En su tercer día, la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4) ha vuelto a poner de manifiesto varios debates ineludibles que atraviesan las dinámicas del desarrollo. La salud, la igualdad de género y la deuda son vectores interdependientes que configuran – o limitan – las posibilidades de construir y un modelo de desarrollo basado en la prosperidad compartida, los derechos y la sostenibilidad.
En el caso de la deuda, más allá de una cuestión financiera, está en juego el dispositivo de control que las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) o los países del Norte global imponen sobre el Sur global. Estos operan como mecanismos estructurales que perpetúan las desigualdades, consolidan relaciones de dependencia y restringen las capacidades fiscales, de soberanía económica y política o la posibilidad de dar cumplimiento de forma progresiva a los derechos humanos.
La deuda es una frontera casi tangible entre los privilegios del mundo desarrollado y las carencias que se imponen a los países endeudados. Joseph Stiglitz, premio nobel de la economía, ayer mismo reiteraba lo que ya ha manifestado en numerosas ocasiones, afirmando que el sistema global está roto y diseñado para beneficiar a los acreedores y no a los pueblos.
En este mismo sentido, resonó también lo que cada vez es más evidente: quedan tan solo cinco años para 2030, fecha límite para cumplir con la Agenda 2030. Si continuamos alimentando una ¡arquitectura financiera internacional que sostiene y reproduce desigualdades en lugar de resolverlas, no será posible alcanzar los ODS. Es necesario un rediseño radical que permita reestructurar la deuda de forma justa, transparente y multilateral.
En línea con esta reflexión, múltiples voces en Sevilla han insistido en que la deuda, tal como está concebida, fagocita la posibilidad de que los Estados puedan destinar los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones en derechos humanos —incluidos los laborales, sociales y ambientales— y para construir suelos mínimos de protección social.
Las actuales reglas fiscales internacionales, lejos de corregir estas asimetrías, consolidan desigualdades estructurales y debilitan los márgenes de autonomía económica. Por ello, una de las demandas más reiteradas en la tercera jornada de la FfD4 ha sido la necesidad urgente de reformar profundamente la arquitectura de la deuda y revisar las reglas fiscales internacionales, desplazando el foco de la rentabilidad de los acreedores hacia la justicia social y los derechos colectivos.
En este marco, el proceso hacia un Pacto Fiscal Global impulsado por Naciones Unidas ha cobrado especial relevancia. Su conexión con la necesidad de movilizar recursos domésticos e internacionales, garantizar una cooperación fiscal global justa y blindar la financiación de los sistemas de protección social universales ha sido uno de los ejes transversales más debatidos.
Desde el movimiento sindical —con aportes de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y de UGT— se ha reafirmado que las reglas del juego deben ser comunes, justas y democráticas, y que el desarrollo no puede seguir supeditado a las lógicas extractivas de la deuda ni a sistemas fiscales regresivos. Sin financiación, no hay derechos. Y sin derechos, no hay desarrollo.
Sin igualdad, no hay sostenibilidad ni desarrollo
En paralelo, la agenda de género ha estado muy presente en múltiples espacios formales y paralelos, como continuidad de un proceso que, desde el inicio, ha estado marcado por la defensa de los derechos conquistados por los movimientos feministas y de mujeres.
En un contexto global donde crece la reacción conservadora y la internacional del odio, la defensa de la igualdad no es decorativa: es una batalla política y estructural. Así lo han afirmado múltiples voces que afirmaban que no habrá desarrollo si no es feminista; no habrá sostenibilidad sin igualdad.
Desde el punto de vista del sindicalismo internacional e internacionalista, es urgente que sigamos defendiendo miradas de transición justa que integren y se basen en el feminismo y la igualdad. Estos derechos conquistados no pueden convertirse en territorio en disputa ante el auge de los autoritarismos o de los discursos anti-derechos.
También consideramos que sigue siendo urgente trabajar en cuestiones que, desafortunadamente, han estado con un perfil más bajo en los debates. La equidad salarial, los trabajos no remunerados, o la economía de los cuidados siguen posponiéndose en los debates y decisiones, recayendo de forma desigual sobre los cuerpos y tiempos de las mujeres a escala global.
La salud y la protección social como derecho global
Otro tema clave ha sido el acceso desigual a la salud y a sistemas de protección social. Se ha recordado con fuerza que más de la mitad de la población mundial carece de coberturas sociales básicas. Tanto la OIT, el movimiento sindical, y también voces de la sociedad civil hemos vuelto a insistir en la necesidad de establecer un suelo mínimo de protección social global, financiado de forma estable, progresiva y equitativa.
Esta demanda histórica del sindicalismo vuelve con más urgencia que nunca: sin salud, sin cuidados, sin derechos sociales garantizados, el desarrollo es un espejismo.
Reglas para todos: una nueva gobernanza basada en derechos
Durante esta tercera jornada también ha quedado claro que no basta con sumar actores: hay que definir reglas del juego comunes y democráticas. Involucrar al sector privado en la financiación para el desarrollo no puede implicar vaciarla de contenido público y de garantías.
Los derechos humanos, los principios rectores de la ONU y los estándares laborales y ambientales deben aplicarse de forma universal y vinculante. No puede haber excepciones para la rentabilidad ni zonas grises para el capital especulativo.
Esta reivindicación, que también ha perdido fuerza en el documento final del Compromiso de Sevilla, sigue siendo una demanda compartida entre los actores del Sur y del Norte Global, como también lo es la demanda de participación democrática de los agentes sociales y democráticos en la toma de decisiones y monitore.
Para nosotras es imprescindible recordar que la financiación del desarrollo no puede medirse solo en cifras, sino en derechos, impacto social y rendición de cuentas. Participar sí, pero con reglas claras, justas y democráticas.
Último día: aterrizar compromisos, democratizar decisiones
Hoy concluye la FfD4. Y si algo ha quedado claro es que no basta con compromisos bien redactados. Hace falta voluntad política, recursos reales y un sistema de seguimiento donde los actores sociales, y especialmente el sindicalismo, puedan fiscalizar, proponer y corregir.
En Sindicalistas sin Fronteras ISCOD UGT miramos al futuro con esperanza, pero también con determinación: reformar el sistema, redistribuir el poder, dignificar el trabajo, garantizar cuidados, y defender el planeta no son opciones, son urgencias.
Asumimos este desafío con la urgencia propia del momento y desde una disposición de continuar trabajando desde el diálogo social para democratizar las reglas del juego y avanzar hacia un desarrollo sostenible justo.
