Quito, 10 de octubre de 2025. Las organizaciones abajo firmantes condenamos enérgicamente el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Ecuador frente a las protestas sociales que comenzaron hace una semana en distintas provincias del país. Exigimos al Estado ecuatoriano cesar de inmediato la violencia y adoptar medidas urgentes para prevenir mayores violaciones a los derechos humanos.
Las protestas surgieron como expresión del descontento ciudadano ante la inseguridad, la crisis económica y la falta de respuesta estatal a demandas sociales legítimas. Sin embargo, la reacción del Estado ha sido marcadamente represiva. Se desplegaron convoyes militares y policiales en respuesta a las manifestaciones, incluido uno de más de 100 vehículos que salió de Quito hacia Imbabura el 28 de septiembre encabezado por los ministros del Interior y de Defensa. Se intervinieron Fuerzas Armadas en funciones de control de orden público —una tarea que normalmente no les corresponde— y se utilizó fuerza desproporcionada con armas de fuego.
Según el monitoreo de la Alianza por los Derechos Humanos, hasta la fecha se registran 252 vulneraciones de derechos humanos, 124 personas heridas y una víctima fatal ocurrida en el marco de la represión estatal. Aunque las cifras oficiales refieren 111 personas detenidas, la Alianza ha documentado 101 detenciones arbitrarias y, al menos, 12 personas que sufrieron desaparición forzada de corta duración, entre ellas, una persona con discapacidad. En Cotacachi, Otavalo y La Esperanza se denunciaron cortes de internet y telefonía, una forma de censura que impide que manifestantes, comunicadores y defensores de derechos humanos se comuniquen y denuncien violaciones. Además, se han documentado detenciones masivas, procesos judiciales sin garantías, desinformación, bloqueo de cuentas bancarias, criminalización a operadores de justicia, personas defensoras y periodistas, y deportaciones sumarias.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha expresado su alarma por la escalada de violencia en Ecuador y ha hecho un llamado urgente al diálogo entre el Estado y los sectores movilizados, enfatizando la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos y la vida de todas las personas involucradas. Asimismo, recuerda que es una obligación estatal investigar el uso ilícito de la fuerza y que las fuerzas militares no están formadas para tareas de seguridad ciudadana.
Recordamos que la protesta pacífica es un derecho fundamental, estrechamente vinculado con la libertad de expresión, reunión, asociación y participación pública. Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar su ejercicio, lo que incluye asegurar condiciones seguras para la movilización, facilitar convocatorias en línea y proteger la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El uso de la fuerza solo es legítimo si cumple con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad (limitando su uso a lo estrictamente necesario y proporcional al riesgo), y la participación de las fuerzas armadas en control del orden público contradice estándares internacionales y aumenta el riesgo de graves violaciones.
Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes exigimos al Estado ecuatoriano a cesar de inmediato el uso de la fuerza desproporcionada, garantizar la protesta pacífica y abrir espacios de diálogo genuino con la sociedad movilizada. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, incluida la CIDH y la ONU, a condenar la represión, requerir información oficial y realizar visitas de verificación en terreno para constatar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos.
Firman:
Internacionales
Centro de Derechos Reproductivos
CIVICUS Alianza Global
Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
International Service for Human Rights (ISHR)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Regionales
Amnistía Internacional Oficina Regional de las Américas
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Regional
Grupo de pueblos indígenas de la ILC-ALC – América Latina y el Caribe
Plataforma de Defensores y Defensoras de la Tierra – ILC – América Latina y el Caribe
Plataforma Mujeres y Derechos a Tierra y Territorios de la ILC LAC – América Latina y el Caribe
Plataforma Regional De Agricultura – América Latina y el Caribe
Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe – América Latina y el Caribe
Red Territorios de Vida TICCA Latinoamérica (ICCA Consortium) – América Latina
Locales
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS – Bolivia
Environmental Defender Law Center – Brasil
Corporación Humanas – Chile
Observatorio Ciudadano – Chile
Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) – Colombia
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) – Colombia
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) – Colombia
Coalición Nacional Por la Tierra Ecuador – Ecuador
Movimiento Mujeres Luna Creciente – Ecuador
Manuel Eduardo Peralta Antamba – Ecuador
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador
Runa Ayllullakta Comunidad Amazónica Cordillera de Cóndor Mirador – Ecuador
Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador – Ecuador
Fundación Hermandad Integrada por la Solidaridad del Inmigrante (FHISI) – Ecuador
Fundación Arupo – Ecuador
Amazon Frontlines – Estados Unidos
Fundación para el Debido Proceso (DPLF) – Estados Unidos
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) – Estados Unidos
Robert F. Kennedy Human Rights – Estados Unidos
Central de organizaciones indígenas maya Ch’orti’ Nuevo Día – Guatemala
Red de Mujeres del Trifinio HOSAGUA Guatemala – Guatemala
Centro Jurídico por los Derechos Humanos – Honduras
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación – Honduras
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – Mesoamérica
Consultora Solidaria – México
Mujeres Indígenas por ciarena – México
Fundación para la Justicia – México
Movimiento Autónomo de Mujeres – Nicaragua
Congreso General indigena Maje Embera Drua – Panama
Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco – Paraguay
Asociación Pro Derechos Humanos – Peru
Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra – Perú
DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – Perú
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD) – Perú
Fundación Étnica Integral – Republica dominicana
Mesa nacional para las migraciones y refugiados en República Dominicana (MENAMIRD) – República Dominicana
Articulación Nacional Campesina (ANC) – República Dominicana
