La Confederación Empresarial de Pontevedra comparte la preocupación del sector empresarial ante la iniciativa propuesta por el Ministerio de Trabajo que podría limitar la libertad de las organizaciones
La Confederación Empresarial de Pontevedra respalda la preocupación expresada por CEOE y CEPYME en torno a la denominada “democratización de la empresa”, iniciativa planteada desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Como bien explican las confederaciones en su comunicado conjunto, se trata de un proyecto que puede tener un efecto muy negativo en las empresas, especialmente en las pymes, generando desconfianza y desincentivando una inversión ya escasa en nuestro país.
Según la propuesta, que se debatirá el próximo 12 de marzo el ministerio con la ausencia de la parte empresarial, el nuevo marco normativo no solo afectaría a las grandes organizaciones, sino también a las pequeñas y medianas medianas. En este sentido, la libertad del tejido productivo a nivel nacional puede verse vulnerado, así como el derecho a de propiedad, principios reconocidos en el ordenamiento jurídico español y protegidos por la Constitución. De esta forma, la imposición de fórmulas obligatorias de participación en las sociedades o en la gestión empresarial alteraría de forma sustancial un actual modelo de gobernanza y de producción que ya se está viendo dificultado en la actualidad.
Jorge Cebreiros, presidente de la CEP: “La participación de los trabajadores en la empresa es un elemento importante pero ya articulado a través de la negociación colectiva, los comités de empresa, los sindicatos, etc. Imponer cambios en la dirección empresarial, sumado con todas las iniciativas que propone el Ministerio de Trabajo semana sí, semana no, no hace más que entorpecer desde el ejecutivo una actividad empresarial que ya se está viendo castigada por diferentes motivos, entre ellos los conflictos geopolíticos que repercuten directamente en los costes”.
La Confederación Empresarial de Pontevedra reitera su compromiso con el diálogo social y la búsqueda de soluciones equilibradas que permitan garantizar la seguridad jurídica de las empresas, con medidas favorecedoras y no punitivas para aquellas organizaciones que mantienen la economía y el empleo de toda una nación.
