Francia se encuentra en medio de una crisis fiscal histórica, con enormes déficits y elevada deuda pública, una creciente división política y sin acuerdo sobre cómo recuperar la estabilidad. La llegada de Sébastien Lecornu como el cuarto primer ministro en un año demuestra la gravedad y urgencia del problema, ya que las finanzas públicas francesas se deterioran rápidamente y los gobiernos siempre prometen crecimiento, pero solo entregan estancamiento.
El problema de Francia radica en los enormes impuestos, un gobierno sobredimensionado y políticas anticrecimiento implementadas por gobiernos que rechazan cualquier medida de liberalización.
Francia nunca aplicó medidas de austeridad, impone la mayor cuña fiscal de la OCDE a empresas y familias, y el gasto público es tan elevado que la economía lleva décadas estancada.
Los gobiernos franceses siempre eligen la opción fácil de imponer más impuestos y dañar la economía porque se niegan a recortar el exceso de gasto.
La deuda pública francesa supera ahora los 3,34 billones de euros, o alrededor del 114% del PIB, uno de los niveles más altos de Europa y más de un billón de euros superior al nivel que se registró cuando Emmanuel Macron asumió la presidencia en 2017. Este aumento sin precedentes se debió a diez años de déficits anuales y la falta de acción para reducir el gasto estatal. En 2024, el déficit fiscal fue del 5,8% del PIB y en 2025 el objetivo oficial es 5,4%, lo que implica ser el mayor de la eurozona. No se trata solo de picos temporales, sino de desequilibrios estructurales de largo plazo. Francia no ha tenido un presupuesto equilibrado desde la década de 1970 y en los últimos años los déficits han superado consistentemente sus objetivos, ya de por sí generosos.
El pago del servicio de la deuda está volviéndose rápidamente insostenible. Se espera que los intereses a pagar pasen de 59 mil millones de euros en 2024 a más de 100 mil millones en 2029, lo que podría implicar eliminar todo el gasto discrecional.
Tras varias rebajas de la calificación crediticia, el coste de la deuda también ha subido. Además, las agencias de calificación advierten que son probables nuevos, recortes por el estancamiento político y la falta de planes creíbles para arreglar el problema.
A los ciudadanos franceses solo se les ofrecen dos opciones: seguir gastando más y aumentar impuestos, o gastar más aún y subir aún más los impuestos. Los gobiernos parecen ignorar todas las estrategias procrecimiento del lado de la oferta debido a los incentivos perversos creados en el sector público a lo largo de tres décadas.
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Los problemas de Francia van más allá del débil crecimiento o de políticas fiscales deficientes. El gasto público como porcentaje del PIB sigue en niveles récord, y los intentos de recortar el déficit son siempre simbólicos. Aunque los ingresos tributarios aumentaron nuevamente en 2024-2025, el gasto sigue creciendo más rápido, impulsado por subsidios insostenibles y costes sanitarios inasumibles. La reforma de las pensiones de Macron fue tímida. No resolvió los déficits estructurales que genera y aun así causó fuertes protestas y oposición política.
La economía francesa permanece estancada, lo que complica aún más las perspectivas estructurales y dificulta que el país «salga del endeudamiento» a través del crecimiento, especialmente porque los gobiernos siguen implementando políticas anticrecimiento diseñadas para apaciguar a los sindicatos, pero que destruyen el crecimiento de la inversión. Además, con el aumento de los tipos de interés, el efecto placebo de la financiación barata desaparece. Esto significa que una mayor parte del presupuesto debe destinarse al pago de la deuda. El déficit persistente hará que la deuda pública ascienda a casi el 117% del PIB en los próximos años, y la negativa a recortar el gasto excesivo, que hará aún más difícil enfrentar una desaceleración.
La crisis de la deuda ha causado un caos político. El gobierno de Macron se ha desintegrado varias veces por votaciones presupuestarias fallidas y recortes minúsculos del gasto. Tres primeros ministros han sido destituidos en solo un año. Las elecciones parlamentarias anticipadas de julio de 2024 produjeron una asamblea dividida, de modo que ningún plan fiscal obtuvo mayoría clara. Los sindicatos amenazan con huelgas generales y los partidos de oposición izquierdista dicen que intentarán derribar al gobierno si realiza nuevos recortes.
El nuevo primer ministro Sébastien Lecornu revirtió rápidamente cualquier reducción de gasto y eligió ahorros simbólicos recortando los beneficios de los exministros, lo cual tiene un efecto minúsculo en el presupuesto. Lo que propone es más de lo mismo: más impuestos. La última y polémica propuesta es un nuevo impuesto anual del 2% sobre la riqueza para quienes tengan más de 100 millones de euros en activos. Los economistas de izquierda creen que esto podría recaudar entre quince y veinte mil millones de euros al año, pero la experiencia demuestra que estos ingresos suelen ser bajos y el impacto negativo sobre la economía es significativo. Los expertos estiman que lo realmente recaudado podría ser tan solo de cinco mil millones de euros o menos, ya que los empresarios y los inversores ricos se marcharán.
Esta nueva propuesta de impuestos confiscatorios perjudicará aún más el crecimiento y la creación de empleo. Si subir impuestos fuera la solución, Francia ya habría resuelto su problema de deuda hace años.
El Plan Fiscal Estructural a Mediano Plazo (MTFSP) promete reducir el déficit a menos del 3% del PIB para 2029. Sí, para 2029. Esto, evidentemente, es una patada hacia adelante y fracasará. De hecho, hasta esta implementación inexistente ya está en riesgo. Las medidas de ajuste prometidas se retrasaron hasta 2026, o más allá, por los plazos perdidos del presupuesto a principios de 2025. No hay credibilidad. Todo el ajuste depende de un incremento optimista de la recaudación y vagas promesas de tal vez recortar en el futuro, ambas cosas poco probables en un parlamento que no desea recortes al gasto público y en una economía estancada que ya arruinó su potencial de inversión y creación de empleo hace años.
Ningún inversor sensato cree que el gobierno francés apoyará a sus empresas y creadores de empleo. Francia sigue sujeta al «procedimiento de déficit excesivo» de la UE, lo que implica nuevas rebajas de calificación que encarecerían aún más la deuda.
Los problemas fiscales de Francia son ya estructurales y existenciales. Los impuestos sobre la riqueza y demás propuestas son errores políticos y no restaurarán la solvencia. Ningún partido cuenta con mayoría parlamentaria ni apoyo social suficiente para las reformas necesarias. Mientras tanto, otros países europeos, como España, están aplicando los mismos enfoques intervencionistas que llevaron a Francia al estancamiento y a la crisis de deuda.
El nuevo gobierno de Lecornu debe evitar el camino fácil de subir impuestos, porque el daño a la economía productiva, ya maltrecha, sería enorme. La solución para Francia es escuchar al tejido empresarial y a los generadores de empleo. Repetir los mismos errores de mantener alto el gasto y aumentar impuestos solo destruirá la economía francesa.
