“Lo de Israel no es defenderse, es exterminar a un pueblo indefenso”. Con esas palabras, Pedro Sánchez presentó nueve medidas contra Israel —embargo reforzado, veto de tránsito, boicots y más fondos a la Autoridad Palestina y a UNRWA—. ACOM denuncia este salto de antisemitismo institucional y anuncia acciones legales.
La escalada verbal y normativa desnuda, una vez más, una obsesión desmedida y exclusiva contra el Estado judío. Llamar “genocidio” y “exterminio” a la legítima defensa de una democracia asediada es una infamia histórica. Ningún tribunal competente ha declarado la existencia de tal crimen; convertirlo en eslogan de gobierno es irresponsable y dañino para la posición internacional de nuestro país. Más aún: tras casi dos años de guerra desatada por Hamás, incluso utilizando, como hacen los propios terroristas, cifras de 60.000 fallecidos en una población de dos millones, y constatando que una parte sustantiva eran terroristas, la etiqueta de “genocidio” solo sirve al consumo de los elementos más radicales. Es una acusación cínica que equipara deliberadamente a Israel con el horror nazi para deshumanizar a sus víctimas y justificar su demonización.
Este Gobierno ya venía jaleando la hostilidad efectiva contra Israel y los israelíes, hasta el punto de blanquear y alentar el acoso a atletas y equipos israelíes, y ahora señala de facto a todos los israelíes y a quienes defendemos a Israel como cómplices de un “genocidio” inventado por la propaganda. Ese marco de criminalización coloca a ciudadanos, entidades y comunidades judías en la diana del extremismo y legitima su persecución.
El paquete anunciado, además, perjudica la seguridad y los intereses nacionales: erosiona la cooperación estratégica y tecnológica con un aliado democrático; pretende imponer boicots comerciales selectivos incompatibles con principios elementales del Estado de Derecho y con la política comercial común europea; proyecta efectos extraterritoriales sobre cadenas de suministro y acuerdos de terceros países; y expone a España a litigios, sanciones y represalias. Todo ello, por la vía de un decreto de ley que elude el debate parlamentario.
Sanchez, necesita desviar la atención de su deterioro interno y de los escándalos que cercan a su círculo, a la vez que comprase a sus socios más radicales. Amplifica estereotipos y mentiras antisemitas y explota la tragedia sufrida por Israel para fines de supervivencia política. Además, su alineamiento complaciente con regímenes como Venezuela, Irán o Catar revela una deriva moral y geopolítica que rompe el consenso occidental y aísla a España.
Desde ACOM denunciamos sin ambages a un Gobierno que entrega la política exterior al activismo antiisraelí, sacrifica la reputación de España y normaliza el antisemitismo. Y anunciamos que activaremos todas las vías jurídicas y políticas para impugnar y frenar cualquier medida contraria a Derecho.
