Reclamamos el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva Penal Ambiental

Tras la apertura de un procedimiento de infracción por no haber transpuesto la Directiva Penal Ambiental en plazo, exigimos una reforma urgente y ambiciosa del Código Penal para reforzar la lucha contra los delitos ambientales y evitar que España siga liderando el incumplimiento de la normativa europea, con 95 directivas pendientes de transposición.

La lucha contra la impunidad ambiental en la Unión Europea sufre un nuevo varapalo. Tachamos de «muy preocupante» que España haya dejado pasar el plazo legal para transponer la Directiva (UE) 2024/1203, la norma comunitaria destinada a blindar la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. El retraso en la incorporación de esta herramienta clave —cuyo plazo límite expiró el pasado 21 de mayo de 2026— ha obligado a la Comisión Europea a abrir un procedimiento de infracción contra nuestro país. Una llamada de atención que comparte con otros 22 Estados miembros, evidenciando un grave e incomprensible freno colectivo en la aplicación efectiva de la justicia ambiental en el continente.

“Es inaceptable que España siga acumulando retrasos en la incorporación de normas europeas esenciales para la protección de la naturaleza. Mientras la criminalidad ambiental crece y se sofistica, nuestro ordenamiento jurídico continúa sin adaptarse plenamente a las nuevas exigencias europeas”, denuncia David de la Bodega Zugasti, responsable de Acción Legal de SEO/BirdLife. Además, el portavoz recuerda que nuestra organización ya había advertido formalmente de este escenario en dos cartas dirigidas al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Y es que, según los últimos datos de la Comisión Europea (correspondientes a junio de este año), España encabeza el ranquin europeo de retrasos con 95 directivas comunitarias pendientes de transposición. Esta cifra duplica con creces la del segundo país en la lista, Dinamarca, que acumula 45 normas pendientes.

Para la organización, estas demoras resultan inasumibles en un contexto crítico donde los delitos ambientales constituyen ya la cuarta actividad criminal organizada más importante del planeta. Según estimaciones de la propia Comisión Europea, este fenómeno genera unas pérdidas mundiales de entre 80.000 y 230.000 millones de euros al año. Por ello, exigimos al Gobierno máxima celeridad para adecuar el Código Penal y evitar que España siga rezagada en la protección legal