Tres relatores especiales de la ONU han expresado su profunda preocupación y han exigido que se rindan cuentas ante los informes fiables que apuntan a un rápido deterioro del espacio cívico que afecta a los pueblos indígenas y a las personas defensoras de derechos humanos en Ecuador, haciéndose eco de las inquietudes de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros.
8 de abril de 2026. Las expertas y los expertos independientes exigieron el fin de toda persecución, criminalización y represalias contra las las personas defensoras y los pueblos indígenas en Ecuador. La declaración conjunta fue emitida por los Relatores Especiales sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, y sobre las personas defensoras de derechos humanos.
La triple crisis planetaria requiere soluciones basadas en la justicia y los derechos de la Naturaleza, como las impulsadas por los pueblos indígenas. Sin embargo, en Ecuador, estos protectores esenciales se enfrentan a un uso excesivo de la fuerza —en ocasiones letal— durante las protestas, a detenciones arbitrarias bajo cargos de terrorismo y a la congelación de cuentas bancarias tanto de ellos mismos como de sus organizaciones.
Mientras tanto, los proyectos extractivos siguen adelante en territorios indígenas sin el consentimiento libre, previo e informado.
El Relator de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas escuchó testimonios de estas violaciones durante una conferencia académica sobre la transición justa y los pueblos indígenas, organizada en marzo de 2026 por la FIDH y su organización miembro Acción Ecológica en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Posteriormente, realizó visitas a pueblos indígenas de todo el país que sirvieron de base para la evaluación de los Procedimientos Especiales.
Además, la FIDH y otras nueve organizaciones internacionales llevaron a cabo una misión de solidaridad y de investigación en Ecuador del 2 al 5 de marzo. Esa visita también confirmó la grave vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades rurales y las comunidades afrodescendientes. En los próximos meses se publicará un informe.
La FIDH y sus organizaciones miembros seguirán instando a Ecuador a que respete las normas internacionales y lleve a cabo investigaciones exhaustivas sobre estas violaciones. Nos solidarizamos con las personas que protegen nuestros derechos frente a una presión cada vez mayor.
