Mensajes clave
- Frente a la perspectiva de una mayor inversión y atención al ámbito de la defensa, España debe encontrar un equilibrio entre solidaridad euro-atlántica y atención a sus prioridades estratégicas propias. Esto requiere priorizar capacidades y acciones “fungibles” o polivalentes. Dicha priorización acarrearía un doble beneficio: añadir valor a la defensa nacional de España y generar capital político y diplomático tanto en el marco de la Alianza Atlántica como el de la Unión Europea.
- La orientación del gasto en defensa no puede estar guiada únicamente por cifras ni por objetivos económicos, sociales o industriales. De lo contrario, se corre el riesgo de empezar la casa por el tejado. La revitalización de la defensa española sólo será sostenible si se basa en criterios estratégicos y de seguridad nacional. Esto requeriría una mayor inversión en “cultura estratégica” y en el desarrollo de una infraestructura intelectual que eleve el conocimiento en materia de defensa y asuntos estratégicos en España.
- España dispone de ventajas geográficas, industriales y operativas para liderar en ámbitos como la defensa aérea, los misiles, el ámbito naval y submarino o la protección de infraestructuras críticas, todos ellos fundamentales tanto a la hora de reforzar la disuasión en Europa del este como de avanzar los objetivos estratégicos de la defensa específicos de España. Aprovechar –y preservar– estas ventajas requieren una reflexión profunda sobre cómo la proliferación de tecnologías de precisión de bajo coste afectaría a estos ámbitos operativos prioritarios para España, canalizar inversiones hacia dichos ámbitos y ejercer un mayor liderazgo en dichos ámbitos dentro de la Alianza Atlántica y la Unión.
Análisis
1. La defensa, una prioridad estratégica euro-atlántica y española
La defensa se ha convertido en una prioridad tanto en Europa como en España. El auge en la importancia de los asuntos de defensa se explica por el repunte de la rivalidad geoestratégica interestatal, tanto a nivel global –sobre todo entre Estados Unidos (EEUU) y China– como regional, tal y como evidencia la guerra en Ucrania.[1]
La agresión rusa a Ucrania, su persistente amenaza sobre Europa (tal y como reflejan sus recientes violaciones del espacio aéreo de varios países aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN) y la incertidumbre respecto al compromiso de la Administración Trump con la seguridad euro-atlántica han (re)avivado el debate sobre si Europa puede defenderse a sí misma[2] o mantener Ucrania a flote.[3]
En su reciente cumbre en La Haya a finales de junio de 2025, los líderes de la OTAN acordaron elevar su gasto de defensa hasta el 3,5% del PIB en un plazo de 10 años, en respuesta a la presión de la Administración Trump.[4] Además, los aliados acordaron también destinar un 1,5% del PIB a seguridad, protección de infraestructuras críticas, resiliencia civil e innovación, reflejando el creciente peso de las amenazas híbridas y cibernéticas.
Por su parte, la Unión Europea (UE) ha identificado la defensa –y la seguridad– como una prioridad de primer nivel y ha puesto en marcha una serie de instrumentos financieros e iniciativas industriales con el fin de incentivar la cooperación europea en materia de (industria) de defensa y de revitalizar la base industrial y tecnológica de la defensa europea.[5]
2. La posición de España ante el aumento del gasto en defensa
España, sin embargo, se desmarcó del consenso sobre el 3,5% acordado en la cumbre de La Haya, esgrimiendo principalmente dos argumentos:
El primero es que la solidaridad aliada no puede limitarse a una cifra de gasto (input), sino que hay que tener en cuenta otros criterios fundamentales, como la generación de capacidades militares (output) y la contribución real a operaciones e iniciativas OTAN.[6] En este sentido, los sucesivos despliegues españoles de cazas, buques y baterías de misiles defensivos españoles en el flanco oriental de la OTAN, su participación en la misión “centinela del este” (lanzada tras las recientes violaciones rusas del espacio aéreo aliado) y su compromiso con Ucrania atestiguan la solidaridad española y su voluntad de contribuir a contrarrestar amenazas compartidas.
El segundo argumento es que España ya ha dado pasos significativos para aumentar su inversión en defensa. En abril de 2025, el presidente del gobierno anunció nuevas inversiones que situarían el gasto español en defensa por encima del 2% del PIB.[7] Si bien el Ejecutivo no descarta futuros aumentos, considera que un nivel ligeramente superior al 2% sería suficiente para cumplir los Objetivos de Capacidad acordados por los ministros de Defensa de la OTAN tan recientemente como a principios de junio de 2025.
Aun así, algunos aliados siguen considerando insuficiente el esfuerzo español y sostienen que el acuerdo del 3,5% alcanzado en La Haya debería vincular también a España.[8] Más allá del debate sobre cifras, la cuestión clave es: ¿cómo debe España orientar esa inversión creciente en defensa?
3. Invertir sí, pero con criterio estratégico
Gran parte del debate político y mediático en España se ha centrado en los beneficios económicos, sociales e industriales asociados con la inversión en defensa. A menudo se habla de la inversión en defensa como impulso a la innovación, al empleo y a la competitividad tecnológica.[9] Si bien estos beneficios son reales, no deben ser el punto de partida. Justificar el gasto en defensa con argumentos industriales y sociales es un arma de doble filo: si el objetivo es económico, ¿por qué no destinar esos fondos a otras áreas más rentables desde ese prisma?
El esfuerzo constante por justificar la inversión en defensa en términos económicos, sociales, tecnológicos e industriales vendría seguramente explicado por la falta de cultura estratégica en España. Para que el actual proceso de transformación y revitalización del sector de la defensa sea efectivo, España debe invertir en su propia infraestructura intelectual en materia de defensa y asuntos estratégicos.
A diferencia de otros países europeos –como Francia, el Reino Unido, Polonia y Finlandia–, España carece de una masa crítica de expertos civiles en seguridad y defensa más allá del estamento militar. Este hecho estaría alimentado tanto por la escasa sensibilidad de la opinión pública española hacia los asuntos estratégicos y su preocupación por asuntos de índole interna, así como por la tradicional preocupación de nuestras élites políticas, diplomáticas e intelectuales por ser percibidas como aliados o socios “constructivos”, lo cual desincentiva el pensamiento propio y la reflexión sobre los intereses nacionales. Si se quiere canalizar eficazmente el aumento del gasto, será por tanto imprescindible acompañarlo de inversión sostenida en formación, talento, conocimiento y debate estratégico independiente, sobre todo en el ámbito civil.
En última instancia, la revitalización de la defensa española sólo será sostenible si se basa en criterios estratégicos y de seguridad nacional. De lo contrario, se corre el riesgo de empezar la casa por el tejado, dejando que objetivos industriales, políticos y económicos condicionen decisiones sobre capacidades militares con implicaciones críticas, lo que podría derivar en soluciones subóptimas desde el punto de vista operativo.
4. Solidaridad euro-atlántica y defensa nacional: un equilibrio necesario
Se suele argumentar que, debido a su ubicación geográfica, España no percibe la amenaza rusa con la misma intensidad que los países del este. Su prioridad estaría en el sur y en problemas de seguridad más difusos, no estrictamente militares. Esto explicaría por qué cuesta tanto anclar el debate en argumentos de defensa nacional.
Ahora bien, también existe un amplio consenso en que la prosperidad, estabilidad y seguridad de España dependen de la estabilidad europea. Según la última oleada del Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE) de julio de 2025, tres cuartas partes de los entrevistados (75%) creen que Europa debe seguir enviando apoyo militar a Ucrania y más de la mitad (52%) opinan que la propia España debe enviar tropas para garantizar la seguridad en Ucrania. Esto supone un porcentaje muy alto si se tiene en cuenta que los españoles son habitualmente reacios al uso de la fuerza militar en cualquier circunstancia. La noción de que Ucrania representa la primera línea de contención frente al revisionismo ruso parece por tanto haber calado en la opinión pública española. Este hecho justificaría el compromiso español con Ucrania y con el este.[10] Dicho eso, ante la pregunta de qué país puede ser una amenaza para España la mayoría de los entrevistados identifican a Marruecos (55%) sobradamente por encima de Rusia (33%), lo cual es especialmente llamativo si tenemos en cuenta la estabilidad de las relaciones con el primero y la beligerancia del último. Esta tradicional fijación con el vecindario sur –donde los desafíos de seguridad tienden a percibirse en términos de amenazas híbridas y no militares– limitaría el margen político de España a la hora de priorizar la defensa.
El camino español hacia la revitalización de la defensa debería por tanto concebirse como una búsqueda de un (difícil) punto de equilibrio: entre, por un lado, la solidaridad con los aliados europeos y atlánticos, y por otro, la atención a las prioridades estratégicas propias. Ese equilibrio requiere dos líneas de acción complementarias:
a. Identificar aquellas capacidades militares, industriales y tecnológicas que aporten valor a la seguridad de Europa del este (amenazas compartidas), pero que también sean útiles para la defensa nacional. Es decir, priorizar capacidades fungibles.
b. Asegurarse de que los programas e iniciativas europeos (tanto de la OTAN como de la UE) refuercen las capacidades prioritarias de España, evitando dispersar recursos en capacidades y proyectos con escaso valor desde el punto de vista nacional.
Esto requiere abordar una pregunta clave: ¿cuáles son las prioridades estratégicas de España en el ámbito de la defensa?
5. Tres grandes ejes estratégicos de la defensa española
Podríamos identificar tres grandes ejes o prioridades de defensa nacional, a modo de círculos concéntricos y por orden de importancia:[11]
a. Garantizar la disuasión de forma autónoma en los espacios de soberanía[12] requiere mantener una ventaja militar y tecnológica frente a cualquier actor del norte de África, sobre todo en los ámbitos aéreo y de misiles. Esto exige invertir en superioridad aérea, misiles ofensivos y defensivos, sistemas avanzados de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), guerra electrónica y ciberdefensa y superioridad en el ámbito submarino.
b. Capacidad de proyectar poder en el “eje marítimo de proyección estratégica española”, que se extendería hasta el Caribe en su extremo atlántico y cubriría la costa occidental africana en su totalidad (hasta el canal de Mozambique en el sur de la costa índica africana), el Mediterráneo, el mar Rojo y el extremo noroccidental del océano Índico.[13] Esto resalta la importancia de las capacidades aeronavales, anfibias y, sobre todo, submarinas. Cabe además incluir aquí el cinturón sahel-sahariano (Mauritania, Malí, Níger), que constituye una suerte de “patio trasero” que da profundidad estratégica a partes del eje marítimo y puede por tanto generar inseguridad en el mismo. En lo que a este último espacio se refiere, el ámbito principal de proyección serían las capacidades o fuerzas de Operaciones Especiales y de reforma del sector de seguridad.
c. Conciencia situacional y capacidad de proyección estratégica residual global, más allá de los dos primeros círculos, normalmente en el contexto de una coalición o marco multilateral o en colaboración con socios preferentes.[14] Cabe destacar aquí que el hecho de que el centro de gravedad estratégico mundial se esté desplazando al eje marítimo Indo-Pacífico implica que buena parte de lo que ocurra dentro del eje marítimo de proyección estratégica española se cocinará más allá. En este sentido, aunque España no pueda priorizar el eje Indo-Pacífico, sí debe asegurar cierto nivel de acceso, presencia y vínculos en esa región. Esto implica reforzar la colaboración con EEUU, Francia, el Reino Unido, Japón, la India, Corea del Sur y Australia. La tendencia de EEUU a estructurar la cooperación naval industrial en torno al Indo-Pacífico (vía AUKUS o acuerdos navales con Corea del Sur y Japón) exige a España buscar fórmulas para integrarse en esos clústeres industriales y tecnológicos, dado su interés en la excelencia operativa y tecnológico-industrial en el ámbito naval. En este sentido, la cooperación industrial con Australia en el ámbito naval representaría una base sólida para reforzar nuestra presencia en la región indo-pacífica.
Partiendo de estos supuestos, urgiría identificar cómo puede España contribuir a la disuasión en el flanco este (amenazas compartidas) de forma que sea coherente con esas tres prioridades estratégicas propias (amenazas no compartidas o a las que España asigna un nivel de prioridad mayor que buena parte de sus socios y aliados).
6. Capacidades fungibles o polivalentes: contribuir al este sin descuidar el sur
La contribución española a la disuasión en el flanco este debería por tanto priorizar acciones operativas y capacidades que sean fungibles, es decir, útiles tanto a la hora de reforzar la seguridad colectiva en Europa como desde la óptica de los tres grandes ejes de la defensa nacional identificados arriba. Este enfoque permitiría evitar duplicidades o inversiones que desvíen recursos de las amenazas no compartidas y las prioridades propias españolas.
Esta reflexión no afecta sólo a las capacidades materiales, sino también al ámbito de las operaciones, que deviene fundamental desde el punto de vista de la experiencia y efectividad. Despliegues navales en el mar Negro y el Báltico, o el uso estratégico de submarinos en el Atlántico, permitirían a España operar en entornos exigentes y altamente competitivos, reforzando así competencias en ámbitos directamente vinculados con sus intereses. Al mismo tiempo, estos despliegues permitirían a España tener “ojos y oídos” sobre el terreno, procesar lecciones operativas e innovaciones tecnológicas surgidas en el frente de Ucrania y en el este de Europa.
El equilibrio entre solidaridad con los aliados y la defensa de las prioridades nacionales pasa por identificar capacidades fungibles o polivalentes, que sirvan para ambos fines. De ahí que las capacidades clave para España deban ser aquellas que aporten valor tanto al esfuerzo colectivo: defensa aérea y antimisiles, misiles ofensivos, poder aéreo de última generación (con énfasis en plataformas furtivas), drones, capacidades navales avanzadas (incluido en el ámbito submarino), ciberdefensa, Fuerzas de Operaciones Especiales y un refuerzo sostenido en municiones y municiones guiadas de precisión. Estas capacidades formarían el núcleo de una estrategia coherente, alineada con las tres grandes prioridades españolas señaladas anteriormente. Priorizar capacidades fungibles reportaría un beneficio doble: contribuir a los objetivos de defensa nacional de España y generar capital político y diplomático, tanto en el marco de la OTAN como en el de la UE.
Cabe aquí tener en cuenta que el crecimiento de las tecnologías comerciales disponibles para aplicaciones militares está provocando la proliferación de capacidades de ataque de precisión de bajo coste y, en particular, los drones o sistemas autónomos. Esto significa que, en lugar de buscar simplemente un número reducido de capacidades altamente sofisticadas, costosas y precisas, los ejércitos están volviendo a apostar por la masa. En este sentido, Michael C. Horowitz –ex secretario de Defensa adjunto para el desarrollo de la fuerza y las capacidades emergentes estadounidense– ha definido un novedoso paradigma al hablar de una nueva era en la que convergen la precisión y la masa.[15] El creciente protagonismo de los drones tanto en la guerra en Ucrania como en el contexto de las recientes incursiones rusas en el espacio aéreo OTAN avalaría esta nueva realidad. Tanto la Alianza Atlántica como la UE han reconocido esta nueva realidad estratégica, caracterizada por la combinación de las tecnologías de precisión con la proliferación de sistemas autónomos de bajo coste, así como el hecho de que las capacidades de defensa aérea y antimisiles occidentales y europeas no están optimizadas para afrontarla. Concretamente, el hecho de que los europeos deban activar sofisticados cazas F-35 y utilizar misiles de un coste aproximado de un millón de euros para derribar drones de gomaespuma rusos con un coste de unos 1.000 euros coloca a Occidente en una situación insostenible.[16]
En este sentido, el comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, ha resaltado recientemente la importancia de detectar y derribar drones e invertir para ello en el desarrollo de sensores acústicos (siguiendo el ejemplo de Ucrania) y la introducción de láseres para derribar aviones no tripulados a un coste mínimo.[17] En un espíritu similar, el general de brigada finlandés Jyri Raitasalo ha abogado también recientemente por la importancia de desarrollar soluciones cinéticas y no cinéticas para contrarrestar la amenaza que supone la proliferación de drones de bajo
