“Fortis cadere, cederé non potest”. El valiente puede caer, pero no puede ceder. Esta frase debería estar grabada a fuego en cualquier centro educativo. Pocas expresiones definen mejor lo que significa emprender. Emprender no es sólo crear una empresa o iniciar un proyecto profesional; es asumir riesgos, convivir con la incertidumbre y decidir avanzar cuando el camino no está claro o tiene dificultades. El emprendimiento tiene un valor esencial para cualquier sociedad que aspire a progresar. Son los emprendedores quienes transforman ideas en proyectos reales, generan empleo, dinamizan la economía y aportan soluciones a necesidades que muchas veces ni siquiera estaban identificadas. Sin embargo, pese a este papel clave, la figura del emprendedor continúa siendo una de las menos protegidas y, paradójicamente, una de las más exigidas.
Emprender es difícil. Las dificultades aparecen desde el primer día y no desaparecen con el tiempo. A la falta de financiación inicial se suma un entorno normativo complejo, cambiante y poco predecible. Pero si hay un obstáculo que destaca por encima de los demás es la carga impositiva, que en demasiadas ocasiones no acompaña al crecimiento del proyecto, sino que lo asfixia. Se exige al emprendedor contribuir como si ya hubiera triunfado, incluso cuando apenas está intentando sobrevivir.
Nuestro sistema no solo no favorece el emprendimiento, sino que a menudo parece penalizarlo. Los impuestos, las cotizaciones y los costes fijos llegan puntuales, independientemente de que el proyecto genere beneficios o incluso de que haya ingresos. El mensaje implícito es claro: el riesgo es individual, pero la recaudación es inmediata. Este enfoque, más centrado en exprimir que en impulsar, acaba desincentivando la iniciativa y empujando a muchos a no intentarlo o a abandonar antes de tiempo. La preferencia por gran parte de la población joven de querer optar a un puesto público es una consecuencia directa de todo esto. Por supuesto, es totalmente legítimo y comprensible. El sector público ofrece mucha más seguridad que el privado y, en bastantes ocasiones, mejores salarios. Pero una sociedad que progresivamente se va inclinando hacia esto debe analizar en profundidad las causas. El emprendedor aporta valor. Mucho valor. No solo en términos económicos, sino también sociales. Cada empresa que nace o autónomo que inicia un proyecto es una apuesta por el empleo, por la innovación y por la cohesión social. Los emprendedores sostienen gran parte del tejido productivo y, con él, los propios servicios públicos. Resulta paradójico que quienes más contribuyen al sistema sean, a menudo, quienes menos respaldo sienten por parte de las instituciones.
Además, el emprendimiento transmite valores que deberían ser referentes colectivos: esfuerzo, responsabilidad, constancia, capacidad de adaptación y resiliencia. Valores que no se decretan desde un despacho, sino que se construyen en el día a día, enfrentándose a decisiones difíciles y asumiendo las consecuencias. Revalorizar y realzar la figura del emprendedor no es una cuestión estética; es reconocer su papel estructural en la sociedad. Penalizar el fracaso es una forma eficaz de frenar la innovación. Este cambio de mentalidad debe comenzar desde la educación. Fomentar una cultura del emprendimiento en los colegios no significa formar empresarios precoces, sino enseñar a pensar, a asumir riesgos con criterio, a gestionar el error y a no depender siempre de que otros decidan por uno mismo. Con independencia de la trayectoria laboral que decida en el futuro cada estudiante, una sociedad que educa para emprender es una sociedad más libre, más crítica y mejor preparada. Si de verdad queremos progreso, empleo y bienestar, es necesario replantear cómo tratamos a quienes se atreven a emprender. Menos discurso y más coherencia. Porque no se puede pedir valentía constante a quien siente que cada paso adelante se castiga más que se recompensa.
