FIBGAR forma parte del Consejo de la Memoria Democrática, constituido en desarrollo de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido la sesión constitutiva del Consejo de la Memoria Democrática, un órgano colegiado de carácter consultivo concebido como espacio de participación de las entidades memorialistas y de la sociedad civil en el desarrollo de las políticas públicas de memoria democrática.
El Consejo se crea en aplicación de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, y asume funciones clave para la implementación de esta norma. Entre ellas se encuentran la emisión de informes sobre el Plan de Memoria Democrática; el análisis y seguimiento del plan plurianual de búsqueda, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas; la valoración de propuestas reglamentarias relacionadas con el desarrollo de la Ley; la elaboración de recomendaciones sobre la política pública de memoria democrática; y el dictamen sobre las medidas y programas impulsados en este ámbito, incluidas las subvenciones y ayudas dirigidas a las entidades memorialistas.
Durante el acto de constitución, el ministro subrayó la relevancia de este órgano como instrumento para divulgar el valor de la memoria democrática, garantizar la dignidad de las víctimas y reforzar las garantías de no repetición. En este sentido, destacó la necesidad de que la sociedad conozca el proceso de construcción de la democracia en España y los derechos y libertades conquistados tras décadas de dictadura.
El Consejo de la Memoria Democrática cuenta con una amplia representación institucional y social, y en su composición destacan las diez vocalías en representación de entidades memorialistas, que aportan la experiencia acumulada de décadas de trabajo en la defensa de la verdad, la justicia y la reparación.
Entre estas entidades, junto a FIBGAR, se encuentran la Asociación Descendientes del Exilio Español; el Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía; Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España; la Asociación de Memoria Social y Democrática; Todos los Niños Robados son también mis Niños; la Associació per a la Recuperació de la Memòria de Mallorca; la Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme; la Fundación Luis Tilve; y la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra en 1936.
La presencia de la FIBGAR en el Consejo refuerza una perspectiva centrada en los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo, aportando su trayectoria en el ámbito de la justicia universal, la memoria democrática y la defensa de las víctimas, tanto a nivel nacional como internacional.
Para el desarrollo de sus funciones, las personas que integran el Consejo —que ejercen su labor sin retribución— podrán acceder a archivos y fondos documentales, tanto públicos como privados, de acuerdo con la normativa vigente. El Consejo se reunirá con carácter ordinario de forma semestral y, de manera extraordinaria, cuando así lo acuerde la Presidencia o lo solicite una parte significativa de sus miembros.
La constitución del Consejo de la Memoria Democrática supone un paso relevante para el cumplimiento efectivo de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, al consolidar un espacio de participación real de las víctimas y de las entidades memorialistas en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en este ámbito. Su funcionamiento contribuye a fortalecer la democracia española, a garantizar el derecho a la verdad y a la reparación, y a avanzar hacia un modelo de memoria basado en los principios de justicia, dignidad y no repetición.
Además, el Consejo se configura como una herramienta fundamental para articular una memoria democrática plural e inclusiva, capaz de integrar distintas voces, territorios y experiencias históricas, y de generar consensos sociales amplios en torno a la condena de la dictadura y la defensa de los valores democráticos. Su labor resulta clave para asegurar que las políticas de memoria no sean coyunturales, sino sostenidas en el tiempo, con una mirada de futuro orientada a la educación en derechos humanos y a la consolidación de una cultura democrática sólida en España.
