David Martínez, director del Área de Sostenibilidad del Institut Cerdà
Este mes de octubre se han conmemorado dos efemérides que nos interpelan directamente: el Día Mundial del Ahorro de Energía (21 de octubre) y el Día Internacional contra el Cambio Climático (24 de octubre). Aunque reducir consumo y emisiones sigue siendo imprescindible (especialmente en sectores como el de la edificación, que representa alrededor del 25 % de las emisiones en un parque envejecido y poco eficiente), la realidad climática impone una prioridad inmediata: adaptar nuestras infraestructuras y equipamientos a un contexto que ya está cambiando. En las últimas décadas, los fenómenos meteorológicos extremos (tempestades, olas de calor, ventoleras o las DANA) son más frecuentes e intensos, alterando el funcionamiento de redes e instalaciones públicas. A nivel mundial, estos desastres se han multiplicado por cinco en cincuenta años y han causado más de dos millones de muertos (Observatorio de riesgos para las empresas en España, Institut Cerdà) y en el Estado español, el aumento de las olas de calor y las DANA sitúa el país entre los más vulnerables.
El episodio de la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia ejemplifica los riesgos crecientes que afrontamos. En tan solo ocho horas se registraron hasta 491 litros/m², el equivalente a un año entero de precipitación. Provocó más de 200 víctimas mortales, un daño irreparable; decenas de miles de personas se quedaron sin electricidad e interrumpió gravemente el transporte y las comunicaciones. Los impactos fueron generalizados: las redes eléctricas y de gas sufrieron daños estructurales, las carreteras y vías ferroviarias quedaron intransitables, los centros logísticos y zonas industriales debieron cesar su actividad, las redes de agua y telecomunicaciones se vieron saturadas y las instalaciones de gestión de residuos quedaron desbordadas por la cantidad de materiales acumulados.
Este episodio ilustra como un único fenómeno puede afectar simultáneamente múltiples sistemas esenciales (energético, logístico, hidráulico y digital), poniendo a prueba la resiliencia global del territorio y evidenciando la necesidad de una planificación integrada de todas las infraestructuras y equipamientos. Estas realidades. Estas realidades evidencian que los límites de tolerancia de muchas infraestructuras pueden ser superados y que los costes de reparación e interrupción son elevados. Además, las condiciones climáticas extremas pueden alterar la planificación de servicios esenciales: por ejemplo, la menor disponibilidad de agua o cambios en el régimen de vientos incrementan la dependencia del gas y modifican los patrones de consumo.
En este contexto, la sensibilización institucional y empresarial está creciendo. La Directiva (UE) 2022/2557 recuerda que la intensificación de los fenómenos extremos reduce la capacidad y la vida útil de las infraestructuras y obliga a los estados miembros a disponer de una estrategia para reforzar la resiliencia de las entidades críticas. Paralelamente, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 insta no solo a las administraciones, sino también a las empresas de servicios, operadoras de infraestructuras y sectores industriales, a identificar sus riesgos y vulnerabilidades y a desarrollar planes de adaptación específicos.
La adaptación no puede ser solo gestionada por el sector público. Para las empresas, adaptarse no es únicamente una responsabilidad ambiental, sino una decisión estratégica: garantiza la continuidad de la actividad, reduce los costes asociados a interrupciones o daños y mejora su competitividad ante un contexto climática cada vez más incierto.
Así, la adaptación debe entenderse como una política transversal que integra la planificación territorial, la gestión de los recursos naturales, el mantenimiento de infraestructuras, la salud pública, la logística y la protección civil. Administraciones y sector privado deben anticiparse al aumento de los fenómenos extremos e incorporar criterios de adaptación en sus inversiones y operaciones.
Con cuatro décadas de experiencia, el Institut Cerdà resulta un aliado estratégico para administraciones y empresas que quieren dar respuesta a los impactos crecientes del cambio climático y transformarlos en conocimiento útil y proyectos tangibles. Nuestra trayectoria nos permite transformar la experiencia y el análisis en recomendaciones operativas, que ayuden a priorizar decisiones y a garantizar la coherencia con las estrategias europeas y estatales. El reto no es adaptarse a las normas, sino a la realidad: un entorno climático que evoluciona rápidamente y que pone a prueba la capacidad de los territorios y de sus infraestructuras.
La adaptación climática debe abordarse como un ejercicio de análisis y planificación continua, más que como una secuencia cerrada de fases. En primer lugar, es esencial entender el contexto climático y territorial (lluvia torrencial, calor extremo, viento, tormentas) y prever cómo evolucionarán estos fenómenos en diferentes escenarios futuras. Esta visión permite anticipar los puntos críticos y evaluar la rentabilidad de una acción preventiva ante la inacción.
Asimismo, debe analizarse como los riesgos afectan al conjunto del territorio, las actividades y las infraestructuras (tanto en el diseño como en la operación y el mantenimiento) para comprender la interdependencia entre servicios, entornos urbanos, sectores económicos y espacios naturales. La experiencia acumulada demuestra que las alteraciones climáticas pueden modificar la durabilidad de los materiales, la frecuencia de incidencias y la capacidad de los sistemas de respuesta, pero también la continuidad de actividades esenciales y la cohesión del territorio ante situaciones de emergencia.
Ello debe permitirnos cumplir con el principal objetivo: la definición de medidas adaptativas que nos preparen de la mejor manera posible ante la situación climática. No siempre se precisa de grandes inversiones: la eficacia a menudo reside en medidas preventivas concretas (reforzar estructuras, mejorar el drenaje, introducir redundancia de servicios, renaturalizar espacios o prever puntos de almacenaje de residuos de emergencia).
Todos los indicadores apuntan en la misma dirección: sabemos qué está pasando y sabemos que irá a peor. La única (o mejor) opción es prepararse. Parafraseando a Séneca, “la suerte es lo que sucede cuando la preparación coincide con la oportunidad”; en contexto climático, la suerte será haber adaptado nuestras infraestructuras cuando llegue el próximo episodio extremo.
La conmemoración de este octubre nos recuerda que reforzar la resiliencia no es solo una cuestión opcional, sino una necesidad para la salud, la seguridad y la competitividad de los territorios. Adaptarnos al cambio climático implica anticipar riesgos, planificar escenarios y desplegar medidas que aseguren la continuidad de los servicios y reduzcan los impactos humanos y económicos.
Cada iniciativa de adaptación es una inversión en seguridad, sostenibilidad y futuro. Desde el Institut Cerdà podemos acompañar en este camino, aportando metodología, experiencia y una visión integral que transforma la vulnerabilidad climática en oportunidad.
