¿De qué hablamos en este tema?
¿Puede la Diputación Permanente convalidar decretos estando las Cortes disueltas?
¿Está justificada la promulgación de estos dos decretos por esta vía parlamentaria?
¿Influye que la Diputación Permanente tenga una mayoría distinta?
¿Cambia algo si el nuevo texto es ligeramente distinto de los ya rechazados?
¿Qué cambios introducen los nuevos decretos respecto a los anteriores?
¿Puede el Constitucional invalidar después estos reales decretos?
¿Puede la Diputación Permanente convalidar decretos estando las Cortes disueltas?
Sí, la Constitución y el Reglamento del Congreso recogen que la Diputación Permanente puede aprobar o derogar decretos una vez se hayan disuelto las Cortes.
El artículo 78 de la Carta Magna dice que entra en funcionamiento cuando las Cámaras han sido “disueltas o hubiere expirado su mandato” hasta la constitución de unas nuevas Cortes.
El Reglamento del Congreso de los Diputados también recoge estos mismos conceptos en los artículos 57 y 151.
En los comentarios al artículo 57 del Reglamento del Congreso, los letrados de las Cortes indican que la Diputación Permanente asume “todas las facultades” que tiene el Congreso a la hora de aprobar o rechazar decretos y “eventualmente” tramitar proyectos de ley.
El documento también menciona cuando en octubre de 2019 la Diputación Permanente aprobó un decreto, permitiendo enmiendas a la totalidad, con medidas para paliar el impacto de la insolvencia del operador turístico Thomas Cook. En esos momentos las Cortes estaban disueltas hasta la celebración de las elecciones del 10 de noviembre de 2019.
En el comentario al artículo 151, los juristas detallan que si la publicación de un decreto se produce cuando ha expirado el mandato del Congreso de los Diputados, es la Diputación Permanente quien asume sus funciones. En él concretan que la publicación en el BOE del decreto es el “único requisito formal” para que este se someta a debate en el órgano y apuntan que el Gobierno no tiene que asumir “las consecuencias de la inactividad de la Cámara”. De esta manera, corresponde a la Diputación Permanente asumir “todas las facultades” relacionadas, entre otras cuestiones, con la “convalidación o derogación” de los decretos.
¿Está justificada la promulgación de estos dos decretos por esta vía parlamentaria?
Sobre la promulgación de decretos, los expertos consultados por Maldita.es cuestionan que estos dos decretos se ajusten al artículo 86 de la Constitución, que detalla que el Gobierno podrá dictar decretos “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”.
Ascensión Elvira Perales, catedrática en Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III, apunta que la “extraordinaria y urgente necesidad” resulta “dudosa” ya que el “problema de la vivienda no es reciente”. Por su parte, Antonio Arroyo Gil, profesor de Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), indica que la Constitución no prohíbe al Gobierno aprobar “inmediatamente nuevos decretos-leyes sobre las mismas materias”, pero una “reproducción sustancial de los textos rechazados plantearía una seria duda”, ya que el carácter de urgencia que menciona el artículo 86 de la Constitución se estaría utilizando para “eludir la decisión adoptada por el Pleno de la Cámara”.
Sánchez ha asegurado que han optado por esta vía parlamentaria ya que “las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos-leyes no han cambiado durante estos días” [min. 10:31]. El presidente del Gobierno también ha indicado que las medidas incluidas en los decretos que refrendará la Diputación Permanente “son el fruto de muchos meses de diálogo” con organizaciones sociales, el sector inmobiliario, asociaciones de propietarios, inquilinos y con los grupos parlamentarios [min. 11:17].
¿Influye que la Diputación Permanente tenga una mayoría distinta?
La distribución de la Diputación Permanente es diferente a la del Congreso de los Diputados. Se compone de 69 miembros y su mayoría simple es de 35. El PP es el partido que más miembros tiene, con 27 integrantes. Ascensión Elvira Perales detalla que se trata de una “composición proporcional al pleno de la Cámara”, algo que se recoge en el Artículo 56 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Germán Gómez Orfanel detalla que “frecuentemente no se produce una correlación exacta”.
Con esta composición, la suma de los 25 diputados del PSOE, los seis de Sumar y el diputado que tienen en conjunto ERC, EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto (que lo representa Podemos), sumarían los 35 votos necesarios para convalidar el primero de los reales decretos sobre vivienda. El segundo, relativo a la prórroga automática de los alquileres, no saldría adelante porque el PNV, según palabras de su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, votará en contra del segundo decreto, pero sí apoyarían el primero con el resto de medidas relativas a vivienda [min. 16:52].
Según José Luis López González esta composición “afecta al trámite de convalidación del Decreto-ley”. José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, dice que la fórmula empleada por el Gobierno “carece de sentido político constitucional”, ya que se está dando el caso de un “Gobierno en minoría que aprovecha la situación para hacer política con las Cámaras disueltas”. Según defiende Vera Santos, con este supuesto, cada vez que se disolviesen las Cortes, “dependiendo del juego de mayorías, unos partidos presentarían un programa electoral y otros llenarían la agenda política de decretos leyes”.
¿Afecta que los decretos ya fuesen rechazados por el Pleno del Congreso de los Diputados? ¿Constituiría un “fraude de ley”?
Los expertos consultados por Maldita.es no coinciden. Hay quienes consideran que no existen impedimentos para aprobar un real decreto sobre una materia previamente rechazada. No obstante, la mayoría de ellos aseguran que se trataría de un uso abusivo de la ley o un fraude constitucional.
Antonio Rovira Viñas, catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), asegura que “el fraude de ley es utilizar una norma para conseguir lo que otra norma prohíbe y no es el caso”. Germán Gómez Orfanel, también catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, detalla que la Diputación Permanente “puede convalidar el mismo decreto-ley que haya quedado derogado anteriormente, siempre que el Gobierno lo haya vuelto a aprobar y publicar en el BOE”. “No hay una relación jerárquica en esta situación entre un Pleno disuelto y la eventual actuación de la Diputación Permanente”, detalla Gómez.
Otros expertos en derecho inciden en que sí sería un fraude de ley por varios motivos. Ascensión Elvira Perales, catedrática en Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III, afirma que “ante un voto en contra del Pleno buscar la aprobación unos días después por la Diputación Permanente no admite otra justificación, pues no se ha producido ningún hecho nuevo”, asegura.
José Luis López González, profesor de Derecho Constitucional en la UAM, responde a Maldita.es que se trata de “un caso clarísimo de fraude de Constitución” ya que se estarían aprovechando del “ligero cambio de mayorías que supone la Diputación Permanente”. López también menciona que lo que refrendaría la Diputación Permanente es un texto “sustancialmente igual, y, por tanto, en fraude de ley”. Gerardo Pérez Sánchez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, apunta que el hecho de que la disolución de las Cortes se produce “tras la derrota parlamentaria del Decreto‑ley” y que los nuevos decretos se dictan “con rapidez” para ser trasladados a la Diputación Permanente, demostraría que “el indicio de finalidad elusiva es muy intenso”.
¿Cambia algo si el nuevo texto es ligeramente distinto de los ya rechazados?
Los expertos coinciden en que si los nuevos reales decretos mantuviesen intacto el contenido rechazado, ganaría fuerza el argumento de que se está intentando sortear el pronunciamiento del Congreso de los Diputados.
Sánchez aseguró el 6 de octubre de 2026 que estos dos reales decretos-ley incluyen “algunas incorporaciones”, pero que “mantienen la esencia de los dos reales decretos-leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes” [min. 10:13].
Gerardo Pér
