Dura derrota para el consistorio del PSOE-PSC y sus aliados de ERC y En Comú Podem
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado parcialmente el recurso de ACOM y ha anulado dos decisiones del Ayuntamiento de Barcelona: la implantación de una cláusula de exclusión en la contratación municipal y la interrupción de relaciones institucionales con el Gobierno de Israel, aprobadas en el acuerdo plenario de 24 de noviembre de 2023.
El origen del caso está en la declaración institucional aprobada por el Pleno municipal (con los votos favorables del PSOE-PSC, Comuns y ERC, y los votos en contra de PP, VOX y Junts) pocas semanas después de los atentados terroristas del 7 de octubre. Impulsada en el entorno de Barcelona en Comú y sostenida por el PSC de Jaume Collboni y sus aliados de la izquierda, la resolución iba mucho más allá de una opinión política. Ordenaba implantar en todos los contratos públicos municipales una obligación contractual de carácter esencial para vetar a operadores por sus actividades económicas, e interrumpir las relaciones institucionales con el Gobierno de Israel hasta que el consistorio diera por cumplidas sus condiciones políticas sobre el conflicto.
La sentencia constituye un éxito jurídico relevante para ACOM: las dos medidas con consecuencias prácticas quedan anuladas por su carácter discriminatorio y por exceder las competencias municipales.
En materia de contratación, el Tribunal rechaza que la medida sea una mera declaración política. Considera que tiene efectos prácticos y que, aunque no menciona expresamente a un Estado, el contexto en el que fue aprobada permite apreciar su carácter discriminatorio. Asimismo, señala que el Ayuntamiento no puede modificar el régimen legal de contratación mediante una cláusula de exclusión de contenido indeterminado.
Respecto a la interrupción de relaciones institucionales con el Gobierno de Israel, la Sala concluye que implica discriminación de terceros y que el Ayuntamiento carece de un título competencial que justifique esa decisión.
El pronunciamiento respalda así la actuación de ACOM en defensa de la igualdad de trato y del sometimiento de las instituciones públicas a la ley. Invocar los derechos humanos o presentar una decisión como declaración institucional no permite eludir los límites competenciales ni adoptar medidas discriminatorias.
La Sala mantiene el apartado de contenido exclusivamente político al considerar que carece de efectos jurídicos vinculantes. La nueva resolución anula las dos medidas operativas impugnadas por ACOM.
Es una victoria de ACOM y una derrota severa para el Ayuntamiento de Barcelona, para los socialistas de Collboni y para sus aliados de la extrema izquierda de Colau y los separatistas de Esquerra Republicana, que promovieron y sostuvieron este acuerdo. ACOM continuará defendiendo que ninguna administración utilice sus potestades para imponer exclusiones discriminatorias al margen del ordenamiento jurídico.
