ACOM recurre ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el boicot de la Universidad del País Vasco contra Israel

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ACOM ha interpuesto un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Bilbao que declaró inadmisible el recurso presentado por nuestra organización frente al “Manifiesto de apoyo a Palestina ante la catástrofe humanitaria en Gaza” aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) el 24 de abril de 2024.

La resolución judicial de primera instancia, que consideraba el acuerdo universitario una “mera declaración de intenciones”, ignora los efectos jurídicos, económicos y académicos concretos que dicho manifiesto ha producido. La propia universidad ha reconocido públicamente la renuncia a proyectos de investigación por valor de 247 millones de euros, la suspensión de convenios con entidades israelíes, la introducción de cláusulas ideológicas de exclusión en nuevos acuerdos y la convocatoria de becas dirigidas exclusivamente a palestinos.

Las resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla y León han reconocido la plena legitimación procesal de ACOM y confirmado que los boicots institucionales a Israel vulneran los principios constitucionales de igualdad, objetividad y neutralidad de la Administración.

Estas prácticas, bajo el disfraz de causas humanitarias, constituyen una forma de antisemitismo institucional incompatible con el Estado de Derecho y con los valores fundamentales de la universidad pública. La utilización de recursos e instituciones académicas para promover campañas de señalamiento y exclusión ideológica supone una grave violación de la libertad académica, la neutralidad institucional y la igualdad ante la ley.

Desde ACOM reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la legalidad y la convivencia democrática frente al sectarismo y el odio. Seguiremos actuando en los tribunales y en la sociedad civil para que ninguna institución pública española contribuya a legitimar la discriminación contra el Estado de Israel o el pueblo judío.

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