Miguel Hernández, director general del Institut Cerdà
El pasado mes de julio, la Generalitat de Catalunya presentó el documento Construir la Cataluña del 2050: Principales inversiones departamentales, que recoge las actuaciones que se están desarrollando para dotar al territorio de las infraestructuras en un escenario con 10 millones de habitantes. Ahora hay 8,1 millones.
La publicación de este documento ha colocado sobre la mesa el debate sobre si un crecimiento de 1,9 millones de personas es realmente el escenario que se quiere alcanzar, atendiendo a los retos a escala infraestructural, de servicios y de integración, ya que el crecimiento sería principalmente vía inmigración.
El debate es de interés, pero debemos preguntarnos qué sucedería si no se consiguiera este crecimiento. De acuerdo con el escenario de proyección media de IDESCAT —aquel que el propio organismo considera más probable teniendo en cuenta las dinámicas poblaciones actuales—, Cataluña alcanzaría en 2050 una población de 8,9 millones de habitantes y no los 10 que se citan en el marco del debate público. Este crecimiento se conseguiría gracias a la aportación de población inmigrada. En ausencia de esta inmigración, el crecimiento vegetativo de la población (nacimientos menos defunciones) sería negativo: solo en el periodo 2024-2034 se estima que este saldo será de -113.000 personas.
Asimismo, la llegada de inmigración atenuaría el envejecimiento de población, pero no lo evitaría, de acuerdo con las previsiones del propio escenario medio. El índice de dependencia de los mayores (población de 65 años o más por cada 100 habitantes de 15 a 64 años) aumentaría del 29,3 al 48,1 en 2049, a pesar del crecimiento poblacional. De manera que la relación entre población activa y población jubilada se incrementaría, con los riesgos que ello comporta a nivel fiscal y de financiación del sistema de bienestar. Esta divergencia sería aún más elevada si no se diese el incremento poblacional como consecuencia de la llegada de nuevos inmigrantes.
Adicionalmente, la jubilación de la población de las cohortes del baby boom dejará vacantes una elevada cantidad de puestos de trabajo en los diferentes sectores económicos; unas vacantes que, en muchos casos, en ausencia de llegada de nueva población, no se podrían llegar a cubrir. Esto podría traducirse en una reducción de la actividad económica y de los ingresos fiscales asociados.
Por lo tanto, los impactos socioeconómicos de no crecer serían probablemente superiores a los asociados a este crecimiento poblacional. A partir de aquí, se abren retos e interrogantes que resulta necesario abordar.
Cuestiones a nivel de modelo productivo
¿Debe continuarse con el modelo existente con un elevado peso de determinados sectores, como el turístico? ¿Por qué otros sectores de valor añadido deberíamos apostar? ¿Qué puestos de trabajo desaparecerán como consecuencia de la aceleración de la digitalización? ¿Hasta qué punto puede llegar a incidir la actividad gubernamental si se quieren lograr cambios o adaptaciones del modelo económico? ¿Qué papel y colaboración serían necesarios desde el resto de sectores de la sociedad?
Y en función de estos aspectos: ¿Qué perfiles de trabajadores se demandarán? ¿Cómo desarrollar este talento? ¿Cómo identificar desde dónde importarlo en el caso de la población foránea? ¿Cómo facilitar los flujos de inmigración de aquellos perfiles demandados?
Cuestiones a nivel infraestructural
El documento publicado por la Generalitat explica lo que se está haciendo en la actualidad en los diferentes ámbitos, pero para algunos de éstos no se ha producido una reflexión sobre cuáles serán las necesidades reales en un escenario 2050 con casi 9 millones de población (un millón más que hoy).
Teniendo en cuenta que ya partimos de una situación deficitaria, ¿cuántas nuevas viviendas se necesitarán y con qué distribución territorial? ¿Cuánta agua consumiremos tanto en cuencas internas como del Ebro? ¿Y cómo vamos a garantizar el abastecimiento? ¿Y la depuración? ¿Cuántos residuos generaremos? ¿Cómo los trataremos? ¿Cuáles serán las necesidades en materia de transporte público? ¿Y privado? ¿Cuáles serán las infraestructuras viarias, ferroviarias y portuarias necesarias? ¿Cuánta energía consumiremos? ¿Con qué mix la vamos a generar? ¿Qué infraestructuras digitales necesitaremos? ¿E infraestructuras de carácter científico?…
Y estas necesidades infraestructurales, ¿qué suponen a nivel de inversiones? ¿Cómo lo financiaremos? ¿Cómo podemos aprovechar la colaboración público-privada para alcanzar todos estos retos?
Cuestiones a nivel ambiental
El incremento poblacional comportará un aumento de la demanda de las diferentes tipologías de recursos necesarios para la actividad humana. Para evitar que el incremento poblacional suponga, a su vez, un aumento de la huella ecológica de Cataluña, ya de por sí superior a la capacidad de carga del territorio, será necesaria una gran apuesta por la ecoeficiencia y la recirculación de recursos, aspecto que al mismo tiempo deberá considerarse como base para el replanteamiento del modelo productivo antes señalado.
Cuestiones a nivel social
Como comentábamos, los impactos del no crecimiento poblacional serían más elevados que los del escenario de alcanzar los 9 millones de personas. Sin embargo, el crecimiento representa unos retos en materia social que posiblemente superen los citados en materia de modelo económico e infraestructural.
Por un lado, la llegada de nueva población extranjera plantea un reto a nivel de integración de la misma. De acuerdo con las estimaciones de INE, en el año 2039 un 36,4% de la población de Cataluña habrá nacido fuera del Estado español. A estas cifras debería sumarse la población que, habiendo nacido en España, también tiene sus orígenes en otros países. La integración de un volumen tan elevado de población de origen extranjero plantea oportunidades a nivel de enriquecimiento de la propia cultura, pero es innegable que también plantea unos retos como no se habían visto hasta el momento y que requerirán de políticas específicas de integración desde diferentes ámbitos, tanto sociales, como urbanísticos, de vivienda, culturales, educativos, etc. Estas políticas deberán diseñarse, dotarlas de recursos suficientes y se deberá evaluar su efectividad de forma periódica. La experiencia de otros países que han debido afrontar retos similares en el pasado demuestra que las problemáticas de conflictividad social a medio plazo pueden ser especialmente graves en el supuesto de no consideración o fallo de estas políticas.
Por otro lado, el incremento de la población envejecida, y dentro de ésta la de las cohortes de más de 80 años, planteará retos a nivel del modelo asistencial a personas mayores, tanto en relación al dimensionamiento de estos modelos como a su propia configuración.
La necesidad de pensar más allá del 2050
En demografía, la situación actual y a medio plazo, en muchos casos, es resultado de las dinámicas y políticas (o la falta de las mismas) de décadas anteriores. En este sentido, las previsiones futuras son consecuencia, por un lado, de un crecimiento de la natalidad 1950 y 1980 del siglo pasado (la generación del baby boom) y, por otro, de una progresiva reducción de la misma hasta las migradas cifras actuales (en 2024, la tasa de fecundidad fue de 1,08 hijos por mujer) que no garantizan la tasa de reposición poblacional. La combinación de estos dos aspectos explica en gran medida el progresivo envejecimiento de la población y el crecimiento poblacional negativo que se daría en ausencia de inmigración.
Si no se quiere que los retos actuales vuelvan a repetirse más allá de 2050 y que las necesidades de llegada de población extranjera sean tan elevadas, resulta necesario repensar las políticas de fomento de la natalidad en la actualidad. Y hacerlo desde una perspectiva amplia que incluya, entre otras cosas, tanto incentivos como aspectos relativos a la conciliación.
