El CNLAJ rechaza las modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo que no supongan un incremento de efectivos y reclama una planificación integral de los recursos humanos que tenga en cuenta la carga real de trabajo de los Tribunales de Instancia.
El Gobierno ha anunciado la tramitación urgente de dos reales decretos para ampliar la planta judicial y fiscal con 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027. El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia considera que el fortalecimiento de la Administración de Justicia debe abordarse desde una perspectiva integral, que no se limite a incrementar el número de jueces y fiscales, sino que garantice también los medios personales necesarios para que las oficinas judiciales puedan asumir sus funciones con eficacia y sin comprometer la salud laboral de quienes trabajan en ellas.
Más plazas judiciales sin una dotación suficiente de la Oficina Judicial no solucionan los problemas estructurales de la Justicia.
El CNLAJ defiende el fortalecimiento del servicio público de Justicia y la necesidad de responder a las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, advierte de que la creación de nuevas plazas judiciales y fiscales debe ir acompañada de una planificación realista de las necesidades de las oficinas judiciales, especialmente en el actual proceso de implantación de los Tribunales de Instancia.
La transformación organizativa introducida por la Ley Orgánica 1/2025 no puede sostenerse sobre estructuras infradotadas ni sobre una distribución de recursos humanos que no responda a las cargas de trabajo efectivas. La modificación de las estructuras judiciales exige evaluar qué trabajo generan las nuevas plazas, qué tareas deben asumir las oficinas judiciales y qué medios personales son necesarios para prestar un servicio público de calidad.
No a las modificaciones de las RPT que no incrementen efectivos
El CNLAJ mantiene una posición firme: se opone a las modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) que no supongan un incremento real de efectivos, tanto de Letrados de la Administración de Justicia como de los cuerpos generales.
Esta posición ya ha sido trasladada formalmente al Ministerio de Justicia. El Colegio considera que la reorganización de los puestos de trabajo no puede convertirse en una operación meramente estructural que redistribuya las mismas personas entre nuevas unidades, manteniendo o agravando las insuficiencias de personal existentes.
No basta con cambiar organigramas, redefinir puestos o crear nuevas estructuras organizativas. Es necesario dotarlas de los recursos humanos que precisan para desarrollar sus funciones. De lo contrario, las dificultades del modelo anterior se trasladan al nuevo, con el riesgo añadido de generar nuevas disfunciones derivadas de la reorganización.
La implantación de los Tribunales de Instancia requiere una evaluación rigurosa de las necesidades de cada oficina judicial, atendiendo a sus competencias, volumen de asuntos, complejidad de los procedimientos, actuaciones pendientes y necesidades de ejecución. Cualquier modificación de las RPT debe estar justificada por un análisis objetivo y transparente de esas circunstancias.
La carga de trabajo y la salud laboral no pueden quedar al margen
El CNLAJ considera imprescindible que el Ministerio de Justicia impulse la elaboración y actualización de módulos de trabajo y estudios de cargas que permitan conocer las necesidades reales de las oficinas judiciales y de los Letrados de la Administración de Justicia.
No resulta razonable ampliar de forma sucesiva la planta judicial y fiscal sin analizar de manera simultánea el impacto que esa decisión tendrá sobre los servicios encargados de tramitar los procedimientos, ejecutar las resoluciones y garantizar el funcionamiento cotidiano de los Tribunales de Instancia.
La carga de trabajo no puede medirse únicamente atendiendo al número de jueces, fiscales o asuntos ingresados. Es necesario considerar también las tareas efectivamente asumidas por los Letrados de la Administración de Justicia, la complejidad de la tramitación, el volumen de ejecución, las funciones de dirección y organización, la gestión de los equipos y las nuevas responsabilidades derivadas del modelo organizativo.
Esta evaluación resulta esencial para garantizar una distribución equilibrada del trabajo, identificar las necesidades de refuerzo y prevenir situaciones de sobrecarga que repercutan tanto en la salud laboral de los profesionales como en la calidad y los tiempos de respuesta del servicio público.
La salud laboral de los Letrados de la Administración de Justicia debe formar parte del diseño de la Oficina Judicial desde el principio, no abordarse cuando las disfunciones ya se han convertido en un problema.
Los Tribunales de Instancia necesitan medios, planificación y evaluación
El CNLAJ viene advirtiendo de las dificultades de implantación del nuevo modelo organizativo y de la necesidad de establecer criterios homogéneos, dotaciones adecuadas y mecanismos de evaluación que permitan corregir las deficiencias detectadas.
La experiencia acumulada durante la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia confirma que una reforma de esta dimensión no puede descansar exclusivamente en cambios organizativos. Su funcionamiento requiere una planificación previa, una definición clara de las responsabilidades, una adecuada distribución de efectivos y una evaluación permanente de los resultados.
El Colegio ya ha reclamado una dotación adecuada de Letrados de la Administración de Justicia para los Tribunales de Instancia, criterios homogéneos de organización y respuestas a las necesidades detectadas en ámbitos como la ejecución. Estas reivindicaciones responden a una misma preocupación: que el nuevo modelo disponga de las condiciones materiales y humanas necesarias para cumplir los objetivos que justificaron su creación.
Por ello, el CNLAJ insiste en que las decisiones sobre la planta judicial y las modificaciones de las RPT deben formar parte de una planificación coordinada. La creación de nuevas plazas judiciales debe llevar aparejada una evaluación de sus consecuencias sobre las oficinas judiciales y, cuando resulte necesario, el correspondiente incremento de efectivos.
Las legítimas demandas de la Carrera Judicial no pueden resolverse a costa de la Oficina Judicial
El Colegio considera legítimo que el Gobierno atienda las necesidades de la Carrera Judicial y del Ministerio Fiscal y adopte medidas para reforzar sus plantillas. Sin embargo, la respuesta a esas necesidades no puede hacerse al margen de la realidad de las oficinas judiciales ni trasladando a sus profesionales una carga adicional sin los medios necesarios.
Las políticas de personal deben responder a una visión global del servicio público de Justicia. Las decisiones que afectan a un colectivo tienen consecuencias organizativas sobre los demás, especialmente en un modelo en el que la actividad jurisdiccional y la tramitación procesal dependen del funcionamiento coordinado de jueces, Letrados de la Administración de Justicia y cuerpos generales.
El CNLAJ advierte de que no se puede diseñar una Justicia con más jueces y fiscales y pretender que las oficinas judiciales absorban indefinidamente el incremento de actividad con los mismos efectivos. Hacerlo supondría comprometer la viabilidad del modelo, perpetuar las sobrecargas de trabajo y dificultar el cumplimiento de los objetivos de eficiencia que persigue la reforma.
La modernización de la Justicia exige inversión en todos los ámbitos que hacen posible su funcionamiento. No basta con ampliar la planta judicial: hay que garantizar que cada nueva plaza pueda desarrollar su actividad con el apoyo organizativo y humano necesario.
El CNLAJ reclama una planificación responsable y ofrece su colaboración
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia reclama al Ministerio que las futuras decisiones sobre la planta judicial, las Relaciones de Puestos de Trabajo y la dotación de personal se apoyen en datos objetivos, módulos de trabajo actualizados y estudios rigurosos de cargas laborales.
En particular, el CNLAJ considera necesario:
- Elaborar y actualizar módulos de trabajo que reflejen las funciones y responsabilidades reales de los Letrados de la Administración de Justicia.
- Realizar estudios de cargas de trabajo de las oficinas judiciales que contemplen tanto el volumen como la complejidad de los asuntos y las actuaciones de ejecución.
- Garantizar que las modificaciones de las RPT respondan a necesidades acreditadas y comporten el incremento de efectivos necesario, tanto de Letrados de la Administración de Justicia como de los cuerpos generales.
- Incorporar la prevención de riesgos laborales y la salud laboral a la planificación de las plantillas y al diseño organizativo de los Tribunales de Instancia.
- Establecer mecanismos de seguimiento que permitan detectar sobrecargas, evaluar el funcionamiento del nuevo modelo y adoptar medidas correctoras.
El CNLAJ seguirá defendiendo estas reivindicaciones ante el Ministerio de Justicia y ofreciendo su colaboración para construir una organización judicial eficaz, equilibrada y sostenible.
La Justicia necesita más recursos, pero también necesita saber dónde hacen falta, cuántos son necesarios y qué cargas de trabajo deben asumir quienes prestan el servicio.
La ampliación de la planta judicial y fiscal debe ser una oportunidad para mejorar el conjunto de la Administración de Justicia. Para ello, es imprescindible que el fortalecimiento de jueces y fiscales vaya acompañado de una dotación adecuada de las oficinas judiciales, una evaluación real de las cargas de trabajo y una protección efectiva de la salud laboral de los Letrados de la Administración de Justicia.
Porque una reforma organizativa solo puede tener éxito si cuenta con los medios humanos necesarios para hacerla funcionar.
