ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) ha presentado ante el Tribunal de Instancia de Madrid una querella contra Jasiel París Álvarez, columnista de The Objective y titular de la cuenta de X @jasielparis, por hechos que ACOM considera constitutivos de un delito de odio contra el pueblo judío, tipificado en el artículo 510 del Código Penal, y de un delito contra los sentimientos religiosos, previsto en el artículo 525.1 del mismo texto legal.
La querella documenta un discurso reiterado que pone en la diana a los judíos y a quienes los defienden, utilizando para ello un recurso conocido: presentar prejuicios y estereotipos antisemitas como si fueran simple crítica política a Israel o al sionismo.
ACOM se toma muy en serio esa distinción. Criticar al Gobierno israelí, cuestionar sus decisiones o discutir el sionismo forma parte del debate político. Otra cosa es utilizar las palabras «Israel» o «sionista» para atribuir a judíos españoles deslealtad, poderes ocultos, obediencia a intereses extranjeros o pertenencia a una conspiración mundial; negarles incluso su condición de judíos; invertir contra ellos la memoria del Holocausto; o justificar la violencia contra quienes han sido previamente presentados como enemigos. La querella sostiene que París ha cruzado reiteradamente esa frontera.
Lo hace, en primer lugar, recuperando uno de los estereotipos históricos del antisemitismo: el judío como agente de un poder extranjero que manipula desde la sombra a la sociedad en la que vive. París llama a ACOM «lobi sionista» capaz de «dictar así la opinión de este país» y llega a describirla como la «T.I.A. del Mossad». Ya no se discute lo que ACOM dice o hace: se presenta a una organización española y a quienes participan en ella como instrumentos encubiertos de un servicio de inteligencia extranjero. La acusación de deslealtad sustituye así al debate de ideas.
En segundo lugar, París se arroga el derecho de decidir quién merece ser considerado judío. Ha escrito que la sinagoga forma parte de un «imperio mundial» vinculado a «Satanás», ha calificado ese supuesto imperio de «seudojudío», ha negado a un interlocutor ser «judío de verdad» por considerarlo sionista y ha cuestionado la legitimidad de los judíos asquenazíes por su origen. Aquí ya no estamos ante la política de un Gobierno extranjero. El objeto directo del discurso es la identidad religiosa y étnica de personas y comunidades judías, sometidas a un particular examen de autenticidad.
En tercer lugar, utiliza la inversión del Holocausto como instrumento de demonización. Equipara a los «sionistas» con «nuevos nazis» y habla de un «moderno Holocausto palestino». La memoria del exterminio de los judíos europeos se vuelve así contra los propios judíos: las víctimas históricas del nazismo son transformadas retóricamente en sus continuadores y quienes defienden la existencia de Israel son asociados con los autores del crimen que pretendió exterminar al pueblo judío.
El discurso alcanza finalmente un umbral especialmente grave en unas declaraciones recogidas en la querella, en las que se afirma que el deber de todo cristiano es «librar la guerra justa contra EEUU e Israel y practicar el tiranicidio contra sus líderes». La descalificación y la demonización desembocan aquí en una explícita legitimación de la violencia política.
No son expresiones aisladas ni una controversia sobre una decisión concreta del Gobierno de Israel. La querella documenta su reiteración, publicidad y conexión: se atribuye a los judíos y a quienes los defienden obediencia a poderes extranjeros y capacidad de manipulación; se cuestiona su propia identidad; se invierte contra ellos la memoria de la Shoah; y el relato termina incorporando la justificación de la violencia.
Cambiar la palabra «judío» por «sionista» no convierte automáticamente un prejuicio antisemita en análisis político. Cuando los viejos estereotipos de conspiración, poder oculto, doble lealtad y deshumanización se proyectan sobre personas y organizaciones judías concretas, corresponde a los tribunales determinar si se han traspasado los límites que el Código Penal establece para proteger a los ciudadanos frente a la incitación al odio.
Por ello, ACOM ha puesto estos hechos en conocimiento de la Justicia. La organización seguirá defendiendo la libertad de expresión y el debate político, incluida la crítica a Israel, con la misma firmeza con la que defenderá la dignidad y los derechos de los judíos frente a quienes pretendan utilizar ese debate como coartada para recuperar y difundir los prejuicios que durante siglos los señalaron como enemigos.
