El sindicato ecuatoriano ASTAC y sus aliados europeos ActionAid Francia, FIDH, ASTM Luxemburgo y Baldon Avocats denuncian la escandalosa falta de protección para los derechos humanos y el medio ambiente en la industria bananera en el marco del Acuerdo Comercial multipartes UE-Ecuador, en un contexto de movilización de la sociedad civil y los responsables políticos para que las empresas sean responsables de las repercusiones que tienen sus actividades a lo largo de su cadena de valor.
Bruselas, 24 de septiembre 2024 – Ecuador es uno de principales productores mundiales de banano (sus exportaciones constituyen 30% del mercado mundial de la banana). Millones de toneladas de sus bananos llegan anualmente a todos los mercados del mundo, siendo la Unión Europea su principal comprador. En 2017, Ecuador se adhirió al Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia, Perú y, por tanto, se comprometió a garantizar y promover las normas laborales, de derechos humanos y medioambientales fundamentales en virtud del Título sobre Comercio y Sostenibilidad (TSD) del Acuerdo.
El sindicato ecuatoriano de rama ASTAC (Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos) lleva más de una década trabajando para mejorar los derechos laborales, la salud y la seguridad de los trabajadores y las comunidades, así como para contener los impactos negativos sobre el medio ambiente. Con las organizaciones europeas ActionAid Francia, la FIDH, ASTM-Luxemburgo y Baldon Avocats, presentan una nueva denuncia ante la Comisión Europea, responsable de la aplicación del Acuerdo Comercial UE-Ecuador, en la que se expone la falta de protección para los derechos humanos y el medio ambiente en la industria bananera de acuerdo con las normas establecidas en su Capítulo 9 sobre Desarrollo Sostenible.
“Los trabajadores de la industria bananera en Ecuador siguen enfrentándose a condiciones de trabajo muy difíciles: bajos salarios, largas jornadas de trabajo, falta de protección laboral… La falta de regulación y supervisión adecuada por parte del Estado ha permitido que estas prácticas continúen sin consecuencias para los empleadores. Esto crea un ciclo de pobreza y vulnerabilidad en el que los trabajadores se ven atrapados, a pesar de que estemos hablando de un sector que genera beneficios económicos”, explica Jorge Acosta, fundador y coordinador de ASTAC.
La queja se centra sobre el no respecto de la libertad de asociación y del derecho a la negociación colectiva, la criminalización de las personas afiliados a ASTAC, el no-respecto de los derechos laborales, el no respecto del derecho ambiental y la inacción frente a intoxicación de los trabajadores a plaguicidas peligrosos. En un momento en el que los derechos humanos se ven cada vez más amenazados, es fundamental tener en cuenta los análisis y recomendaciones de las personas directamente afectadas por los abusos de las empresas y los Estados, y garantizar que todos los mecanismos puedan ser una verdadera herramienta de protección de los derechos y el medio ambiente.
