El presidente de CONCOVI, Juan Casares, y el director su departamento Registro de Demandantes de Vivienda y Suelo, Javier de Osma Bonillo, mantuvieron, el pasado 26 de febrero, una reunión con Raisa Isabel Calvo Ramos, asesora del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid en materia de vivienda, urbanismo, obras, función pública e igualdad, y con Pedro Esteban Barrero Cuadrado, concejal y secretario del Grupo Municipal Socialista.
El encuentro se centró en el nuevo reglamento de vivienda protegida que tramita la Comunidad de Madrid y, en particular, en la modificación del requisito de empadronamiento para acceder a este tipo de viviendas.
El pasado 26 de enero, el Gobierno regional comunicó que estaba tramitando una modificación normativa para exigir un mínimo de diez años de empadronamiento para optar a la compra de una vivienda de protección oficial. Posteriormente, el 19 de febrero, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, anunció que el Ejecutivo autonómico rebajará a cinco años el empadronamiento necesario para solicitar el alquiler de una vivienda protegida y que no se exigirá en modelos como residencias de estudiantes o viviendas compartidas.
En este sentido, CONCOVI trasladó su preocupación por la aplicación de este requisito en promociones desarrolladas por cooperativas, especialmente cuando se trata de suelos de titularidad privada y de proyectos impulsados sin ayudas públicas. La organización defendió que el acceso a la vivienda protegida ya está regulado por límites de renta y patrimonio, por lo que considera innecesario añadir un criterio de arraigo.
“El acceso a una vivienda protegida ya exige cumplir con unos parámetros económicos y patrimoniales. Añadir un requisito de empadronamiento limita la posibilidad de que personas que cumplen esas condiciones puedan desarrollar su proyecto de vida en la Comunidad de Madrid”, señaló Juan Casares durante el encuentro.
El presidente de CONCOVI subrayó que, en el caso de las cooperativas, son los propios socios quienes asumen la compra del suelo, la gestión del proyecto y los costes de promoción. “Si un grupo de ciudadanos adquiere suelo privado y promueve su vivienda a precio de coste, entendemos que no debería establecerse una restricción adicional distinta de las ya previstas en la normativa de vivienda protegida”, afirmó.
Por su parte, Javier de Osma Bonillo expuso el funcionamiento del Registro de Demandantes de Vivienda y Suelo de CONCOVI y sus plataformas digitales, entre ellas CooperOpen, CooperAlquila, OIKO y Serficoop, orientadas a canalizar la demanda y facilitar la constitución de cooperativas en distintos regímenes de acceso.
De Osma destacó la importancia de estructurar la demanda para hacer viables los proyectos y subrayó la necesidad de que los interesados se movilicen y se agrupen para impulsar promociones en régimen cooperativo. Según explicó, la organización trabaja en la identificación de suelos, en la configuración de grupos de demanda y en el acompañamiento técnico y jurídico durante todo el proceso de autopromoción a precio de coste.
CONCOVI tutela en torno a 13.000 viviendas al año en el conjunto del país, de las cuales entre 7.500 y 8.000 se desarrollan en la Comunidad de Madrid.
La entidad indicó que el modelo cooperativo constituye una parte relevante de la producción residencial en la región y que, en el caso de la vivienda protegida, opera sin margen promotor y a precio de coste.
“La cooperativa es una fórmula de autopromoción en la que no existe beneficio empresarial. Los socios asumen el riesgo y la financiación del proyecto, y acceden a su vivienda conforme a los requisitos establecidos por la ley”, añadió Casares.
La aprobación del nuevo reglamento está prevista para los próximos meses. Mientras continúa su tramitación, CONCOVI trasladó su disposición a mantener el diálogo con las administraciones y los grupos políticos para analizar el alcance de la norma y sus efectos sobre el acceso a la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid.
