Un nuevo informe (en inglés) elaborado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y su organización miembro en Pakistán, la Human Rights Commission of Pakistan (HRCP), informa de la existencia de una corrupción generalizada y sistémica en todos los niveles del sistema judicial paquistaní, con graves implicaciones para los derechos humanos.
París, Lahore, 8 de julio de 2026. El informe de 32 páginas, titulado "Under the Bench: Mapping corruption risks in Pakistan’s justice system", [Bajo el estrado: mapeo de los riesgos de corrupción en el sistema judicial de Pakistán] detalla las múltiples maneras en que la corrupción, fenómeno endémico en el sistema judicial de Pakistán, repercute en la independencia y la eficacia del poder judicial, así como en su capacidad para celebrar juicios justos y proteger otras libertades fundamentales. En el informe se sugiere que existen indicios sobre el hecho de que, en el país, la corrupción ha alcanzado una escala sistémica y puede constituir gran corrupción.
"El presente informe muestra hasta qué punto la corrupción se encuentra arraigada en todos los aspectos del poder judicial, así como su efecto nocivo en el disfrute de los derechos humanos. Lejos de ser un delito sin víctimas, se ha demostrado que la corrupción de la justicia ha afectado seriamente al derecho a un juicio justo, especialmente cuando se trata de las personas más vulnerables, como las minorías", afirmó Shahindha Ismail, secretaria general de la FIDH.
El informe se basa en 30 entrevistas realizadas por la FIDH y la HRCP a juristas, periodistas, artistas de la sociedad civil, miembros de la academia y de la judicatura. Explica en detalle el modo en que la corrupción se manifiesta en el poder judicial, entre otros, mediante una deficiente administración de justicia, que da lugar a diversas formas de sobornos y corrupción, una dinámica cultural que conduce al favoritismo y al nepotismo, así como la erosión de la independencia judicial, que lleva a la captura de las esferas superiores del poder judicial. Observa el modo en que las recientes enmiendas de la constitución (26.ª y 27.ª) han diluido seriamente la independencia de la que anteriormente disfrutaba la judicatura, al modificar los nombramientos judiciales y ampliar los motivos de expulsión del cuerpo judicial. El informe también examina la falta de capacidad de los mecanismos actuales anticorrupción para asegurar la rendición de cuentas y disuadir de futuros actos de corrupción.
Entre otros temas, se analizan las repercusiones de la corrupción del poder judicial sobre los derechos humanos. Cabe señalar las infracciones del derecho al debido proceso y a la igualdad ante la ley, especialmente agudas cuando se trata de comunidades y minorías de bajos ingresos, el vínculo entre la corrupción y la incidencia de la tortura y la aplicación de la pena capital, así como el efecto de la corrupción sobre la igualdad de género en el marco de la profesión y el poder judicial.
"Erradicar los riesgos de corrupción en el poder judicial a todos los niveles exigirá mucho más que simplemente aumentar los salarios y beneficios de los miembros de la magistratura e instalar cámaras en los juzgados, es necesario comenzar a utilizar un enfoque integral para restablecer la independencia judicial y abordar los factores subyacentes que contribuyen a la existencia de prácticas inadecuadas y decisiones judiciales comprometidas", afirma el secretario general de la HRCP, Harris Khalique.
En el informe se formulan una serie de recomendaciones relacionadas con la corrupción judicial, entre otras, algunas destinadas a resolver las deficiencias en la administración de justicia, aumentar la transparencia, garantizar la rendición de cuentas para las personas responsables y proteger a quienes denuncien los hechos.
Leer el informe completo más abajo (solo en inglés).
