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El origen de esas afirmaciones es una publicación de El Debate que cuenta que presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) porque la Presidencia del Gobierno no cumplió con una resolución del Consejo de Transparencia (CTBG) para aclarar los costes y con quién más usó Pedro Sánchez residencias oficiales durante los 88 días que Presidencia admitió que estuvo de vacaciones entre agosto de 2020 y abril de 2023. Según la resolución del CTBG, Presidencia no respondió en plazo, por lo que El Debate reclamó y el Gobierno entregó de manera parcial la información en el plazo de alegaciones. El CTBG instó al Ejecutivo a entregar la información sobre los acompañantes por no justificar por qué no la entregaba, pero no instaba a entregar datos sobre los medios de transporte usados.
