El transporte marítimo en España se encuentra ante una encrucijada decisiva: ya no basta con plantear la descarbonización como una aspiración, sino que ésta se ha convertido en una exigencia operativa y regulatoria. Por ello, la aprobación del Plan de Acción Nacional para la Descarbonización del Transporte Marítimo representa un paso relevante: se destinarán 250 millones de euros entre 2026 y 2030, financiados con los ingresos del régimen de comercio de emisiones (ETS), para apoyar la renovación de buques existentes, la construcción de nuevas unidades con bajas emisiones y proyectos piloto de combustibles renovables como el amoniaco o el metanol.
No obstante, este plan es solo el inicio de un proceso mucho más amplio. Según ANAVE, la dotación de 250 millones de euros apenas representa alrededor del 5% de lo que se estima que generará el ETS marítimo hasta 2030 (más de 5.000 M€). Esto deja claro que será imprescindible ampliar tanto el volumen de ayudas como su alcance. Además, no se trata solo de inversión en CAPEX, sino también de cubrir los costes operativos (OPEX) derivados del uso de combustibles más limpios, garantizar la producción nacional de combustibles renovables y asegurar que la recaudación del ETS se reinvierta efectivamente en el sector. Como señala Eugenia Sillero, secretaria general de Gasnam: “Celebramos la publicación del Plan porque supone un avance muy importante para el sector, pero este impulso solo será efectivo si va acompañado de un principio clave: que la recaudación del ETS marítimo vuelva al propio sector marítimo. Es imprescindible asegurar un retorno justo de esos recursos para que la transición pueda ser viable a nivel técnico, económico y operativo.”
En definitiva, España cuenta con ventajas competitivas claras (infraestructura portuaria avanzada, flota moderna y una cadena logística de bunkering en crecimiento), pero necesita un marco de apoyo sólido que permita transformar esas fortalezas en liderazgo real. La apuesta por el bioGNL, como combustible avanzado listo para escalar, refuerza esta visión. Los 250 M€ son un impulso relevante, pero no pueden ser el final del camino: la descarbonización marítima exige una hoja de ruta continuada y recursos suficientes, si se quiere que la transición energética sea competitiva, sostenible y genere oportunidades industriales y logísticas para el conjunto de la economía marítima española.
