El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) presentó su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargada de los asuntos humanitarios y de derechos humanos. En la rendición del informe, el CED reafirmó su decisión de que se discuta con carácter urgente la situación de México por el plenario del organismo multilateral.
Nueva York, 20 de octubre de 2026. En el informe presentado este martes, el Comité insistió sobre su decisión, de conformidad con el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, de que la situación de México sea abordada por la Asamblea General, dada la existencia de indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en el país como crímenes de lesa humanidad. Igualmente, enfatizó la importancia de este procedimiento para movilizar la atención y el apoyo internacionales en la adopción de medidas preventivas que permitan a México enfrentar la crisis de forma eficaz.
Desde la FIDH, IDHEAS, su organización miembro en México, y los colectivos de familiares de personas desaparecidas abajo firmantes, agradecemos el trabajo realizado por el CED. Su decisión de llevar la grave situación de México ante la Asamblea General de la ONU goza de todo nuestro respaldo, ya que da cuenta de la existencia de crímenes internacionales que son emblemáticos de lo que viven las víctimas en el país y busca contribuir en la adopción de medidas orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estas conductas.
La situación de México ya está en la agenda de la Asamblea General de la ONU. Ahora solo falta que se identifique el mejor momento y la mejor forma para discutirlo. Por eso instamos al Estado Mexicano a que aborde la implementación de este procedimiento de manera constructiva. La asistencia técnica internacional puede ser una oportunidad central para fortalecer la investigación y procesamiento de las desapariciones forzadas, especialmente, el abordaje de los patrones de colusión de servidores públicos y el crimen organizado. La investigación efectiva de las diversas formas de connivencia, participación, aquiescencia u omisión de las autoridades públicas en la comisión de estos crímenes sigue siendo un asunto pendiente, que no sólo ha reforzado su impunidad estructural, sino que ha incidido en su repetición.
A propósito del anuncio realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre su reforma integral y fortalecimiento interno, es fundamental que en este proceso se tomen en cuenta las solicitudes que los familiares de personas desaparecidas han formulado de forma reiterada en materia de administración de justicia. Es imperativo que la Fiscalía avance en el esclarecimiento de los casos de desapariciones forzadas, para lo cual, se debe comprender su carácter sistemático, a través de la identificación de los patrones en los que se enmarcaron.
Adicionalmente, se debe abrir la discusión en el país sobre mecanismos de justicia transicional o que reconozcan la colaboración eficaz en el proceso penal, otorgando instrumentos a las Fiscalías para obtener información y proponer beneficios de colaboración eficaz con el fin de avanzar en la identificación de los responsables y las estructuras de corrupción y complicidad que sustentan y favorecen las desapariciones forzadas.
La violencia ejercida por el crimen organizado es un flagelo internacional. Por esta razón, es urgente que el Estado Mexicano acepte que la cooperación internacional basada en el respeto de los estándares de derechos humanos redundará en el fortalecimiento de sus esfuerzos para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas.
Antecedentes: implementación del procedimiento del artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas y reacción del Estado Mexicano
En abril de 2026, luego de que la FIDH solicitara la puesta en marcha del procedimiento del artículo 34, el CED concluyó que la información remitida por las organizaciones de la sociedad civil y el Estado le causaba suficiente preocupación para llevar la cuestión a la consideración de la Asamblea General. En su decisión, el CED señaló que, a partir de 2006, las desapariciones forzadas se incrementaron de forma exponencial en el país. De acuerdo con registros oficiales, a febrero de 2026, la cifra de personas desaparecidas y no localizadas ascendía a más de 130 mil. Frente a estos casos, la impunidad era casi absoluta.
La información analizada por el CED indicaba que, desde 2006, las desapariciones se cometían y se seguían cometiendo como crímenes de lesa humanidad, ya que se dirigieron contra la población civil y se produjeron de forma generalizada y sistemática en distintos momentos y partes del territorio mexicano. Este carácter se reflejaba no sólo en masividad y extensión geográfica de los casos, sino además, en que seguían patrones criminales similares, en el marco de operaciones planeadas, evidenciando que su repetición no era accidental.
De acuerdo con el CED, la ejecución de las desapariciones forzadas en algunos casos era directamente atribuible a las autoridades públicas, y en otros, a organizaciones criminales, como carteles del narcotráfico, que actuaban tanto de forma autónoma como en colusión con funcionarios estatales. En sus palabras, en muchos casos, la información disponible mostraba que el crimen organizado perpetró las desapariciones forzadas “con la complicidad o, al menos, la aquiescencia de servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal”.
Con la remisión de la situación de México a la Asamblea General de la ONU, el CED alertó al plenario sobre la necesidad de brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que las autoridades requirieran para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación exhaustiva de los casos. Pese a este llamado a la asistencia internacional, el Estado Mexicano reaccionó de forma negativa a la activación del procedimiento del artículo 34 por parte del CED. En un comunicado oficial, el Gobierno rechazó su decisión calificándola de tendenciosa, carente de rigor jurídico y basada en premisas que no correspondían a la realidad. Además, atacó a los integrantes del mecanismo internacional, señalando supuestos conflictos de intereses que interfirieron en la imparcialidad de su labor.
Firman:
Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos- México
Colectivos de familiares de personas desaparecidas
Colectivo “Familias Unidas por Nayarit”
Madres Igualtecas En Busca de sus Desaparecidos A.C
Colectivo En Búsqueda en Verdad y Justicia, Nayarit.
