Qué caprichosa es la existencia de vez en cuando. El mismo día que ese socio invisible que tenemos los emprendedores me cargaba en cuenta las correspondientes liquidaciones trimestrales de IVA e IRPF, leía con estupor que la Cámara de Comptos había detectado que entre 2019 y 2023 se han pagado aproximadamente 15 millones de euros de forma indebida en la prestación de renta garantizada. Esta prestación social tiene como objetivo ayudar a aquellas personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas y en 2023 la percibieron más de 35.000 personas en nuestra región. En cuatro años se han pagado 15 millones de euros a personas que, por un motivo u otro, no tenían que haber cobrado la prestación o tendrían que haber dejado de recibirla por haber cambiado su situación personal.
Paradoja del destino, ese mismo día acudió una persona a mi despacho con la cara desencajada porque le había llegado una carta de Servicios Sociales en la que le reclamaban la devolución de casi 10.000 euros por haber cobrado la renta indebidamente. La notificación indicaba que, desde febrero de 2023 y por no haber comunicado el cambio de domicilio, ya no le correspondía la renta que mensualmente se le había pagado y que por ello debía proceder a su devolución. Esta persona ha estado casi un año cobrando una cuantía cercana a los 900 euros cuando, según los propios criterios de la administración, no debería haberlo hecho.
Hay quienes podrían indicar, con toda la razón del mundo, que esta persona debería haber comunicado el cambio de su situación o, por lo menos, informar de que el cobro de la prestación ya no le correspondía. Pero si el perceptor no lo hace y los sistemas de control del Gobierno fallan, ocurre lo que comentaba: que hay pagos indebidos que en el mejor de los casos se detectan tarde, o en el peor, no se detectan.
La Renta Garantizada es necesaria, claro que sí, eso nadie lo pone en duda. Pero yo me pregunto: ¿no es posible conseguir en pleno siglo XXI, el siglo de la informática, la tecnología y la inteligencia artificial, que las diferentes administraciones públicas compartan datos?
¿Cómo se puede pagar durante casi 12 meses una prestación indebida simplemente por el hecho de que la persona haya modificado su domicilio y nadie en la administración se haya enterado o sea incapaz de comprobar que se siguen manteniendo las circunstancias que dieron lugar al derecho de cobro?
Y no nos engañemos. Esos 15 millones de euros no se van a recuperar. O gran parte de ellos. Que me digan a mí como va a devolver esa persona los casi 10.000 euros que le reclaman cuando el único ingreso que tenía era precisamente la RG. “El dinero público no es de nadie”, dijo un día la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo. Y como esa es la filosofía, nadie responde cuando no se hace un uso correcto del mismo.
La realidad es que el dinero público sí tiene dueño, todos los contribuyentes para ser más exactos, y la administración es el máximo órgano responsable de que el destino y el uso de ese dinero sea el adecuado y, sobre todo, que su uso sea controlado y eficiente, como siempre defendemos desde Institución Futuro. Y lo siento. No puedo dejar de pensar en la cantidad que ese día tuve que pagar en la declaración trimestral de IVA e IRPF vaya a ser destinada al pago de prestaciones sobre las que, desgraciadamente, no existe un control riguroso a la hora de su adjudicación y pago.
Pablo Ruiz Muneta. Abogado especialista en extranjería, socio de IQL y miembro de Institución Futuro
