Se está hablando mucho de vivienda estos días, porque su construcción es crítica para nuestra sociedad. Hace unas semanas el Gobierno de Navarra informó de que proyecta un nuevo barrio en Sarriguren, en la Comarca de Pamplona, con 5.000 viviendas, zonas verdes, servicios públicos de educación, sanidad, deporte, cultura, asistencia y mejoras en movilidad, accesos e infraestructuras de comunicación. Una muy buena noticia, dada la escasez de vivienda que sufre nuestra tierra, aunque aún tardaremos varios años en que se materialice. Parece ser que la inmensa mayoría de estas viviendas serán de protección oficial y el Consejero de Cohesión Territorial ha señalado que “quiere garantizar que sea un proyecto real, factible y de éxito” ¡Ojalá sea así! Pero para ello, además de la construcción propiamente dicha, resulta necesario que el proyecto de nuevo barrio en Sarriguren y cualquier otro que se genere no sólo facilite la vivienda sino que promueva la convivencia futura entre su vecindario. Una sociedad más homogénea -como lo era antes- no necesitaba planes de convivencia: así ha ocurrido en los anteriores desarrollos urbanísticos de finales del siglo pasado y principios de éste. Ahora, como señala el mismo Gobierno de Navarra en las bases de su Plan de Convivencia, surgen nuevos desafíos que tienen que ver con la creciente pluralidad en lo cultural, lo identitario, lo ideológico, lo intergeneracional, la diversidad de origen, de lenguas, religión…
A esta creciente pluralidad hay que sumar que nuestra sociedad está cada vez más crispada, fruto del interés político de revolver el río para ganancia propia y de que dicha sociedad no soporta fácilmente frustraciones ni críticas. En 2024, el 27 % de las bajas médicas se atribuyó a problemas de salud mental: 4 puntos más que en 2023 y subiendo. La violencia verbal, desprecios, vejaciones e insultos al contrario o negación de derechos al diferente son constantes. A partir de ahí, hace falta muy poco para que estalle la violencia física. La vimos hace unos días en nuestro barrio de Iturrama y la tenemos en los problemas de convivencia en los patios de las escuelas o en los atracos y peleas a cuchilladas en Navarra: se contabilizaron 262 robos con violencia en el primer semestre de este año.
Nos encontramos con la necesidad de poner en marcha actuaciones que nos permitan sentirnos amparados en esa convivencia pacífica y ordenada propia de nuestra tierra. Es misión de los poderes públicos estar alerta y poner en marcha sistemas para prevenir o actuar inmediatamente antes de que el conflicto esté fuera de control, produzca daños y tenga que resolverse con la intervención policial, judicial… o con la ley del más fuerte. Esto, en cualquier ámbito. Gestionar los conflictos con previsión no solo evita crisis, sufrimiento y costes, sino que impulsa una cultura basada en el respeto, el diálogo y la escucha para construir entornos capaces de adaptarse a los cambios y hacer frente a los nuevos retos derivados de la diversidad.
Por todo ello, a la vez que esta acción urgente del “ahora”, como señalaba el Gobierno foral, se hace necesario estar muy atentos a los “nuevos” desafíos que ponen en riesgo esa convivencia. Nuestro sustrato cultural y las reglas normativas que nos hemos dado para organizar nuestra sociedad nos otorgan el derecho a esperar de los poderes públicos su defensa y la promoción de nuestro modelo social. Somos sociedad de acogida y tenemos derecho a eso. Y esto frente a eslóganes fáciles de vender pero vacíos de contenido, propios de posiciones extremas. Seguro que ese modelo irá evolucionando con el tiempo con la asunción de nuevas tendencias sociales pero ese cambio será lento hasta que sea normalizado por la mayoría social.
Los poderes públicos deben ser proactivos y nunca permitirse, por falta de previsión o dejadez, restarle importancia. Y -mucho menos por ideología- poner en riesgo esa convivencia con su propia actuación. Así, un barrio debe reflejar la diversidad existente en nuestra sociedad sin que se creen guetos marginales o segregados donde se imponga un sustrato social o cultural diferente al que demográficamente es mayoritario. Los ejemplos de grandes urbes donde se ha permitido o promovido barrios en los que casi hegemónicamente predominan lenguas, religiones o procedencias minoritarias no son precisamente aleccionadores. Pasa lo mismo cuando en un pequeño barrio se concentra una población en situación o riesgo de marginación.
En el caso del nuevo barrio de Sarriguren seguro que conviene que las nuevas viviendas sean mayoritariamente de protección oficial. Pero seguro también que conviene afinar los requisitos y el baremo de adjudicación de esas viviendas para posibilitar en los futuros concursos (sobre todo para alquileres) la diversidad demográfica y social y que la juventud de ascendencia navarra no vea relegadas sus solicitudes frente a otras personas en un porcentaje que no representa la realidad social y demográfica de nuestra sociedad. Y así, en cualquier otro desarrollo urbanístico de futuro.
No querer ver ni actuar ante esta casuística es absurdo y contraproducente. La experiencia nos dice que los agravios comparativos, relegar a esta mayoría silenciosa o renunciar al sustrato cultural común, produce de rebote un posicionamiento radical, caldo de cultivo para creer en bulos o noticias fake y para atender discursos de odio que en nada facilitan la convivencia en la diversidad de este mundo globalizado que nos toca vivir.
