Modelo de escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo por inactividad

• 15 abril, 2026

I. ¿Cómo se define el escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo por inactividad?

El escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo por inactividad se configura como el acto procesal formal mediante el cual el recurrente pone en conocimiento del órgano jurisdiccional competente su voluntad de promover la vía contencioso-administrativa frente a una inactividad material de la Administración. A través de dicho escrito se impugna la omisión de actuaciones a las que la Administración esté legalmente obligada, en los términos previstos en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en lo sucesivo, LRJCA).

II. ¿Qué debe contener el escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo por inactividad?

El escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo por inactividad debe cumplir con los siguientes elementos:

1. Debe dirigirse a la Sección de lo Contencioso-Administrativo competente -generalmente, donde tenga su sede el órgano que ha incurrido en inactividad o donde radique el domicilio del demandante, según la norma-.
2. Debe identificarse al recurrente, a tales fines debe contemplarse nombre completo, DNI/NIE, domicilio a efectos de notificaciones y la representación legal -nombre del abogado y procurador, mediante la correspondiente designación-.
3. Se debe señalar expresamente que se interpone Recurso Contencioso-Administrativo contra la inactividad de la Administración -nombre del órgano-, al amparo de lo previsto en el artículo 29 de la LRJCA.
4. Se debe especificar de forma concreta cuál es la prestación, actuación material o ejecución de acto firme que la Administración está omitiendo, siendo crucial identificar la norma, contrato o acto administrativo que impone dicha obligación a la Administración.
5. Debe dejarse constancia de que se han cumplido los pasos previos necesarios, como son:

1. 1. Hacer mención al requerimiento previo, es decir, indicar la fecha en la que se solicitó a la Administración el cumplimiento de la obligación.
   2. Señalar el transcurso de los plazos, en este caso, acreditando que, desde dicho requerimiento, ha transcurrido el plazo legal de espera (3 meses para inactividad prestacional o 1 mes para la ejecución de actos firmes) sin que la Administración haya actuado.

6. Debe incluirse el Suplico, que es la parte petitoria donde se solicita:

1. 1. Que se tenga por interpuesto el recurso, es decir, que se admita a trámite el escrito.
   2. A la sección de lo contencioso-administrativo que requiera a la Administración la remisión del expediente administrativo o, en su defecto, los antecedentes que obren en su poder, en el plazo legal -habitualmente de 20 días.
   3. En su caso, que se notifique a las partes interesadas que pudieran verse afectadas por la resolución del recurso.

No obstante, lo anterior, es indispensable adjuntar:

1. Poder para pleitos, donde conste la acreditación de la representación o designación apud acta.
2. Documento que justifique la inactividad, en este caso, se debe agregar copia de la solicitud o reclamación –previa-, presentada a la Administración, donde se observe el debido registro de entrada.
3. Título que genera la obligación, es decir, copia del acto administrativo firme, contrato o norma que obliga a la Administración a realizar la actividad omitida.

III. ¿Qué se recurre mediante el escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo por inactividad?

Mediante el escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo por inactividad se impugna:

1. La inactividad prestacional: Se produce cuando la Administración incumple una obligación de hacer a la que viene legalmente vinculada, ya sea en virtud de una disposición general que no requiera actos de aplicación, o de un acto administrativo, contrato o convenio. Así se recoge en el artículo 29.1 de la LRJCA, que permite reaccionar frente a la falta de ejecución de prestaciones debidas por la Administración. Un ejemplo paradigmático de este supuesto sería el impago de una subvención previamente concedida.
2. La inactividad en la ejecución: Se produce cuando la Administración no ejecuta sus actos firmes, es decir, cuando la Administración tiene un acto administrativo que ya es firme –que no se puede recurrir más-, pero no lo lleva a cabo, como sería, por ejemplo, el reconocimiento de un trienio que no se llega a pagar, tal y como lo prevé el artículo 29.2 de la LRJCA.

IV. Supuestos legales que se deben acreditar para la procedencia del recurso contencioso-administrativo por inactividad.

Para la procedencia del recurso contencioso-administrativo por inactividad, el recurrente debe acreditar, que:

1. Solicitó a la Administración que cumpliera con su obligación.
2. Que se cumplió el plazo legal, es decir, de 3 meses para prestaciones y 1 mes para la ejecución de actos firmes y que la Administración persiste en su silencio o pasividad.

V. Plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo por inactividad

Para calcular el plazo para presentar el escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo por inactividad, se debe acudir a lo previsto en el artículo 29 de la LRJCA, conforme al cual, tenemos:

1. Cuando se trate de inactividad prestacional, -contenida en el artículo 29.1 de la LRJCA-, se deberá –como paso previo-, reclamar el cumplimiento de la Administración, teniendo esta un plazo de tres meses para dar cumplimiento. Si pasado el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, se tiene dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.
2. Cuando se trate de la inactividad en la ejecución de actos firmes, es decir, cuando la Administración no ejecuta sus propios actos administrativos que ya son firmes, en este caso, se debe solicitar en primer lugar, la ejecución del acto, teniendo la Administración el plazo de un mes para dar cumplimiento. No obstante, si transcurrido ese mes, no se ha ejecutado el acto, se tendrá dos meses para presentar el escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo por inactividad, tal y como lo establece el artículo 29.2 de la LRJCA.

Sigue leyendo Administrativando

Vídeos sobre infinidad de temáticas relacionadas con el Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo.

Apúntate a nuestra newsletter

Puedes suscribirte a la newsletter de Administrativando haciendo click en el botón que verás debajo.

David Muñoz Zapata

Director

Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la tesis: “Estudio y propuesta de revisión de la prerrogativa en los contratos administrativos”, que fue calificada con sobresaliente cum laude por el tribunal nombrado al efecto.

Asimismo ha realizado el Máster en “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” y el Máster en “Derecho de la Contratación Pública” de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuenta con una experiencia profesional de dieciocho años, compaginando puestos tanto en el sector privado, en el ámbito de la abogacía y la asesoría jurídica, como en el sector público, ocupando destinos en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

Igualmente, posee amplia experiencia en el ámbito del Derecho deportivo, habiendo sido, durante seis años, Secretario del Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha y Secretario del Consejo Regional de Deportes de dicha Comunidad Autónoma. De igual modo, fue el autor del Anteproyecto de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha.

En el ámbito de la docencia, es profesor en diversas titulaciones de Máster y postgrado del ámbito del Derecho administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha sido docente de varios cursos para empleados públicos de la Diputación Provincial de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Finalmente, en el ámbito de la investigación del Derecho administrativo, ha participado en varios congresos y seminarios y posee media docena de trabajos publicados en distintos soportes.

De la mano de Administrativando Abogados, vuelve al ejercicio de la abogacía tras ser diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha en su X Legislatura, participando durante la misma en la ponencia de veinticuatro leyes.

Adela Merino León

Asociada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. Es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola y participa como miembros del tribunal de TFM en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

María José Amo Gago

Socia

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de m