El asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y defensora del territorio y del medio ambiente, ocurrido el 2 de marzo de 2016 en Honduras, constituye uno de los casos más emblemáticos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos en América Latina.
Diez años después, gracias a la movilización constante de su familia, del COPINH y de numerosas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, el caso ha registrado avances judiciales significativos. Entre ellos, la condena penal de siete personas como autores materiales del asesinato y la condena del Director de la Empresa DESA como coautor del crimen. Igualmente, la condena por corrupción en la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, conocido como “Fraude sobre el Gualcarque”, permitió avanzar en la búsqueda de justicia por los otros tipos de las responsabilidades vinculadas a la imposición de proyectos extractivos. Sin embargo, todos los responsables de este crimen no han sido juzgados.
Desde 2016, la FIDH y la OMCT en el marco del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, junto con sus organizaciones miembro como el CAJAR en Colombia, CALDH en Guatemala y CIPRODEH y COFADEH en Honduras, han acompañado este caso, con el objetivo de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
2016–2017: Denuncia y visibilización internacional.
Berta Isabel Cáceres Flores, miembro de la población Lenca, cofundadora y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en la noche del miércoles 2 de marzo en La Esperanza, departamento del Intibucá, su ciudad natal.
Berta Cáceres luchaba por los derechos del pueblo indígena Lenca en la recuperación de sus tierras en Río Blanco, Intibucá, frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), en tierras lencas.
En los años previos, Berta había sido objeto de amenazas reiteradas, campañas de estigmatización, procesos de criminalización y vigilancia debido a su oposición al proyecto. Como coordinadora del COPINH, denunció públicamente irregularidades en la concesión y la presencia de fuerzas de seguridad en la zona. A pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado no garantizó una protección efectiva.
Días antes del asesinato, en febrero de 2016, el Observatorio había publicado un informe regional sobre la criminalización de personas defensoras de derechos humanos en el contexto de la extracción de recursos naturales y megaproyectos en América Latina. El informe documentaba patrones de persecución, estigmatización y uso indebido del sistema penal contra quienes defendían el territorio y los derechos de los pueblos indígenas. La situación de Berta Cáceres se inscribía en ese patrón regional ya advertido.
La movilización nacional e internacional para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres comenzó ese mismo día, con manifestaciones públicas de condena de la FIDH y de sus miembros. Desde los primeros meses posteriores al asesinato, las organizaciones subrayaron de forma constante la existencia de elementos preocupantes: el historial de amenazas contra Berta Cáceres, la conflictividad en torno al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y la falta de protección efectiva por parte del Estado hondureño, pese a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Igualmente se evidenciaron las responsabilidades de los actores financieros vinculados al proyecto Agua Zarca, como la del Banco Holandés de Desarrollo (FMO) que lo financiaba. El 15 de marzo de 2016, varias organizaciones firmaron una carta abierta dirigida al Gobierno de los Países Bajos instando a que el FMO retirara su financiamiento del proyecto. En esa carta se subrayaba que las entidades financieras no podían alegar desconocimiento del contexto de amenazas y conflictividad, y que debían actuar conforme a sus obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos.
Asimismo luego de una misión del Observatorio en Honduras del 11 al 15 de abril de 2016, se denunció el clima generalizado de violencia, intimidación y estigmatización que enfrentaban las personas defensoras del territorio y del medio ambiente en Honduras, señalando que el asesinato de Berta Cáceres se inscribía en un patrón más amplio de ataques contra quienes cuestionaban intereses económicos y extractivos.
Lamentablemente, el asesinato de Berta fue solo uno de los casos de violencia que padecen personas defensoras de derechos humanos en Honduras. De mayo de 2015 a diciembre de 2016, el Observatorio había documentado 16 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, convirtiendo a Honduras en uno de los más peligrosos para la defensa de personas defensoras de derechos humanos, como lo señaló en su informe publicado en diciembre de 2016: “Honduras: Los defensores y defensoras de derechos humanos entre la espada y la pared.”.
2018 – 2021 Acompañamiento de la Misión de Observación Calificada
El año 2018 daría inicio el primer juicio contra los autores materiales del asesinato. Frente a la fragilidad del sistema judicial hondureño, se conformó una Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, integrada por 19 organizaciones nacionales e internacionales expertas en derechos humanos, entre ellas la FIDH y la OMCT en el marco del Observatorio. Igualmente hicieron parte de la Misión sus organizaciones miembro como el CAJAR en Colombia, CALDH en Guatemala y CIPRODEH en Honduras.
La misión logró participar en la observación directa de las audiencias; documentar irregularidades procesales, restricciones a la publicidad del juicio y limitaciones al acceso de las víctimas a la justicia; y emitir comunicados públicos dirigidos a las autoridades hondureñas, exigiendo respeto al debido proceso.
El 29 de noviembre de 2018, el Tribunal de Sentencia declaró culpables a siete personas como autores materiales del asesinato de Berta Cáceres y del intento de asesinato de Gustavo Castro. Solamente, hasta el 2 de diciembre de 2019, casi un año después, se emitió la sentencia escrita que individualizó las penas, estableciendo condenas de entre 30 y 50 años de prisión.
Si bien estas condenas representaron un avance importante en el proceso judicial, desde el inicio se señaló que no agotaban las responsabilidades derivadas del crimen, ya que la autoría intelectual y las posibles estructuras de planificación más amplias no habían sido plenamente esclarecidas, como lo es el rol de la fdamilia Atala Zablah.
La emisión de la sentencia escrita sufrió una demora significativa tras el fallo oral, generando preocupación respecto al derecho de las víctimas a una justicia pronta y efectiva. Esta situación fue denunciada públicamente por la Misión de Observación Calificada, que alertó sobre los riesgos que tales dilaciones representaban para el acceso a la justicia.
En febrero de 2020 se publicó el informe de la Misión de Observación Calificada titulado “La justicia hondureña en deuda”, que sistematizó las observaciones del juicio y documentó las debilidades estructurales del sistema judicial hondureño, incluyendo la falta de investigación integral de la autoría intelectual y los obstáculos enfrentados por las víctimas.
El 5 de julio de 2021, el Tribunal de Sentencia dictó una decisión que constituyó un precedente histórico, declarando culpable a Roberto David Castillo Mejía, ex gerente de la empresa DESA, como co-autor del asesinato de Berta Cáceres. Posteriormente, el 20 de junio de 2022, se emitió la sentencia escrita que le impuso una pena de 22 años y 6 meses de prisión. La decisión judicial reconoció que el asesinato de Berta Cáceres estuvo vinculado a la oposición liderada por ella y el COPINH frente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y que Castillo actuó como articulador principal de una estructura más amplia de planificación y coordinación del crimen ejecutado como represalia a la oposición de Berta Cáceres y el COPINH contra el proyecto de Agua Zarca.
En el marco del juicio contra David Castillo, la Misión de Observación Calificada dio seguimiento continuo a las audiencias, publicando análisis periódicos sobre su desarrollo y emitiendo pronunciamientos públicos exigiendo un fallo justo, independiente y apegado a la ley. Este seguimiento permitió documentar el respeto de las garantías procesales y mantener la atención internacional sobre el caso.
2021–2023: El Fraude sobre el Gualcarque
El “Fraude sobre el Gualcarque” hace referencia al fraude realizado para que la empresa DESA fuera la beneficiaria de la concesión del Proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, en el territorio ancestral del pueblo lenca. El proceso penal iniciado en 2019 se dirigió contra ex funcionarios públicos acusados de haber otorgado licencias y permisos de manera fraudulenta, sin consulta previa, libre e informada a la comunidad afectada.
En el marco de este proceso, los jueces negaron reconocer al COPINH como acusador privado y víctima directa, bajo el argumento de que en los delitos de corrupción la víctima es exclusivamente el Estado. Frente a esta interpretación restrictiva, la FIDH, junto con sus organizaciones miembro el CAJAR (Colombia), CALDH (Guatemala) y CIPRODEH (Honduras) presentaron un Amicus Curiae, en el cual se sostuvo que los hechos de corrupción pueden violar no solamente la administración pública sino también los derechos humanos de las personas individuales y colectivas. Las víctimas deben poder participar en los procesos penales que buscan establecer responsabilidades por los hechos de corrupción. En este caso, la corrupción administrativa no era abstracta, sino que había tenido consecuencias concretas sobre el pueblo lenca de Río Blanco, vulnerando derechos colectivos, incluyendo el derecho al territorio, al agua y a la consulta previa conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y la participación del pueblo lenca sería a través de su organización reconocida, el COPINH.
El 31 de agosto de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció el derecho del pueblo lenca de Río Blanco, representado por el COPINH, a ser considerado víctima en el proceso, lo que constituyó un precedente importante al afirmar que los delitos de corrupción pueden afectar directamente los derechos colectivos de comunidades indígenas y habilitar su participación como víctimas en procesos penales.
Posteriormente, el proceso enfrentó nuevas dilaciones y obstáculos judiciales. El 15 de noviembre de 2025 se hicieron públicas las sentencias contra tres personas vinculadas al fraude en la concesión del proyecto Agua Zarca: el exgerente de la empresa DESA, una exfuncionaria de la ENEE y el exalcalde de San Francisco de Ojuera. Las condenas incluyeron penas de prisión e inhabilitaciones por delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones.
2025: Conformación e Informe del GIEI
En febrero de 2025 y con el acuerdo del Gobierno hondureño y de la CIDH se instaló el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos independientes (GIEI) Honduras, con el mandato de realizar un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, de delitos conexos y proponer un plan de reparación integral para las víctimas. En enero de 2026, el Informe Final del GIEI, confirmó que el asesinato fue el resultado de una operación criminal organizada, con responsabilidades empresariales, financieras y estatales.
El Informe aporta además un elemento especialmente relevante: el esclarecimiento del entramado financiero vinculado al proyecto Agua Zarca. El GIEI documentó la participación de instituciones financieras internacionales en el financiamiento del proyecto y detalló mecanismos de desvío y utilización de recursos que habrían servido para sostener la estructura de vigilancia, intimidación y planificación del crimen. Estos hallazgos permiten comprender el asesinato no solo como un acto individual, sino como el resultado de un esquema organizado en el que confluyeron intereses empresariales, decisiones estatales y flujos financieros internacionales.
Para el Observatorio, este informe del GIEI constituye un instrumento técnico-jurídico de alto valor probatorio para el esclarecimiento integral del crimen de Berta Caceres. Y se suma a la delclaración de la Misión de Observación Ccalificada para que el Estado hondureño implemente integralmente las recomendaciones del GIEI, como condición indispensable para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.
El Observatorio, junto con organizaciones nacionales en las Américas, desde hace 10 años se solidariza y ha acompañado la mobilización global de exigencia de justicia, por los crímenes cometidos contra Berta Cáceres, y hace un llamado a las autoridades hondureñas a avanzar en el esclarecimiento de todas las responsabilidades, incluidas las empresariales, financieras y estatales.
A casi una década del crimen, el Observatorio reafirma que la justicia para Berta Cáceres es inseparable de la justicia para los pueblos indígenas y para todas las personas defensoras de derechos humanos.
En este sentido, reitera la necesidad de:
1. Reabrir y profundizar las investigaciones a la luz del Informe del GIEI, avanzando hacia la identificación y procesamiento de todos los autores intelectuales y financieros, incluidas responsabilidades empresariales y estatales
2. Implementar plenamente las recomendaciones del GIEI
3. Garantizar una reparación integral al pueblo lenca, incluida la restitución de sus derechos territoriales y medidas de reparación colectiva
4. Investigar el rol de los actores financieros y las fallas en los mecanismos de debida diligencia
5. Adoptar garantías estructurales de no repetición para proteger a las personas defensoras de derechos humanos en Honduras.
