El Índice de Competitividad Fiscal Internacional, publicado esta semana por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Tax Foundation, sitúa a España en el puesto 34º de las 38 economías avanzadas analizadas, con una puntuación de 57,9, muy alejada de la media de la UE (69,4) y de la OCDE (70,1). Solo Polonia, Colombia, Italia y Francia presentan un diseño tributario menos competitivo.
El informe del IEE recuerda que un sistema fiscal competitivo no implica necesariamente una menor recaudación, sino una estructura impositiva capaz de favorecer la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo minimizando las distorsiones sobre la actividad empresarial. Asimismo, destaca que resulta clave compatibilizar la suficiencia recaudatoria, la estabilidad presupuestaria y el mantenimiento de incentivos adecuados para la inversión y el empleo.
La posición de España se ha deteriorado de forma continuada desde 2018, al pasar del puesto 29º al 34º, lo que supone una pérdida de cinco posiciones en apenas siete años. El retroceso se concentra especialmente en el Impuesto sobre Sociedades y en los impuestos individuales, donde España cae cuatro puestos en ambos casos, mientras que apenas mejora una posición en la tributación sobre el consumo.
España se sitúa por debajo tanto de la media de la Unión Europea como de la OCDE. La distancia es todavía mayor respecto al grupo de economías de referencia en materia de competitividad fiscal -Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Suiza y Lituania-, cuya puntuación media supera en 31,8 puntos a la española. En cambio, España se sitúa ligeramente por encima de la media de los países comparables (Francia, Italia y Alemania).
El informe incluye, además, un indicador denominado contribución fiscal empresarial total, que cuantifica la carga tributaria que soportan directamente
las empresas, incorporando no solo el Impuesto sobre Sociedades y las cotizaciones sociales asumidas por el empleador sino también otros tributos directos, como el IBI o el IAE, e impuestos indirectos, como el IVA o el ITP. Pues bien, en España la contribución fiscal empresarial representa el 48,8% de toda la recaudación, once puntos por encima de la media de la OCDE (37,8%) y más de nueve puntos por encima de la media de la UE (39,4%). España es el cuarto país de la OCDE y europeo con mayor dependencia de las empresas, lo que revela una presión fiscal comparativamente alta sobre el tejido empresarial.
A la elevada presión fiscal se suma una importante carga administrativa. Una empresa española dedica 150 horas al año al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, un 32,8% más de tiempo que en la UE y un 63% más que en la OCDE.
El informe del IEE destaca que la competitividad fiscal constituye un factor clave para impulsar el crecimiento económico, atraer inversión y favorecer la creación de empleo. La combinación de una posición rezagada en el índice internacional, un deterioro continuado en los últimos años, una elevada aportación fiscal de las empresas y una mayor complejidad administrativa sitúa a España en desventaja frente a buena parte de las economías desarrolladas. Merece la pena subrayar que la mejora de la competitividad tributaria no depende únicamente de la reducción de la presión fiscal sino también de la simplificación normativa, la estabilidad regulatoria y la eficiencia de los procedimientos de gestión y cumplimiento de las obligaciones fiscales
