ACOM denuncia el pronunciamiento del Parlament de Catalunya en apoyo a la segunda Flotilla: una operación política disfrazada de humanitarismo
La Junta de Portavoces del Parlament de Catalunya ha aprobado, con los votos de PSC, ERC, Comuns y CUP, una declaración de apoyo a la llamada Global Sumud Flotilla, en la que además se reitera la acusación de “genocidio” contra el Estado de Israel y se insta al Govern y al Gobierno de España a ofrecer protección diplomática a los participantes.
ACOM declara:
La denominada Global Sumud Flotilla no es una misión humanitaria. Es una operación de propaganda política diseñada para deslegitimar al Estado de Israel y violar deliberadamente un bloqueo naval que es legal conforme al derecho internacional y cuya finalidad es impedir el rearme de una organización terrorista. Vestir de humanitarismo lo que es un acto de confrontación no engaña a nadie que conozca los precedentes y los actores implicados.
El pronunciamiento del Parlament no se limita a expresar solidaridad con la población civil de Gaza. Va mucho más allá: asume como propias las categorías jurídicas más graves del derecho penal internacional —“genocidio”— y las aplica al Estado de Israel sin que ningún tribunal competente haya emitido un pronunciamiento en ese sentido. Que una cámara legislativa española asuma como hecho probado lo que es una acusación instrumentalizada políticamente constituye una irresponsabilidad institucional de primer orden.
La declaración pide además que el Govern y el Gobierno de España ofrezcan protección diplomática y consular a los participantes en la Flotilla. Es decir, se está pidiendo a las instituciones españolas que respalden activamente una operación cuyo objetivo declarado es violar un bloqueo legítimo. No se trata de proteger a ciudadanos en peligro, sino de convertir al Estado español en cómplice de una provocación contra un aliado democrático.
Cuestiones legales y administrativas que las autoridades competentes están obviando
Más allá de la dimensión política, ACOM quiere señalar una serie de cuestiones legales y administrativas de enorme gravedad que las autoridades competentes están eludiendo, con la complicidad habitual de quienes amparan a los organizadores de esta operación.
Origen de fondos y prevención de blanqueo de capitales. La adquisición de hasta setenta embarcaciones para esta flotilla constituye una operación económica considerable. La legislación española exige que cualquier compra de embarcación acredite el origen lícito de los fondos empleados, precisamente para prevenir el blanqueo de capitales.
ACOM pregunta: ¿quién ha adquirido estos barcos? ¿Con qué fondos? ¿Se ha verificado el origen de ese dinero conforme a la normativa vigente? ¿Han cumplido las autoridades competentes con su obligación de supervisión, o se ha mirado hacia otro lado como viene siendo habitual cuando los implicados son “amigos de los terroristas”?
Inspecciones técnicas y seguridad marítima. Cualquier embarcación que opere desde puertos españoles o que atraviese aguas bajo jurisdicción española debe superar las inspecciones técnicas de seguridad pertinentes. Estas embarcaciones tienen como objetivo publicado cruzar el Mediterráneo y adentrarse en una zona de conflicto armado.
ACOM exige saber: ¿qué inspecciones se han realizado? ¿Quién las ha ejecutado? ¿Cuáles han sido los resultados? Esa información debería ser pública. Si alguna de estas embarcaciones sufriera un incidente en aguas españolas o internacionales, las autoridades que autorizaron su salida asumirían una responsabilidad directa, además de incurrir en costes de salvamento marítimo que recaerían sobre el contribuyente.
Seguros marítimos. Cualquier embarcación tiene la obligación legal de contar con un seguro.
ACOM pregunta: ¿quién asegura embarcaciones cuyo objetivo declarado es romper un bloqueo naval en una zona de guerra? Porque esos seguros, sencillamente, no existen en el mercado. Si estas embarcaciones están operando sin cobertura aseguradora, están haciéndolo al margen de la legalidad. Y si alguna entidad las está asegurando, la opinión pública tiene derecho a conocer en qué términos y bajo qué condiciones.
Responsabilidad de las autoridades. Las autoridades que han permitido la operativa de estas embarcaciones desde territorio español —sea en el ámbito portuario, aduanero, marítimo o de seguridad— tendrían que responder si algo sale mal. No estamos ante una operación humanitaria amparada por organismos internacionales, sino ante una iniciativa privada con un objetivo declaradamente ilegal: violar un bloqueo naval legítimo. Facilitar esa operación, por acción u omisión, genera responsabilidades que no pueden quedar sin depurar.
Resulta especialmente significativo que el Ayuntamiento de Barcelona haya incrementado un 60% su aportación económica a esta flotilla sin hacer pública la cuantía. Se destinan fondos públicos a una operación de agitación política contra un Estado democrático y se hace, además, sin la más mínima transparencia. Los contribuyentes catalanes merecen saber cuánto dinero de sus impuestos se está invirtiendo en una iniciativa cuyo propósito no es aliviar el sufrimiento de nadie, sino fabricar un espectáculo mediático al servicio de una causa ideológica.
Que esta declaración haya sido impulsada por los mismos partidos que, semana tras semana, demuestran su incapacidad para resolver los problemas reales de los ciudadanos catalanes —vivienda, sanidad, infraestructuras, seguridad— retrata el orden de prioridades de una clase política que prefiere la gesticulación internacional a la gestión doméstica. El conflicto en Oriente Medio no se resolverá desde el Parlament de Catalunya, pero sí puede utilizarse como coartada para eludir responsabilidades propias.
ACOM reconoce la posición del PP y de Vox, que han votado en contra de esta declaración. Toma nota, asimismo, de la abstención de Junts, cuyo portavoz Salvador Vergés ha señalado con razón la instrumentalización partidista de la Flotilla. Pero la abstención, cuando lo que está en juego es la dignidad institucional de una cámara legislativa y el respeto al derecho internacional, es insuficiente. Ante una infamia, abstenerse es otra forma de mirar hacia otro lado.
ACOM seguirá denunciando cada intento de convertir las instituciones españolas en plataformas de propaganda contra el único Estado democrático de Oriente Medio. Apelamos también a los medios de comunicación para que informen sobre esta Flotilla con el rigor que exige la verdad: no es ayuda humanitaria, es confrontación política.
Y nos dirigimos a los ciudadanos de Cataluña, que tienen derecho a saber que sus representantes están destinando su tiempo y su dinero a una causa que no alivia el sufrimiento de nadie, sino que lo instrumentaliza.
