A diferencia de los dos años posteriores a la pandemia, las startups españolas experimentaron un notable crecimiento en 2024, impulsado principalmente por una significativa inyección de capital extranjero. En concreto 1.008 millones de euros, esto es, un 56% del volumen total de la inversión. Dicho de otro modo, los emprendedores españoles buscan cada vez más capital foráneo para impulsar sus proyectos, especialmente en sectores como el de la tecnología financiera (fintech) o la relacionada con el mundo de los seguros (insurtech).
Sin embargo, la llegada de este capital no está exenta de obstáculos y procedimientos exigentes, que deben cumplirse para asegurar la legalidad de la inversión y evitar problemas con el Fisco. “Es esencial que los emprendedores conozcan el proceso para declarar correctamente una inversión extranjera y cumplir con las exigencias legales para evitar finalmente sanciones”, señaló Luis Gosálbez, socio fundador de Metricson, una firma legal especializada en startups tecnológicas.
Los abogados recomiendan cumplir con el Registro de Inversiones Extranjeras
Uno de los primeros pasos para asegurar el cumplimiento normativo es la inscripción en el Registro de Inversiones Extranjeras, gestionado por el Ministerio de Industria. Este registro es obligatorio para toda inversión extranjera y se realiza mediante el formulario D-1A, que debe presentarse cada vez que una nueva inversión se destina a la empresa. Este paso, aunque aparentemente sencillo, puede presentar complicaciones si no se maneja adecuadamente la documentación o los tiempos de presentación, lo que podría conllevar sanciones.
De hecho, registrar este tipo de inversión “es un paso crítico que muchos emprendedores no prevén. Es fácil descuidarlo y asumir que es una formalidad. Pero sin este registro, la inversión no está totalmente regularizada”. Lo cual puede acarrear consecuencias graves, tanto a nivel legal como fiscal: sanciones económicas en función del tipo de infracción y el montante de la inversión; bloqueo de futuras transacciones; el riesgo de que Hacienda inicie auditorías o inspecciones al detectar irregularidades en los registros financieros; y, por supuesto, complicaciones legales dada la exigente normativa de blanqueo de capitales.
Los inversores extranjeros también deben estar acreditados para financiar a los negocios españoles
Cuando los socios inversores son extranjeros, estos deben obtener un Número de Identificación de Extranjero (NIE), necesario para cualquier operación financiera en España. En el caso de que la inversión provenga de una entidad extranjera, la empresa inversora deberá contar con un Número de Identificación Fiscal (NIF). La obtención de estos documentos es una de las mayores barreras burocráticas, especialmente para inversores no familiarizados con los trámites en España, pues puede requerir una presencia física en el país o la intervención de un representante.
Para las startups, la importancia de esta formalización no se limita solamente a fines fiscales, sino que permite asegurar la legalidad de la participación de cada inversor y su posterior declaración fiscal. Este proceso de identificación es esencial para que Hacienda pueda supervisar adecuadamente los fondos entrantes y sus fines, ya que la Administración Tributaria tiene interés en controlar que la procedencia del capital sea legítima y declarada correctamente.
La normativa de prevención de blanqueo de capitales en España es estricta y afecta a cualquier empresa que reciba fondos del extranjero. Los negocios emergentes deben demostrar el origen de los fondos y colaborar con las autoridades cuando sea necesario para verificar su legalidad. El proceso incluye la identificación completa de los socios y la verificación del origen de los fondos recibidos, lo cual puede complicarse si la inversión proviene de países con poca transparencia financiera. “Cumplir con esta normativa, además de constituir un requisito legal, es una garantía de seguridad, tanto para el inversor como para la startup», continuó el experto de Metricson.
Es fundamental que los emprendedores comprendan los criterios de esta normativa, ya que cualquier operación sospechosa debe ser reportada. De no hacerlo, la startup podría enfrentarse a multas severas y a perder la confianza de futuros inversores. Esta normativa ha sido diseñada para proteger al sector de posibles fraudes financieros, pero también representa una carga administrativa que los negocios emergentes deben considerar al recibir capital extranjero.
Otra etapa clave para los emprendedores que reciben inversión extranjera es la formalización ante notario de cada cambio estructural que involucre capital extranjero, así como su inscripción en el Registro Mercantil. Esto implica que, además de declarar la inversión inicial, cualquier cambio en los estatutos sociales del negocio debe ser formalizado y registrado oficialmente. Este paso es especialmente importante en rondas de inversión grandes o en cambios que afecten la estructura del negocio emergente, ya que las autoridades españolas exigen una documentación exhaustiva para permitir la modificación de las condiciones.
Para startups con gran rotación de inversores o múltiples rondas de financiación, esta formalización puede representar un desafío logístico y de costes. Los emprendedores deben prever los tiempos de gestión y contar con asesoría legal especializada para evitar retrasos en el proceso de crecimiento y mantener una imagen de solidez ante los socios.
El marco fiscal en España exige a los inversores extranjeros cumplir con una serie de impuestos que pueden variar según el país de origen y los tratados de doble imposición. Para los emprendedores, esto significa que deben asegurar que las declaraciones de impuestos de los inversores están en regla y que se retienen los impuestos correspondientes. Entre las obligaciones fiscales, destacan el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y, en algunos casos, el Impuesto sobre el Patrimonio.
Además, si los inversores están sujetos a tratados de doble imposición, es responsabilidad de la startup el gestionar y coordinar estos aspectos para evitar una doble tributación de las ganancias generadas en el país de origen. Este conocimiento detallado de los tratados fiscales internacionales y la correcta aplicación de las exenciones resulta fundamental para que la inversión sea rentable tanto para el inversor como para el negocio emergente, evitando pagos fiscales innecesarios.
A pesar de todas estas complejidades, la atracción de inversión extranjera permite a las startups españolas acceder a recursos y experiencias que de otro modo serían difíciles de conseguir. Superar estos obstáculos legales es un paso necesario para profesionalizarse y consolidarse en un mercado internacional en crecimiento. “Conocer las normativas y contar con el apoyo adecuado”, concluyó Luis Gosálbez, “permite a los negocios emergentes enfocarse en lo importante: crecer y generar valor”.
Los negocios emergentes reciben, de media, 8,4 millones de euros en cada ronda de inversión
Con la creciente popularidad de las grandes rondas de inversión, el ecosistema español de startups se fortalece. Estos fondos extranjeros, que en 2024 alcanzaron niveles históricos, demuestran una confianza internacional sin precedentes en el ecosistema emprendedor español. No obstante, esta internacionalización trae consigo complejidades administrativas y legales.
Luis Gosálbez advirtió de que cumplir “con los requisitos legales y fiscales es clave para garantizar una inversión segura y transparente. Por una parte, el inversor debe tener confianza en que el capital está protegido. Y por otra, el emprendedor debe evitar complicaciones legales”.
Las cifras demuestran que, aunque el número de rondas de inversión ha disminuido, el importe medio de éstas ha aumentado un 38% hasta alcanzar los 8,4 millones de euros, destacando una tendencia hacia proyectos en fases avanzadas que atraen más capital internacional.
