La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado”. Así lo proclama la Constitución. Sin embargo, en los últimos años se ha instalado en buena parte de la ciudadanía la sensación de que ese principio se ha invertido. Que no son los ciudadanos quienes marcan el rumbo a través de sus representantes, sino que los partidos políticos han pasado a comportarse como propietarios del destino colectivo. Y que el papel de la ciudadanía se limita a obedecer y asistir, además, a un espectáculo bochornoso de descalificaciones mutuas, confrontación sin límites y nula cooperación política.
Víctima propiciatoria de este escenario ha sido la Administración pública, que gestiona cada año cerca de la mitad de la riqueza nacional. En muchos casos, el poder político ha impregnado todos los niveles decisorios de la Administración pública. Y donde antes había profesionales competentes e independientes que hacían valer su criterio, ahora, y en gran medida, son los políticos quienes ejercen de funcionarios y los funcionarios quienes han tenido que hacer dejación de sus funciones. Pero la realidad constitucional es otra: la Administración es el instrumento de la sociedad española -y también la navarra- del que se han dotado para gestionar y satisfacer necesidades comunes, mediante el presupuesto público. Presupuesto financiado exclusivamente con los impuestos de ciudadanos y empresas. Al poder Ejecutivo le corresponde constitucionalmente la dirección política de la Administración, pero no su colonización.
Coincidiendo con la acumulación de casos de corrupción y de deterioro alarmante de los servicios e infraestructuras públicas, vuelve a cobrar fuerza una potente línea de opinión que reclama volver a profesionalizar la Administración, muy especialmente en sus niveles directivos. Quizá sea un esfuerzo titánico, pero la penetración de la política hasta los escalones más bajos de la estructura administrativa ha resultado tan dañina que el esfuerzo se antoja imprescindible. No en vano, la OCDE identifica la profesionalización de las administraciones como una de las herramientas más eficaces contra la corrupción y como garantía de mejor gobernanza. Dejar en manos de políticos profesionales, o de funcionarios alineados políticamente, la gestión pública es sinónimo de ineficacia, arbitrariedad y, con frecuencia, de abuso de poder o corrupción.
Centrémonos en la Administración pública de una Comunidad Autónoma, que bien podría ser la de Navarra. La transformación radical de la Administración autonómica para su profesionalización residiría en que solo los consejeros (y, en su caso, vice-consejeros) de cada Departamento así como su gabinete serían puestos de libre designación política. Los cargos de alta dirección -directores generales, gerentes de organismos autónomos y directores de servicio- no dependerían del ciclo electoral, serían irremovibles en sus cargos y con permanencia vinculada a su desempeño. Ningún político podría acceder a hacer nombramientos en estos niveles. Para el acceso a estos cargos directivos existiría un Comité General de Nombramientos y Evaluación de la Alta Dirección, profesional, estable e independiente del poder político de turno. Los puestos de alta dirección deberían estar ocupados necesariamente por personal funcionario. De no contarse entre el funcionariado con personal capacitado para un puesto de alta dirección se abriría una ventana de acceso al mercado. Para todos ellos, las retribuciones en consonancia. Volvería la obligación de que los cargos directivos dirigieran con criterio propio e independiente.
Las secretarías técnicas de cada Departamento dependerían jerárquicamente de una dirección general jurídica de la Administración. El gobierno no podría adoptar, en ningún caso, acuerdos con informes negativos jurídicos o de intervención. Se crearía y dotaría a la Administración de una dirección general de compliance, para la prevención y seguimiento del funcionamiento administrativo, con un potente grupo de “asuntos internos”. Y podría concentrarse toda la contratación pública en una unidad especializada.
Las empresas públicas se reducirían a su mínima expresión. Todos los directores-gerentes de las empresas públicas se seleccionarían por concurso (en el caso de Navarra por la CPEN). Concursos convocados a nivel nacional para puestos con contrato estable y de larga duración, independiente del ciclo político. La presidencia del consejo de administración recaería en el consejero correspondiente, pero en el consejo estaría prohibida la presencia de cargos políticos; solo profesionales de reconocido prestigio.
Es probable que muchos partidos, al ver limitada su capacidad de influencia, reaccionen con críticas y apelaciones a la “tecnocracia” o al “elitismo”. Sin embargo, para una parte creciente de la ciudadanía, una Administración no sometida al control partidista y guiada por criterios profesionales e independientes no supondría una amenaza democrática, sino todo lo contrario. Recuperar la confianza en la democracia pasa también por restaurar la confianza en una Administración pública verdaderamente vinculada al servicio del interés general y al margen de la colonización política.
