que los derechos fundamentales.

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