Hay un acusado que nunca abandona el banquillo. Antes de creer la sentencia, conviene leer los cargos —y mirar quién los firma.
Ningún país del mundo está obligado a justificar su existencia. A ninguno se le pregunta, cada cierto tiempo y en foros solemnes, si tiene derecho a figurar en el mapa. A uno sí. Israel vive en un banquillo permanente: en la Asamblea General, en La Haya, en los claustros de las universidades, se le piden cuentas una y otra vez por el delito de existir y por el delito de defenderse. Esa anomalía —que un solo Estado, entre casi doscientos, sea el acusado fijo del planeta— es lo que pide explicación. Y la explicación no está en lo que Israel hace. Está en lo que Israel es.
Una aclaración antes de seguir, que no es un parapeto sino una advertencia. No vengo a defender a ningún gobierno ni cada una de sus decisiones, y no vengo contra ningún pueblo. Mi diana es una ideología y un doble rasero. Quien pretenda leer en una crítica a Hamás una enemistad hacia los palestinos está haciendo trampa, y de esa trampa me ocupo al final.
Empecemos por la antigüedad, porque hay quien habla como si los judíos hubieran aterrizado en esa tierra en 1948. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, narró la guerra de su pueblo contra Roma y la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. No es leyenda ni reivindicación de parte: es un cronista contemporáneo describiendo una nación judía asentada en Judea, con su Templo y su sacerdocio. Los judíos estaban allí siglos antes de la conquista árabe del siglo VII; no son los recién llegados de esta historia. El nombre «Palestina» vino después, y vino como castigo. Tras aplastar la rebelión de Bar Kojba, hacia el año 135, Roma rebautizó la provincia de Judea —el nombre del propio pueblo judío— como Siria Palestina, tomando la palabra de los filisteos, un pueblo del Egeo extinguido siglos atrás, para borrar de la memoria el lazo entre los judíos y su tierra. Conviene saborear la ironía: el mismo nombre que hoy se blande contra Israel nació como un instrumento para arrancar a los judíos de ese suelo. El nombre fue el castigo. La presencia era anterior.
Y lo que la antigüedad sostiene, el derecho moderno lo confirma. La cadena es más limpia que la de cualquier vecino: la Declaración Balfour de 1917, la conferencia de San Remo de 1920, el Mandato de la Sociedad de Naciones de 1922 —derecho internacional de pleno derecho— y, en noviembre de 1947, el plan de partición de la ONU, que ofrecía dos Estados, uno judío y uno árabe. El liderazgo judío lo aceptó. El bando árabe lo rechazó y respondió con una guerra para impedir que naciera. Israel se proclamó en 1948 y fue admitido en la ONU como un miembro más. No hay aquí ni capricho ni despojo: es uno de los Estados con el título de propiedad mejor documentado del mundo.
Detengámonos en ese «no», porque explica buena parte de lo que vino después. Hubo un Estado palestino sobre la mesa en 1947 y se rechazó. La pregunta honesta no es por qué falta hoy un Estado palestino, sino por qué se dijo que no al que se ofrecía. Y por qué la legitimidad que nadie discute a Pakistán —nacido el mismo año, de otra partición, también entre ríos de sangre— se le sigue regateando solo a Israel. La respuesta a esa última pregunta es el hilo que recorre todo este alegato.
Vino después lo que todos sabemos, y lo cuento corto y con cifras, porque las cifras aguantan donde los adjetivos resbalan. El 7 de octubre de 2023, Hamás y otros grupos asesinaron a unas mil doscientas personas en territorio israelí, más de ochocientas de ellas civiles, y se llevaron a Gaza a unos doscientos cincuenta rehenes. Fue la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. Un Estado al que le hacen eso responde, y lo ampara el artículo 51 de la Carta de la ONU, el derecho a la legítima defensa que a ningún otro país se le discutiría. La guerra que siguió es atroz, como lo es toda guerra urbana contra un enemigo que combate desde debajo de hospitales y escuelas. Y por librarla, a Israel se le imputa el cargo más grave del derecho internacional.
Genocidio. La palabra se ha convertido en un arma arrojadiza, y justo por eso conviene tomársela en serio, que es lo que no hace quien la dispara. Genocidio es un delito con una definición exacta: la Convención de 1948 lo define como una serie de actos cometidos con la intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Toda la acusación descansa sobre una palabra: intención. No «muchos muertos». No «guerra durísima». Intención de aniquilar a un pueblo por el hecho de serlo. Por eso Srebrenica —ocho mil asesinados, la población bosnia muy lejos de quedar exterminada— fue genocidio ante los tribunales; y por eso una cifra de víctimas, por atroz que sea, ni prueba ni desmiente nada por sí sola. Lo que hay que demostrar es el propósito.
Y ahí el cargo se viene abajo. Empecemos por una creencia muy extendida y simplemente falsa: que algún tribunal ha condenado a Israel por genocidio. No ha ocurrido. La Corte Internacional de Justicia dictó en enero de 2024 unas medidas cautelares y subrayó, con todas las letras, que no se pronunciaba sobre el fondo ni declaraba que se estuviera cometiendo genocidio. El procedimiento sigue su curso —Israel presentó su contestación en marzo de 2026— y una sentencia, si llega, tardará años. Hay informes, alguno de la propia ONU, que emplean la palabra; pero un informe no es una sentencia, y conviene no confundir lo que un comité denuncia con lo que un tribunal demuestra.
Vayamos al propósito, que es lo único que decide. El objetivo declarado de Israel es destruir a Hamás y rescatar a sus rehenes. Discútase el cómo, el coste, los errores, los crímenes concretos que deban juzgarse uno a uno; nada de eso equivale a la intención de exterminar a un pueblo. Y hay un hecho que los acusadores blanden justo del revés. Israel es uno de los ejércitos más poderosos del planeta y controla por completo un territorio diminuto y densísimo. Si su propósito fuera aniquilar a los palestinos, no necesitaría años: le bastarían semanas. Que en más de dos años no haya sucedido nada ni remotamente parecido no es un matiz: es la refutación. Lo que hay es una guerra terrible contra un enemigo incrustado entre civiles, no una máquina de exterminio. Llamarlo genocidio no agranda el horror real: vacía la palabra y, de paso, escupe sobre la memoria de quienes de verdad lo padecieron.
Y hay un detalle cotidiano que desarma la caricatura del Estado exterminador. Hasta el 7 de octubre, alrededor de ciento cincuenta mil palestinos entraban cada día a trabajar a Israel y a los asentamientos, cobrando jornales que multiplicaban entre dos y diez veces lo que podían ganar en los territorios. Lo he visto con mis propios ojos. Un país empeñado en aniquilar a un pueblo no le da de comer cada mañana a ciento cincuenta mil de sus miembros. Que tras el 7 de octubre Israel cortara casi todos esos permisos por seguridad solo subraya lo anterior: era una relación real, de trabajo y de salario, no la antesala de un genocidio.
Lo que nos devuelve a la pregunta del principio: ¿por qué Israel, y solo Israel? La respuesta está en las actas, no en mi opinión. Entre 2015 y 2023, la Asamblea General de la ONU aprobó ciento cincuenta y cuatro resoluciones contra Israel y setenta y una contra todos los demás países del mundo juntos. El Consejo de Derechos Humanos acumula desde 2006 más de cien condenas contra Israel; contra Siria, con su guerra de más de medio millón de muertos, apenas cuarenta y cinco. Ese mismo Consejo conserva un punto fijo en su orden del día, el Tema 7, reservado en exclusiva a un único país del planeta. A Israel. China, que interna a un millón de uigures, no tiene Tema 7. Irán no lo tiene. Siria no lo tiene.
Y conviene mirar al tribunal, no solo al veredicto. En ese mismo Consejo se han sentado como jueces algunos de los peores verdugos del mundo, y su relatoría permanente para la zona tiene el encargo de examinar a Israel, y solo a Israel, no a quienes lo rodean. No es un órgano imparcial que un día se excede con un país: es un mecanismo que tiene a ese país por oficio. Cuando a un solo Estado se le dedica más reprobación que al resto del planeta entero, ya no estamos ante la defensa de los derechos humanos. Estamos ante otra cosa, y esa otra cosa tiene un nombre antiguo.
Y conviene hablar de quién ha pagado la función, porque Occidente reparte sermones con una mano y firma cheques con la otra. Europa es el mayor donante de los palestinos, y buena parte de ese dinero fue a parar a la UNRWA, la agencia de la ONU cuyos propios investigadores concluyeron que nueve de sus empleados pudieron participar en la matanza del 7 de octubre, cuyas instalaciones se usaron con fines militares y cuyas escuelas llevan años señaladas por incitar al odio. Cuando aquello estalló, en 2024, una hilera de países europeos suspendió de golpe la financiación —y varios la restablecieron meses después—. Y entretanto, en Gaza, Hamás desviaba la ayuda humanitaria: sus propios documentos, incautados por Israel, repartían la tajada entre sus brigadas, su administración y su cúpula, y revendía a precio de oro lo que robaba, todo ello acusando a Israel de no dejar entrar comida. El verdugo se quedaba el pan y le pasaba a Israel la factura moral.
Hay que atreverse a nombrarlo. El antisemitismo no desapareció: aprendió a vestirse de antisionismo y a desfilar con pancarta de derechos humanos. Y aquí la línea corta por los dos lados, conviene decirlo sin rodeos para no caer en la trampa que denuncio. Criticar al Gobierno de Israel no es antisemitismo, faltaría más. Pero señalar a Hamás, desmontar la mentira del genocidio y denunciar el doble rasero tampoco es una cruzada contra los palestinos. Es lo segundo lo que sostengo. Y desde octubre de 2023, a la vez que se pulía ese discurso, las agresiones a judíos —a sinagogas, a estudiantes, a comerciantes, en países que nada tienen que ver con Oriente Próximo— se han disparado a cifras de récord. Esa es la cosecha de confundir, queriendo, al judío con un gobierno y al gobierno con un demonio.
Y que nadie se engañe sobre lo que Israel está dispuesto a hacer para seguir vivo: librará las batallas que hagan falta, contra quien haga falta. Contra Hamás, que lo desangró el 7 de octubre. Contra Hezbolá, que lo hostiga desde el norte. Y contra el régimen de los ayatolás, que ni siquiera disimula: en la plaza de Palestina de Teherán hay, desde 2017, un reloj digital que descuenta los días que —según profetizó Jameneí— le quedan a Israel hasta su desaparición en 2040. Que se entienda bien lo que eso significa. A un Estado al que un régimen le monta en una plaza pública el reloj de su propio exterminio no se le puede exigir que pida perdón por defenderse. Solo se le puede exigir que gane. Y cuando ha hecho falta, Israel ha llevado la guerra hasta Gaza, hasta Beirut y hasta el corazón de Teherán.
Termino donde empecé, en el banquillo. Israel cargará con sentencias dictadas de antemano mientras a su alrededor se absuelve a las tiranías por aclamación. No es nuevo: a este pueblo lo condenaron por adelantado tribunales mucho peores que este, y a todos los enterró. No necesita el indulto de la Asamblea General para existir, ni la venia de La Haya para defenderse. Mi defensa de Israel —del Estado y del pueblo— es total, y no pienso pedir perdón por ella. Porque defenderlo no es odiar a nadie: es negarse a aceptar que un pueblo, uno solo entre todos, tenga que pedir permiso para estar vivo y disculpas por no dejarse matar. Ese permiso no se concede. Ese derecho no se vota. Y ese pueblo no se va a ninguna parte.
Pedro López
