Por Efrén Díaz Díaz
La baliza V16 conectada será obligatoria en España a partir del 1 de enero de 2026 como único sistema legal de preseñalización de averías y accidentes, sustituyendo definitivamente a los triángulos de emergencia. Su implantación responde a la necesidad de reducir atropellos y mejorar la gestión del tráfico mediante tecnologías conectadas, en línea con la Estrategia de Seguridad Vial 2030.
En un contexto donde la seguridad vial se cruza inevitablemente con las tecnologías de conectividad, la nueva obligatoriedad de la denominada “baliza V16” emerge como un dispositivo emblemático de la transición digital en el sector automovilístico español.
Obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, esta herramienta ha suscitado a la vez elogios por su potencial para salvar vidas así como críticas por sus implicaciones en materia de privacidad. Este análisis busca ofrecer un análisis riguroso, desde una perspectiva jurídica e informativa, de su naturaleza, regulación, controversias y cumplimiento normativo para facilitar la comprensión a los ciudadanos ante su próxima adopción. Es relevante partir de fuentes oficiales como la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a fin de desmontar mitos viralizados en redes sociales con rigor legal y conocer los detalles actualizados sobre su concepto, finalidad y aspectos controvertidos.
1. ¿Qué es la baliza V16?
La baliza V16 conectada es un dispositivo luminoso portátil que se coloca en la parte superior del vehículo para señalizar su inmovilización en la vía y, además, transmitir de forma anónima su posición a la plataforma DGT 3.0 con fines de seguridad vial.
A partir del 1 de enero de 2026 será el único sistema legal de preseñalización de averías y accidentes para vehículos que circulen en España, y sustituirá definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia. Como dispositivo de preseñalización de peligro, emite una luz intermitente visible a larga distancia y tiene la ventaja de que puede instalarse sin necesidad de abandonar el habitáculo del vehículo, por lo que reduce el riesgo de atropello al no obligar a la persona conductora a caminar por la calzada.
En su versión “conectada”, incorpora un módulo de comunicaciones que permite enviar automáticamente la ubicación del incidente a la plataforma DGT 3.0 cuando se activa en caso de emergencia.
Sus especificaciones técnicas mínimas incluyen una autonomía de al menos 30 minutos de emisión continua, intensidad lumínica de 0,3 candela (cd), es decir, emite solo el 30% de la intensidad luminosa aproximada de una vela en esa dirección, y resistencia a condiciones meteorológicas extremas. No es un mero accesorio luminoso: su conectividad la distingue de versiones anteriores, convirtiéndola en un elemento inteligente que integra seguridad pasiva con alertas en tiempo real a sistemas de gestión de tráfico. Su precio oscila entre 20 y 45 euros, en función del modelo, y debe figurar en el listado oficial de homologados de la DGT para ser válida.
2. Origen y regulación vigente en España: entrada en vigor y régimen sancionador
El origen de la baliza V16 se remonta al Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, que reguló los servicios de auxilio en vías públicas como respuesta a la Directiva (UE) 2019/1937 sobre sistemas de llamada de emergencia eCall, y fue modificado por el Real Decreto 1030/2022, de 20 de diciembre, para incorporar la obligatoriedad de la versión conectada.
El motivo principal es elevar la seguridad vial: según datos de la DGT, anualmente se registran alrededor de 25 atropellos mortales a conductores que colocan triángulos, un riesgo que la V16 pretende mitigar al permitir colocar la señalización desde el interior del vehículo y alertar proactivamente a otros usuarios vía paneles variables, apps y navegadores conectados. Esta medida alinea España con estándares europeos, promoviendo la movilidad segura e inteligente bajo la Estrategia de Seguridad Vial 2030.
La regulación vigente se integra en el Reglamento General de Vehículos (Real Decreto 2822/1998, modificado) y el Reglamento General de Circulación (Real Decreto 1428/2003). A partir del 1 de enero de 2026, la V16 conectada será el único medio legal de preseñalización para turismos, furgonetas, autobuses, camiones y vehículos mixtos matriculados en España; las motocicletas quedan exentas, aunque se recomienda su uso. Hasta el 31 de diciembre de 2025, conviven triángulos y balizas V16 (con o sin conectividad).
El régimen sancionador, tipificado en el artículo 76 de la Ley de Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 6/2015), califica la ausencia de dispositivo homologado como infracción grave, con multas de 80 a 200 euros y pérdida de 3-4 puntos del carnet, según gravedad (e.g., si implica riesgo inminente). Activar la baliza sin motivo justificado no conlleva sanción per se, pero podría interpretarse como obstrucción al tráfico si genera alertas innecesarias.
La V16 conectada convive desde 2021 con los triángulos y con balizas no conectadas, pero la normativa ha previsto que, a partir del 1 de enero de 2026, únicamente la V16 conectada será válida para señalizar inmovilizaciones, con el objetivo declarado de mejorar la gestión de emergencias y la protección de las personas en carretera. La DGT y el Ministerio del Interior destacan que esta tecnología permite una detección más rápida de incidencias y una respuesta más eficiente de los servicios de auxilio y gestión del tráfico.
| Aspecto regulatorio | Descripción | Referencia legal |
| Origen | Sustitución de triángulos para reducir atropellos; alineación con eCall UE. | RD 159/2021 y RD 1030/2022. |
| Entrada en Vigor | 1 enero 2026 (obligatoria conectada). | Reglamento General de Vehículos (modif. 2022). |
| Ámbito de Aplicación | Turismos, furgonetas, autobuses, camiones; exentas motos. | Art. 17 RD 2822/1998. |
| Sanciones | 80-200 € + 3-4 puntos; agravada por causar riesgo. | Art. 76 Ley Seguridad Vial. |
3. ¿Por qué ha generado polémica? Puntos legales y prácticos que inquietan a los ciudadanos
La implantación de la baliza V16 conectada ha generado una notable controversia pública, centrada en tres ejes: 1) su coste y comercialización, 2) la obligatoriedad con amenaza de sanción y, sobre todo, 3) las dudas sobre vigilancia y privacidad derivadas de la geolocalización y de la tarjeta SIM integrada.
La percepción de que la DGT podría monitorizar de forma permanente el vehículo o usar estos datos con fines sancionadores ha alimentado la desconfianza, especialmente en redes sociales y medios digitales. Desde el punto de vista jurídico y práctico, también generan inquietud la homologación de los dispositivos, la existencia de modelos no conformes en el mercado, la duración de la conectividad contratada, el régimen transitorio de triángulos y la coordinación con otros Estados cuando se circula fuera de España. Además, la comunicación institucional se ha percibido como tardía o confusa, hasta el punto de que el propio director de la DGT ha anunciado que los agentes actuarán con cierta flexibilidad en los primeros meses de aplicación, priorizando la información sobre la sanción.
Asociaciones como FACUA han denunciado confusión en la comercialización de modelos no conectados, etiquetados erróneamente como «homologados por DGT», lo que podría llevar a compras inútiles post-2025 y reclamaciones por publicidad engañosa (Ley 3/1991 de Competencia Desleal). También se destacan otros puntos prácticos: el coste percibido, aunque bajo, genera rechazo en un contexto inflacionario; la falta de claridad en homologaciones, como el listado DGT actualizado semanalmente, pero accesible solo online, y las dudas sobre la durabilidad de la conectividad, como la eSIM con 12-15 años, pero sin garantía universal. Legalmente, cuestionamientos sobre la proporcionalidad (¿es la conectividad esencial o invasiva?) y la posible vulneración del principio de igualdad (art. 14 CE) manifiestan el grado de preocupación que genera el nuevo dispositivo, pero la AEPD y DGT han desestimado estos argumentos con base en el interés público (art. 6.1.e RGPD).
| Inquietud ciudadana | Punto legal/práctico | Ejemplo de polémica |
| Geolocalización | Temor al rastreo continuo; solo si está activada. | Bulos sobre «SIM para vigilarte» (desmentidos por AEPD). |
| Discriminación | Solo vehículos españoles; extranjeros exentos temporalmente. | Críticas por «ilegalidad» (se exige matriculación). |
| Confusión en compra | Modelos no conectados vendidos como válidos. | FACUA insta a reclamos por engaño. |
| Coste y durabilidad | 20-45€ + posible caducidad de la eSIM. | Preocupación por «cuotas ocultas» (prohibidas). |
4. Cómo cumple la V16 con la protección de datos
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una nota informativa específica para aclarar el encaje de la baliza V16 conectada en materia de protección de datos.
La AEPD subraya que el dispositivo no transmite datos de forma permanente, sino únicamente cuando se activa, y que la información enviada se limita a la geolocalización del incidente y a identificadores técnicos del fabricante, sin asociarse a la identidad del conductor ni a la matrícula del vehículo: “La baliza emite una señal mientras está encendida y deja de hacerlo al apagarse, sin generar historiales de movimientos o envío de datos de manera continua”.
Tanto la AEPD como la DGT insisten en que la administración no dispone de un registro nominal de compradores ni de vehículos vinculados a cada baliza, y que, por tanto, los datos transmitidos a la plataforma DGT 3.0 son anónimos y no permiten identificar directa o indirectamente a una persona física.
Sobre esta base, la propia AEPD ha indicado que la transmisión puntual de la señal de la baliza, en los términos configurados, no constituiría un tratamiento de datos personales sometido al Reglamento (UE) 2016/679, al no referirse la información a una persona identificada o identificable.
La DGT actúa como responsable del tratamiento (art. 4.7 RGPD), con base legal en el interés público de seguridad vial (art. 6.1.e RGPD y art. 9 LOPDGDD). Los datos se borran en horas tras resolución del incidente, sin compartición con terceros salvo emergencias (e.g., servicios de auxilio). La compra es anónima: no requiere registro ni datos al adquirirlo, y fabricantes no acceden a geolocalizaciones por ley. Cualquier funcionalidad extra (e.g., apps invasivas) está prohibida, y la AEPD insta a denunciar las posibles vulneraciones.
| Principio RGPD | Cumplimiento en V16 | Detalle |
| Minimización | Solo GPS + ID anónimo, activada. | No historial; borrado automático. |
| Finalidad limitada | Seguridad vial exclusiva. | Base: Interés público (art. 6.1.e RGPD). |
| Transparencia | Nota AEPD y registro DGT. | Derechos ARCO ejercibles ante DGT. |
| Seguridad | eSIM cifrada; anonimato ID. | Prohibidas apps no homologadas. |
La baliza V16 conectada supone un avance relevante en seguridad vial, donde la innovación prima sin sacrificar derechos fundamentales. Su implementación exitosa dependerá de la transparencia institucional y la vigilancia ciudadana. Para consultas específicas, acuda a la DGT o AEPD
