Navarra necesita inmigración. No es una consigna ideológica ni una afirmación bienintencionada: es un hecho económico y demográfico. Una comunidad con envejecimiento acelerado, tasas de natalidad persistentemente bajas y dificultades crecientes para cubrir determinados puestos de trabajo no puede sostener su bienestar futuro sin aportación migratoria. Los propios datos oficiales así lo reflejan. En 2024, el saldo migratorio en Navarra volvió a ser claramente positivo, con más de 20.600 movimientos migratorios, según la Estadística de Migraciones de Nastat. La inmigración ya es hoy una pieza estructural del funcionamiento de nuestro mercado laboral: el 12,7% de loa afiliados en 2025 eran extranjeros.
Ahora bien, reconocer esta realidad no puede llevarnos a negar otra igualmente evidente: la integración no es automática, no es gratuita y no siempre funciona bien. Y es precisamente ahí donde se sitúan muchas de las preocupaciones legítimas de una parte de la ciudadanía navarra cuando escucha hablar de inmigración o de procesos de regularización masiva “de la noche a la mañana”.
Navarra ha avanzado en políticas de acogida y dispone de una red de servicios sociales y de entidades que trabajan con rigor y compromiso. El propio Gobierno foral reconoce en su Informe sobre el impacto de las migraciones en Navarra que la inmigración contribuye de forma positiva al crecimiento económico, al empleo y al sostenimiento demográfico. Pero ese mismo informe señala también tensiones claras en ámbitos clave como la vivienda, la educación, la sanidad o los servicios sociales, especialmente cuando los flujos se concentran en determinados municipios o barrios y cuando la llegada es rápida y no acompasada a la capacidad real de absorción del territorio.
Es aquí donde aparece el debate sobre la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno de España, que podría suponer la regularización de alrededor de 10.000 personas en Navarra y de más de medio millón de personas en todo el territorio nacional. La medida, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se presenta como una solución humanitaria y laboral. Y lo es en parte. Pero también plantea interrogantes razonables que no pueden despacharse como simples prejuicios o rechazo al diferente.
Existe, además, un aspecto muy importante que debe abordarse cuanto antes. Se estima que la actual política y normativa migratoria “genera” aproximadamente entre 60.000 y 70.000 personas en situación irregular, computando tanto las personas que entran directamente de forma irregular, como las personas que entran en España de forma regular pero que a los pocos meses caen en situación de irregularidad. Si no aprovechamos este momento para analizar qué aspectos de nuestra normativa podrían ser modificados para evitar esto, dentro de 10 años volveremos a ver un nuevo proceso de regularización masiva.
Desde una perspectiva ciudadana, la pregunta no es si esas personas merecen derechos o oportunidades, que los merecen, sino si las administraciones están preparadas para integrar de forma efectiva a miles de nuevos residentes en un corto espacio de tiempo. Integrar no es solo empadronar. Es escolarizar, formar en lengua, facilitar acceso al empleo formal, garantizar atención sanitaria, evitar bolsas de exclusión y prevenir la cronificación de situaciones de vulnerabilidad. Todo ello requiere planificación, recursos y coordinación institucional. ¿Ha pensado alguien en las Delegaciones de Extranjería, las oficinas de la Seguridad Social o las comisarías de Policía Nacional? ¿Van a poder asumir toda esta nueva carga de trabajo si ya actualmente son servicios con unos niveles de trabajo muy elevados? El riesgo de no hacerlo bien no es menor. No basta sólo con emitir un permiso de residencia y trabajo y olvidarse de todo lo demás. Cuando la integración falla, no solo sufren las personas migrantes; también se deteriora la convivencia, se tensionan los servicios públicos y se alimentan discursos simplistas y polarizadores que nada tienen que ver con la tradición navarra de acogida y cohesión social. La experiencia muestra que las políticas de regularización sin itinerarios claros de inserción laboral y social pueden generar efectos indeseados, desde economía sumergida persistente hasta mayor presión sobre el mercado de vivienda o los sistemas de ayuda social, ya de por sí muy tensionados.
Por lo tanto, Navarra necesita inmigración integrada, vinculada al empleo, con expectativas realistas y con un acompañamiento efectivo durante los primeros años. Como ya hemos defendido desde Institución Futuro, es esa inmigración la que hace funcionar la economía, la que cotiza, la que contribuye y la que refuerza la cohesión social. No cualquier política improvisada ni cualquier mensaje tranquilizador sirve para alcanzar ese objetivo.
El debate público debería huir tanto del rechazo visceral como del optimismo ingenuo. Reconocer los beneficios de la inmigración no obliga a negar sus retos. Y atender las preocupaciones de los ciudadanos no implica renunciar a valores humanitarios. Al contrario: solo desde una mirada realista, exigente y basada en datos será posible diseñar políticas migratorias que funcionen de verdad, para quienes llegan y para quienes ya estaban. Navarra se juega mucho en este equilibrio. Y merece un debate sereno, riguroso y pegado a la realidad.
