ACOM denuncia ante el SEPBLAC posibles irregularidades financieras en la “global sumud flotilla” y exige transparencia a las autoridades marítimas

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La Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha presentado denuncia ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y ha exigido información completa a la Capitanía Marítima de Barcelona sobre la denominada “Global Sumud Flotilla” que zarpó de Barcelona el pasado 15 de abril.

En la denuncia remitida al SEPBLAC, ACOM pone en conocimiento de la autoridad supervisora los graves indicios que rodean la financiación de esta operación, en la que se han adquirido más de un centenar de embarcaciones. Según la propia organización de la flotilla, todos los fondos recolectados a nivel internacional se centralizan en una fundación española y los buques son adquiridos a través de una empresa operativa asociada, presuntamente la mercantil Cyber Neptune, S.L., vinculada a Saif Abdelrahim Abukeshek.

La asociación insta a investigar de forma inmediata el origen lícito de estos fondos y la trazabilidad completa de las operaciones, señalando indicios como la falta de transparencia sobre el receptor final, el uso de intermediarios y vehículos societarios sin justificación aparente, la fragmentación de pagos, la participación de múltiples jurisdicciones y la posible incoherencia entre la finalidad anunciada y la operativa real.

“Es fundamental que las autoridades investiguen a fondo el origen de estos fondos y la trazabilidad de las operaciones, especialmente cuando se trata de una actividad de tal magnitud que implica más de cien embarcaciones y múltiples jurisdicciones”, ha declarado Angel Mas, presidente de ACOM.

Paralelamente, ACOM ha exigido a la Dirección General de la Marina Mercante – Capitanía Marítima de Barcelona toda la información relativa a las inspecciones y revisiones realizadas a las embarcaciones participantes, incluyendo abanderamiento, matrícula, certificados de navegabilidad, seguros, titulación de tripulantes y cualquier otra documentación exigida por la normativa.

“Los españoles tienen derecho a saber si estas embarcaciones cumplieron rigurosamente con toda la normativa de seguridad antes de salir de un puerto español, sobre todo cuando puede acabar costando dinero público en operaciones de salvamento y, muy especialmente, si están vinculadas a organizaciones terroristas”, ha añadido Mas.

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