Laura Peñalver, directora de Proyectos del Área de Innovación del Institut Cerdà
La inmigración constituye una realidad estructural del modelo económico y social de España. No puede interpretarse únicamente como una respuesta coyuntural a carencias puntuales de mano de obra, sino como un factor que incide de forma directa en la demografía, la capacidad productiva, la competitividad empresarial, la estabilidad de las plantillas, la disponibilidad de perfiles profesionales, la cohesión social y la sostenibilidad del estado de bienestar.
En Cataluña, la población extranjera se sitúa ya en torno al millón y medio de personas y representa más del 18% del total de la población. Sin esta aportación, el envejecimiento demográfico sería más acusado, la población activa se reduciría con mayor intensidad y numerosas actividades económicas tendrían serias dificultades para mantener su funcionamiento ordinario.
Sin embargo, el debate público sobre la inmigración continúa centrado, con demasiada frecuencia, en las tensiones que esta realidad puede generar, mientras que su contribución económica, productiva y social queda a menudo relegada a un segundo plano. Esta mirada parcial dificulta la construcción de una comprensión completa y equilibrada de un fenómeno que forma parte del presente y del futuro territorial.
Un reto para el modelo productivo
La inmigración no afecta a un único sector ni responde a un único perfil. Está presente en la hostelería, los cuidados, la agricultura, la construcción, la logística, el transporte y también en determinados ámbitos industriales. Su impacto, por tanto, no puede analizarse de forma aislada ni desvinculada de la evolución del tejido productivo.
La cuestión no es solo cuántas personas llegarán, sino cómo lograr un mejor encaje entre las necesidades de las empresas y las capacidades, trayectorias y expectativas de las personas inmigradas. ¿Qué sectores necesitarán más trabajadores en los próximos años? ¿Qué perfiles profesionales serán estratégicos? ¿Qué actividades tendrán más dificultades para cubrir puestos de trabajo? ¿Qué parte de estas necesidades podrá cubrirse con población residente, formación y recualificación, y qué parte requerirá nuevos flujos migratorios?
Responder a estas preguntas exige vincular la política migratoria con la política económica, la planificación sectorial y las estrategias de formación. La inmigración no puede tratarse como un fenómeno externo al modelo productivo, porque ya forma parte de él.
Un reto para el mercado laboral
El trabajo es uno de los principales espacios de integración, pero también uno de los ámbitos donde se hacen más visibles algunas de las principales desigualdades. Para muchas personas inmigradas, acceder al empleo no significa necesariamente hacerlo en condiciones adecuadas ni en posiciones acordes con su formación, experiencia o capacidades.
Los retos son diversos: barreras administrativas, dificultades para homologar titulaciones o acreditar competencias, falta de itinerarios de acompañamiento, sobrecualificación, temporalidad o parcialidad involuntaria.
Por ello, es necesario preguntarse cómo facilitar el acceso al empleo, cómo reconocer mejor el talento y la experiencia de quienes llegan, cómo evitar que el origen se convierta en un factor de desigualdad y cómo mejorar las condiciones de acceso, permanencia y progresión en el mercado laboral.
En este contexto, resulta especialmente importante avanzar hacia mecanismos que permitan identificar mejor las necesidades reales de las empresas y conectarlas con los perfiles disponibles o potencialmente disponibles. Esto implica no solo atraer talento, sino también formar, orientar y acompañar a las personas inmigradas para que puedan desarrollar plenamente sus capacidades y responder a las demandas del mercado laboral en condiciones de igualdad.
También es imprescindible definir mejor el papel de las empresas, la formación profesional, los agentes sociales y las administraciones públicas. La integración laboral no puede descansar únicamente en la capacidad individual de adaptación de quienes llegan. Requiere marcos estables, procedimientos ágiles y una mirada estratégica sobre las necesidades presentes y futuras del mercado laboral.
Un reto social y territorial
La integración no termina en el puesto de trabajo. Para que sea efectiva, requiere poder acceder a una vivienda, conocimiento del idioma, acceso a servicios públicos como el transporte, la educación y la atención sanitaria. En muchos casos, las dificultades de contratación o retención de talento están directamente relacionadas con la falta de vivienda o con la ausencia de condiciones adecuadas de acogida.
¿Están los servicios públicos dimensionados para la población real? ¿Se planifica la vivienda teniendo en cuenta los escenarios demográficos? ¿Tienen los municipios recursos suficientes para afrontar los retos de convivencia? ¿Cómo evitamos que déficits previos en vivienda, servicios o equipamientos acaben atribuyéndose únicamente a la llegada de población inmigrada?
Estas preguntas son esenciales para evitar diagnósticos simplificados. Muchos de los retos asociados a la inmigración no nacen de la llegada de nuevos habitantes, sino de la falta de anticipación, inversión y coordinación en ámbitos que ya eran críticos.
Un reto para la gobernanza
El principal desafío no es gestionar la inmigración que llega como una realidad sobrevenida, sino gobernar el papel que debe tener en el país que queremos construir. Esto implica trabajar con escenarios: ¿qué Cataluña queremos dentro de veinte años? ¿Qué estructura demográfica tendremos? ¿Qué sectores necesitarán más personas? ¿Qué territorios pueden perder población activa? ¿Qué servicios deberán dimensionarse? ¿Qué inversiones en vivienda, formación, transporte, educación o cuidados serán necesarias?
Responder a estas preguntas requiere datos, prospectiva y coordinación. La gobernanza migratoria no puede depender únicamente de respuestas puntuales. Necesita una arquitectura estable, con recursos suficientes, cooperación entre niveles administrativos y participación del sector público, el sector privado y el tercer sector.
En este sentido, desde el Institut Cerdà consideramos que la inmigración debe incorporarse de forma estructural a las agendas de planificación económica, social y territorial. Solo así será posible anticipar necesidades, evitar respuestas reactivas y construir políticas públicas más coherentes con la realidad demográfica y productiva del país.
Gobernar la inmigración significa reconocer su aportación, ordenar sus oportunidades y afrontar sus retos. Significa dejar de verla como una excepción y empezar a tratarla como lo que ya es: una pieza estructural del país. Y significa, sobre todo, construir las condiciones para que las personas que llegan y aquellas que ya forman parte de nuestra sociedad puedan contribuir plenamente a una sociedad más próspera, más cohesionada y más preparada para el futuro.
