La iniciativa reúne a representantes de organizaciones sociales, instituciones públicas, organismos internacionales y redes de defensa, convocados por un desafío común. En toda América Latina y el Caribe, las personas defensoras de los derechos humanos desempeñan un papel esencial en la democracia, la justicia y el desarrollo sostenible. Sin embargo, su labor se realiza en un entorno marcado por riesgos crecientes: la región se mantiene entre las más peligrosas del mundo para quienes defienden los derechos ambientales, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, de las personas LGBTIQ+ y la libertad de prensa.
El acto de inauguración contó con la participación de Carmen de Diego, coordinadora del Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo y Purificación Causapié, secretaria general de la Fundación Carolina.
Este taller se inscribe en los compromisos del II Plan Nacional de Derechos Humanos 2023-2027 y del Plan Director de la Cooperación Española, que priorizan la defensa de la igualdad, la libertad de expresión y la protección de quienes arriesgan su seguridad en favor de los derechos fundamentales. Asimismo, se integra en el Programa Democracia de la AECID, orientado a fortalecer los procesos democráticos y dotado de un mecanismo de apoyo a personas defensoras de derechos humanos, con especial atención a periodistas y defensores del territorio. Entre sus líneas de acción destacan el fortalecimiento de capacidades, la creación de redes de protección y la colaboración con actores institucionales y de la sociedad civil.
Durante tres días, los participantes compartirán experiencias, identificarán riesgos y buenas prácticas y trabajarán colectivamente en la elaboración de una hoja de ruta regional para mejorar la protección efectiva de las personas defensoras. Entre los objetivos del encuentro figuran: diagnosticar los principales riesgos y patrones de agresión en la región; intercambiar políticas públicas e iniciativas de referencia; mapear actores relevantes y oportunidades de colaboración; contribuir al diseño de sistemas de alerta temprana y formular recomendaciones para el avance de marcos normativos, políticas públicas y estrategias de cooperación.
