Facta, non verba. Lo que en román paladino se traduce como “Hechos, no palabras”. La inmigración es un tema que actualmente ocupa espacio en los informativos y muchas de las tertulias televisivas. En todas ellas se debate arduamente sobre el sistema migratorio en España, las bondades y perjuicios de éste y la realidad social migratoria en la que España se encuentra inmersa. Hay un término que se repite de forma constante: integración social.
Es necesario, dicen los expertos televisivos, que los inmigrantes se integren socialmente en España para que se puedan incorporar plenamente a la sociedad, participando en sus aspectos sociales, económicos, culturales y políticos, con igualdad de derechos y oportunidades. Yo creo que sobre esto no puede haber debate.
Lo que ocurre es que, en muchas ocasiones, para que un migrante pueda iniciar ese proceso de integración social, tan deseado no solo para él, sino para el propio país, es necesario que una delegación de extranjería conceda un permiso de residencia y trabajo. Un permiso que le permita pasear por la calle sin miedo a un control policial aleatorio y que le abra la puerta a postularse a empleos que le permitan ganarse la vida, construir una familia y un futuro. Los problemas demográficos que sufre nuestro país, y también Navarra, podrán paliarse, al menos en parte, con una inmigración que pueda trabajar legalmente y cotizar.
Todo esto depende en Navarra de que la delegación de extranjería emita una resolución. Hace unos meses publiqué en estas mismas páginas un artículo en el que denunciaba la crítica situación que entonces tenía esta delegación por la falta de personal. Llevamos tiempo avisando que la oficina está saturada, que es imposible que respondan en un plazo aceptable todas las solicitudes que se presentan y que la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería en mayo de este año no ha hecho sino aumentar el volumen de trabajo que los funcionarios están recibiendo. Insisto. No es un problema de que los funcionarios de la delegación trabajen poco. De hecho lo hacen, y mucho. Pero es una imposibilidad material resolver solicitudes en plazo.
A mediados de mayo, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática anunció que iba incorporar a 12 personas más en la delegación de Navarra. Si pensaban que 12 personas más iban a solucionar el problema, solo demuestra el profundo desconocimiento de la realidad que viven las delegaciones de extranjería en España. Pero oiga, ¡menos da una piedra! Lo que pasa, como por desgracia ocurre más a menudo de lo que desearíamos, es que la administración no ha cumplido lo prometido.
A fecha de este artículo, únicamente se han incorporado 4 personas en la oficina y se desconoce cuándo se incorporará el resto, ya que informan de que “el trámite se ha retrasado a nivel nacional”. Pues nada, seguimos esperando. Pero, sobre todo, que sigan esperando entre 6 y 8 meses todas esas personas que están pendientes de su regularización. Eso sí, la propia administración nos seguirá dando la turra todos los días con la necesidad de la integración, lo positivo que es para todos que un migrante se integre. Lo de poner los medios y el personal necesario para que las delegaciones puedan emitir los permisos necesarios para que se inicie esa integración, ya si eso más adelante. Hechos, no palabras. Ya está bien.
Pablo Ruiz Muneta. Abogado, socio de IQL Abogados Extranjería y miembro de Institución Futuro
