El acceso a la vivienda en Navarra se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos de la Comunidad. Existe mucha demanda y poca oferta. En 2024 hubo casi 8.000 solicitudes para comprar una vivienda protegida. 8.000. ¿Y saben cuánta oferta hubo por parte del Gobierno? Solo 158 viviendas, lo que deja un ratio de cobertura entre lo que la ciudadanía demanda y lo que el Gobierno oferta, de un 2%. En el caso del alquiler, la situación resulta todavía más sangrante: más de 17.000 solicitudes frente a 77 viviendas ofertadas, una cobertura de solo el 0,4%.
Además Navarra, que históricamente lideraba la promoción de vivienda protegida, ha perdido posiciones respecto al resto de comunidades autónomas. Los datos demuestran que el problema no radica en la falta de demanda, que la hay y cada vez más, sino en la escasa promoción pública y en la ausencia de suelo urbanizable asequible.
Ante este escenario, la Comunidad Foral ha optado por declarar zonas tensionadas para topar los precios del alquiler, una propuesta que puede generar titulares, pero no viviendas. Se ha demostrado que limitar precios sin aumentar la oferta, como se ha hecho en otras poblaciones, como por ejemplo Barcelona, solo desincentiva la inversión y reduce todavía más el parque de vivienda disponible, agravando el problema que se pretende resolver.
Si Navarra quiere de verdad garantizar el derecho efectivo a la vivienda necesita un plan estable de promoción pública que ponga a disposición más suelo urbanizable, seguridad jurídica para el sector privado y una colaboración público-privada real. Solo así se podrá aumentar el número de viviendas disponibles y contener, pero no por decreto ley, los precios. Porque topar precios no levanta viviendas; la promoción y la inversión, sí lo hacen.
