Tras el auto del 12 de septiembre en el que el juez Santiago Pedraz declaró la falta de competencia de la Audiencia Nacional respecto a una primera denuncia, ACOM recuerda que los hechos posteriores de los días 5, 6 y 7 de septiembre incluyeron agresiones, lesiones y detenciones.
Lo relevante son los hechos, no una etiqueta jurídica provisional. En La Vuelta asistimos a atentados planificados contra la seguridad y la convivencia, una campaña coordinada de sabotaje con coacciones, agresiones y bloqueos que desbordó el ámbito del orden público y atacó un evento deportivo de máxima relevancia internacional. No fueron protestas: fue terrorismo callejero dirigido contra un equipo por su identidad, alimentado por el antisemitismo que ACOM denuncia desde hace años.
Estos ataques pusieron en riesgo la vida de los ciclistas, obligaron a interrumpir etapas y proyectaron una imagen internacional muy negativa para España. Se trata de hechos que la sociedad interpreta claramente como terrorismo callejero y que, por su gravedad, no pueden despacharse como simples altercados.
En un Estado de Derecho es intolerable que una competición deportiva sea secuestrada por el odio antisemita, la coacción y la violencia callejera. Banalizar estos ataques como “incidentes” equivale a normalizar el terror y a blanquear a sus promotores. España no puede permitirse esa frivolidad cómplice: hay víctimas, hay daños y hay una amenaza organizada que exige una respuesta penal a la altura.
La Audiencia Nacional afirmó no ser competente al no apreciar inicialmente terrorismo. ACOM ha aportado pruebas adicionales de los hechos y ha interpuesto un tercer recurso y ampliación de la denuncia original. Por ello instamos a la Audiencia Nacional a reconsiderar su decisión y a asumir la instrucción de los hechos como actos de terrorismo, garantizando una respuesta penal proporcionada a la gravedad de lo perpetrado durante La Vuelta.
