El sector asegurador cuenta con gran conocimiento, productos desarrollados, amplia concurrencia y mucha capacidad en Responsabilidad Medioambiental. Entonces, ¿por qué el seguro sigue adoleciendo de escasa contratación? Según los expertos, la falta de concienciación es su principal lastre. Y adolecen de ella no solo las empresas, sino también las Administraciones Públicas e, incluso, los mediadores. Además, las exenciones normativas están limitando el alcance de la póliza y su eliminación permitiría universalizar un producto cuyo impacto, de índole económico y reputacional, puede afectar a la continuidad de los negocios.
La evolución en los últimos años, sin embargo, ha sido positiva: “La exposición de partida es muy diferente; ahora hay mayor número de empresas que han contratado una póliza de Medio Ambiente”, aprecia José Luis Lorenzo, director técnico del Pool Español de Riesgos Medioambientales (PERM). Considera que se ha mejorado la mentalización de los empresarios respecto a su responsabilidad medioambiental desde que él empezara a suscribir este tipo de seguros en el año 2000, “aunque sigue siendo una gran desconocida”, lo que hace que todavía cueste vender y hacer ver las bondades del seguro de medio ambiente. Por eso, en el Pool les gusta hacer formaciones, tanto a empresas como a mediadores, a través de colegios o asociaciones, con la intención de popularizar el producto y que los empresarios perciban que, a pesar de no ser un seguro obligatorio, sino una garantía financiera, “las responsabilidades son cada vez más exigibles” y, además, se está apreciando en los últimos años un repunte de siniestralidad, tanto en frecuencia como en intensidad.
Coincide Jose Manuel Pérez, responsable de Responsabilidad Medioambiental de Berkley España, en que ha habido un desarrollo, pero “el cliente no acaba todavía de entender por qué tiene que tener este seguro”. Con todo, agradece que gracias a que en 2007 se transpuso a la normativa española la Directiva 2004/35 de 30 de abril, en la que se establece que los empresarios deben afrontar la responsabilidad medioambiental, las Administraciones Públicas empezaron a tener cierto conocimiento, pero no lo están transmitiendo del todo a las empresas: “En un momento dado, cualquier operador puede provocar un siniestro de contaminación o daño ambiental y puede verse abocado al cierre, porque no va a poder enfrentarse a la cuantía de ese posible daño ambiental que ha provocado”.
Cristina Molins, Risk Manager en Ferrer&Ojeda, también aprecia mayor concienciación, pero principalmente entre las empresas más grandes y las que tienen una actividad recogida en el Anexo 3 (que les obliga a un análisis de riesgos), “pero a las pymes o las industrias pequeñitas agrícolas o de servicios, que también tienen instalaciones que pueden provocar daños ambientales, les cuesta mucho más contratar un seguro”.
Jose Manuel Pérez se cuestiona que, en parte, es porque la ley no ha sido lo suficientemente clara para ciertas actividades, lo que ha hecho que muchos empresarios se desentendieran de realizar un análisis de riesgo medioambiental y, por ende, de contratar un seguro, porque ha podido referir la obligatoriedad a CNAE, que se utiliza para realizar estadísticas sobre actividad económica, social y medioambiental entre otras.
“Por eso es muy importante que mediadores y aseguradoras asumamos la responsabilidad de difundir, porque la administración en ese aspecto está fallando bastante”, añade Cristina Molins, que insta a los organismos públicos a que realicen más campañas informativas. “Cuando se conoce el riesgo y se visualiza es cuando realmente se puede entender el impacto que tiene un posible siniestro”, concluye.
Trabajo de concienciación
José Luis Lorenzo también incide en que debe ser un trabajo de todos el de mentalizar a los empresarios, que se escudan en no haber tenido nunca una reclamación de medio ambiente o contar con la cobertura de contaminación accidental en la RC General para no contratar un seguro de Responsabilidad Medioambiental. Desde el Pool de Riesgos Medioambientales trabajan en varios frentes y en grupos de trabajo que no son del sector asegurador, poniendo en valor la relevancia del seguro, detectando, en los últimos meses, una preocupación creciente de las Administraciones en relación con las exenciones recogidas en la legislación, dado que, cuando hay un incidente se preguntan quién lo va a pagar: “El mercado en general se ha equivocado en el mensaje con las exenciones, porque te exime de presentar un papel [por estar exento de tener una garantía financiera], no de la responsabilidad, cuando puede haber un importante daño económico y reputacional”. Además, que, como recuerda, existen herramientas de transferencia del riesgo, no es que el empresario esté desprotegido: “Hay mercado y se responde con coberturas cuando hay siniestros”, expone. Y destaca que uno de los aspectos que más le gustan de la ley no es el meramente reparador, sino el preventivo: “Se dan muchas herramientas para que las empresas tengan análisis de riesgos, conozcan su impacto medioambiental, los posibles incidentes y, a partir de ahí, que decidan qué quieren hacer”, precisa, para que sean conscientes del alcance de una exposición medioambiental, ya que mientras contratan pólizas como la D&O o la RC Patronal, porque ven más casos de siniestros, se olvidan de la de Medioambiental, ya que “no ven la inversión, sino el gasto”.
“Porque no quieren pagar más primas y creen que ellos no pueden contaminar”, ratifica Molins, que incide en la diferente concienciación que tiene una gran empresa y un operador pyme, “a los que cuesta mucho más venderlo”, ya que solo el hecho de que tengan que hacer el ARMA [Análisis de Riesgos Mediaombientales] les genera un gasto añadido. Además, reseña que las Administraciones Públicas son las más preocupadas por incidentes por contaminación, sin garantía financiera, especialmente sin seguro porque alguien lo tiene que pagar.
Lorenzo recalca, eso sí, que el análisis se puede hacer de manera interna, si se cuenta con un técnico en medio ambiente y a través de las tablas del Ministerio. “Nosotros intentamos hacerles ver a las empresas la importancia de que lo hagan, aunque les parezca que no tienen un potencial especialmente grande; que lo incluyan en su gestión del día a día de sus riesgos. No hay ninguna actividad de riesgo cero”, comenta.
Pérez protesta porque en el segmento pyme las administraciones públicas optan muchas veces por “una propaganda del miedo”, como en el caso de la Ley 7/2022 de suelos contaminados para una economía circular, que exige una garantía financiera o un seguro medioambiental a todos aquellos operadores que manejan más de 10 toneladas de residuo peligroso al año, pero el anexo III del RD 208/2022 que tienen que entregar a la administracion pone “Modelo de certificado de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros”, se debería aclarar que realmente es el daño a terceros a raíz de contaminacion o daño ambiental en el cuerpo del documento, garantizado en la Poliza de R Medioambiental, para diferenciarlo de la RC General, existiendo un conflicto, al querer las Aseguradoras aclarar lo que realmente cubre ese daño a terceros de la póliza de R. Medioambiental . A las empresas les dan 15 días hábiles para cumplir con esa normativa en muchos casos, lo que les supone una gran presión: “Así no se puede concienciar del riesgo que tenemos con temas de contaminación”, opina, a la vez que cree que la administración debería, dejarse asesorar por el gremio asegurador que lo vive todos los días, promover campañas “para hacernos a todos partícipes de que el medio ambiente que nos rodea es de todos y de nosotros depende que lo podamos mantener o no”. Además, manifiesta que muchas veces hasta las propias administraciones locales “están perdidas” en estos asuntos cuando realizan obras públicas, por lo que se requiere más pedagogía.
En este sentido, el director técnico del Pool Español de Riesgos Medioambientales (PERM) explica que las competencias medioambientales están transferidas a las comunidades autónomas, lo que es un problema añadido, porque no existe coordinación ni un registro centralizado: “Nosotros como sector no tenemos una guía, una documentación, una fuente de datos fiable del alcance de los incidentes, que nos ayudaría mucho”, indica.
Escaso conocimiento entre corredores
Este desconocimiento también se aprecia entre los propios corredores. La Risk Manager en Ferrer&Ojeda cree que tienen un papel muy difícil, porque son los que al final están en contacto directo con el cliente y los que tienen la obligación de explicarle realmente el riesgo que supone su actividad y que hay una manera de transferir ese riesgo, “porque la confianza la ponen en nosotros, que somos sus gestores y sus asesores”. Por ello, ve una necesidad que los corredores estén más formados y se lamenta de que no les llegan muchas jornadas formativas de este producto: “Si un mediador no sabe cómo explicar un producto no lo va a saber vender y si los clientes no lo conocen, al final no van a contratar”, recuerda. “Lo que nos gustaría es que se conozca el producto, que llegue a más clientes y que decidan si quieren o no transferir sus riesgos”, propone. Por eso, entendiendo que los empresarios quieren ahorrarse gasto, insta a la administración a implicarse más y hacer mayores campañas de concienciación, además de fomentar las sanciones a quienes no cumplan.
No obstante, “el régimen de responsabilidades es especialmente intenso y bastante duro”, incide José Luis Lorenzo, director técnico del PERM, “y, sin embargo, las empresas siguen muy tranquilas, sin saber realmente su exposición”. Por eso, cree que es fundamental el tema preventivo: “Es clave que primero hagan ese análisis y a partir de ahí decidan qué hacer, pero que interioricen el riesgo, porque la realidad es que sigue habiendo muchísimas empresas sin transferencia de riesgo”.
El responsable de Responsabilidad Medioambiental de Berkley España cree que existe un grupo muy reducido de corredores que saben más o menos cómo funciona el seguro de Responsabilidad Medioambiental, lo que se necesita para poder cotizarlo y emitir esa póliza, pensando que hay que solicitar al cliente que rellene un cuestionario de cada situación de riesgo actualizado. Sin embargo, muchos mediadores aún no entienden por qué el asegurado tiene que rellenar cuestionarios donde se describe las características del riesgo y se sitúa su ubicación, piensan que con que te digan la actividad y la facturación es suficiente: “Les cuesta mucho entender toda la idiosincrasia que se requiere para el seguro Medioambiental y nos cuesta mucho el que eso se entienda”, se lamenta, cuando para cubrir este tipo de riesgo es esencial conocer datos más allá de la actividad de la empresa, como las instalaciones, los materiales que emplean, residuos que generan, etc.
“El gran reto de los corredores no es vender más seguros de R Medioambiental, es poder explicar el riesgo medioambiental”, aprecia Cristina Molins, Risk Manager en Ferrer&Ojeda. “Y la administración es clave y no está haciendo su trabajo de concienciación”, inquiere.
Carácter preventivo
Con todo, fomentar el seguro Medioambiental como obligatorio no es una opción que desde el sector se vea factible. Nos solo porque “las empresas reaccionan mal con el tema de exigible”, sino que José Luis Lorenzo considera que lo que sí sería conveniente es hacerles ver el carácter preventivo de la ley y las herramientas tan potentes que existen: “Esta parte sí que es buenísima la ley, es fundamental para el análisis, el conocimiento de los riesgos medioambientales de cada empresa que al final es algo que están asumiendo en su día a día; creo que es importante que lo conozcan”, razona. “Cuando hay un siniestro y hay un seguro que funciona perfectamente, están encantados. Por eso el análisis de riego es una parte clave y hay que hacerlo más popular, más universal, y emplearlo”, zanja.
“Sí que es verdad que las empresas que realmente hacen un análisis de su riesgo mediante el ARMA o cualquier otro tipo de análisis, son las que están más concienciadas del riesgo que tienen, porque les abre un poco los ojos a conocer estos puntos críticos”, valora Cristina Molins, ya que de esa forma pueden implementar mejoras preventivas, están más preparadas si tienen inspecciones y pueden llegar a ver la necesidad de transferir su riesgo.
Pedro Serra, responsable de Líneas Financieras y Negocio Internacional de Ferrer&Ojeda, recalca que el ARMA sí que tiene un carácter obligatorio en las empresas de actividades del Anexo 3 por ley 26/2007: “Tienen que hacer el análisis de riesgo medioambiental para hacer la cuantificación de los daños y en función del importe de los mismos tienen o no que contratar la garantía financiera, pero no pueden escaparse de hacer un ARMA u otras metodologías que sectorialmente se han constituido”. Pero, incluso para las que no están obligadas, recomienda que se hagan en el caso de sociedades grandes y operadores industriales, “porque les ayuda a conocer mejor su riesgo”.
Para las pymes, Lorenzo menciona una herramienta sencilla para que conozcan sus riesgos y que está disponible en la página del Ministerio de Medio Ambiente de forma gratuita, en la que se pueden volcar datos empresariales y hay tablas de baremos, por lo que apremia a los brókeres a dársela a conocer a sus clientes. Pero reconoce que no la han sabido divulgar bien, y que facilitaría que las pequeñas empresas quisieran transferir sus riesgos, porque, además, las primas son baratas para las capacidades y límites que ofrece.
El problema que aprecia Molins es que las pocas pymes que están concienciadas, si hacen el análisis de riesgos y les sale una cifra alta por la que tienen que asegurarse, al final no quieren gastarse tanto en una póliza.
Mecanismos de análisis
José Manuel Pérez, responsable de Responsabilidad Medioambiental de Berkley España, pone en valor que si bien hay análisis de riesgos un poco más complejos promovidos desde el ministerio, como el MORA (Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental), que puede incluso requerir que el operador se lo encargue a un tercero, hay otros más sencillos como el MIRAT (Modelo de Informe de Riesgos Ambientales Tipo) que no generan tanto rechazo entre las empresas. “Pero volvemos a lo mismo, siempre hay esa falta de interés de la administración por hacer que el operador pueda usar estas herramientas que saca”.
Y eso que, como especifica el director técnico del PERM, cuando se transpuso la directiva en cada país el caso de España fue digno de estudio en la Unión Europea, porque fue pionera al establecer la monetización, y todavía hoy en muchos países preguntan “cómo hemos sido capaces de monetizar” los daños medioambientales a través del ARMA. Y eso que, él no comparte la tabla de las cuantías, porque le parecen muy barata en relación con los siniestros.
Pedro Serra constata que tienen en cartera algunas plantas químicas importantes que han hecho el ARMA y les sale un valor muy bajo para lo que se pudiera esperar y para los riesgos a los que se exponen. “De hecho, la pelea es muchas veces que nosotros como corredores les recomendamos ciertos límites, que pueden ser más altos de los que les han salido en el ARMA”, plantea.
Y es que, como recuerda José Luis Lorenzo, director técnico del PERM, la monetización del ARMA únicamente contempla la garantía financiera obligatoria de la ley medioambiental, la reparación primaria, que sería un 10% de costes de evitación o prevención, pero no hay gastos de defensa, no está la RC Contaminación gradual, no está la complementaria y compensatoria, no está la pérdida de beneficios… “Hay muchos otros aspectos que aumentan mucho las reclamaciones cuando hay un siniestro y que no se contemplan en los ARMA, por lo que hay que valorar muy bien las cuantías que te dan”, refiere.
En cualquier caso, Serra subraya que los corredores están para asesorar, pero no están capacitados para realizar el análisis de riesgo medioambiental: “Al igual que ocurre con la valoración de activos de una empresa, tiene que hacerlo alguna ingeniería externa o especialistas en plantilla. Ni siquiera la compañía de seguros puede asumir la responsabilidad profesional de hacer un ARMA porque no es su actividad”, recalca.
Complementar seguros
Sobre si se pueden complementar el seguro de Responsabilidad Medioambiental y el de RC por Contaminación, José Manuel Pérez explica que son diferentes, ya que la RC aplica Código Civil, mientras que la responsabilidad medioambiental es una ley administrativa. El problema es que las propias administraciones públicas les piden esa complementación, porque solicitan a las aseguradoras certificados que son de RC General, cuando se tiene una póliza de responsabilidad medioambiental.
Como relata José Luis Lorenzo, el trasfondo que hay es que realmente conviven las dos responsabilidades, la civil por contaminación y la medioambiental administrativa. “El mercado lo que ha ofrecido históricamente en las pólizas de RC General es una pequeña cobertura para la contaminación accidental, pero es daños a terceros, no hay daño propio, no hay gradual, o sea, que la porción de siniestros que puede cubrir la RC General por contaminación accidental es poco frente al ámbito de responsabilidades, que es como las compañías de seguros hemos intentado acotar el riesgo”, explica, a la vez que resalta que la responsabilidad administrativa no queda cubierta en esa RC. “El producto de Medio Ambiente es muchísimo más completo en coberturas, y el ámbito de responsabilidades es mucho más complejo de lo que te puede aportar una póliza de RC General. Pero el malentendido que hay con los clientes es que creen que su póliza de RC General les cubre todo eso; yo lo he escuchado y lo sigo escuchando”, se lamenta.
“Lo que sí está bien es que las compañías están ofreciendo dentro de un seguro de Responsabilidad Medioambiental, también la parte de la responsabilidad civil, por lo que lo completas, porque se tiene un seguro que cubre daños a recursos naturales y ambientales, por la vía administrativa y luego por la vía civil, daños a personas y bienes”, refiere el responsable de Líneas Financieras y Negocio Internacional de Ferrer&Ojeda.
Por eso, la Risk Manager en Ferrer&Ojeda destaca en este asunto e
