A casi diez años del asesinato de Berta Cáceres, defensora de derechos humanos y referente en la defensa de los derechos culturales y del territorio de los pueblos indígenas en Honduras, el Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (FIDH–OMCT) saluda el informe publicado recientemente por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre su caso. El Observatorio insta al nuevo gobierno hondureño, que asumirá sus funciones el 27 de enero de 2026, a acoger sus conclusiones y recomendaciones y llama a las autoridades a que prioricen la defensa y protección de las personas defensoras de derechos humanos y la busqueda de la verdad, justicia y reparación en los crímenes cometidos contra ellas, en particular en el caso de Berta Cáceres.
20 de enero de 2026. Desde 2016, la familia de Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y amplios sectores de la sociedad civil hondureña e internacional han sostenido, con perseverancia y determinación, una exigencia constante de verdad y justicia frente a un contexto marcado por la violencia estructural, la criminalización y la falta de rendición de cuentas por crímenes cometidos contra personas defensoras.
El Observatorio junto con 19 organizaciones nacionales, regionales e internacionales, hizo parte de la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, conformada en septiembre de 2018 para exigir el respeto del debido proceso, la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las víctimas. La misión observó audiencias judiciales clave, publicó análisis sobre el desarrollo de los procesos y realizó múltiples acciones de incidencia ante las autoridades hondureñas.
Si bien se han dictado condenas contra los autores materiales del crimen y contra un coautor, ex ejecutivo de la empresa promotora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, estas decisiones no han puesto fin a la impunidad estructuralque rodea el caso ni han permitido esclarecer de manera integral todas las responsabilidades derivadas de los hechos.
En este contexto, la publicación del Informe del GIEI Honduras constituye un hito fundamental. El Informe confirma que el crimen no fue un hecho aislado, sino el resultado de una operación criminal organizada y planificada, vinculada a intereses empresariales, sostenida por mecanismos financieros ilícitos y facilitada por graves omisiones estatales.
El Observatorio insta al nuevo gobierno hondureño a impulsar y a adoptar todas las recomendaciones del Informe del GIEI, en particular, las relacionadas con la adopción de un Protocolo Nacional de Investigación de delitos contra personas defensoras; la reforma y el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección, incorporando enfoques diferenciados y la participación efectiva de la sociedad civil; así como el establecimiento de obligaciones vinculantes de debida diligencia en derechos humanos para empresas e instituciones financieras que operan en contextos de alto riesgo.
El Observatorio considera que la implementación integral de estas recomendaciones es esencial para enfrentar la violencia estructural que afecta a las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y para asegurar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición en el caso del asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres.
